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Los laboratorios deberán compensar al Ejecutivo si el aumento de gasto supera el alza del PIB.
El pasado 29 de diciembre, Farmaindustria, la patronal de los laboratorios farmacéuticos, y el Ministerio de Hacienda renovaron para 2017 el convenio suscrito dos años antes que garantiza la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y el acceso de los ciudadanos a las innovaciones farmacéuticas. Este pacto establece que el gasto en fármacos no puede superar el del PIB, con el fin de que se puedan cumplir los objetivos de consolidación fiscal, y en el caso de que haya desvíos, Gobierno y laboratorios se comprometen a plantear fórmulas que lo hagan compatible, “incluidas compensaciones por parte de la industria”.
Dos semanas después, la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, anunció que el departamento baraja la posibilidad de elevar el copago para los pensionistas que perciben unos ingresos entre 18.000 y 100.000 euros. ¿Es casual esa secuencia de acontecimientos? Ambos parecen responder al repunte del gasto farmacéutico y del número de recetas facturadas. Los últimos datos del Ministerio de Sanidad, que reflejan el acumulado entre enero y noviembre, arrojan un gasto de 9.069 millones de euros, con un crecimiento del 4,13%. Si ese ritmo de incremento se hubiera mantenido en diciembre, el gasto cerrará rozando los 10.000 millones de euros, lo que supone el nivel más alto desde 2012. Este indicador tocó techo en 2011, con una cifra de 11.135 millones de euros y encadenó dos años consecutivos de brusca caída hasta cerrar 2013 con 9.183 millones de euros. Un ahorro de 2.000 millones basados en dos factores: la rebaja de los precios de referencia de un gran número de medicamentos y la generalización de los genéricos frente a los fármacos de marca, mucho más caros.
Otro factor que explica la resurrección del debate del copago es el incremento del gasto farmacéutico de las autonomías, lo que supone un obstáculo añadido en la consolidación fiscal. El objetivo de déficit para 2016 es del 0,7% y la meta para 2017 es un 0,6%, una reducción factible para un gran número de comunidades, pero muy difícil para otras cuyo déficit estará por encima del 1% a finales del pasado ejercicio. Por lo tanto, una herramienta útil es trasladar parte del gasto que asumen las comunidades autónomas a los particulares. En términos generales, con algunas excepciones, los pensionistas pagan el 10% del precio de los fármacos y los activos pagan el 40%, el 50% o el 60% del precio, en función de sus ingresos (hasta 18.000 euros, hasta 100.000 euros o más de 100.000 euros). La revisión del copago para pensionistas u activos reduciría el porcentaje de gasto que tienen que asumir las autonomías y elevaría el de los particulares.
El dato global del gasto farmacéutico refleja un crecimiento del 4,3% hasta noviembre, por encima del 3,3% que crecerá la economía española, pero si se descuenta el impacto de los tratamientos para la hepatitis C, el avance se limita al 1,6%, con lo que el pacto entre Farmaindustria y Hacienda se cumpliría. El crecimiento del PIB será menor este año, con lo que se podría producir el primer incumplimiento del acuerdo.
Fuente: Cinco Días.
