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Si bien el 2024 fue un año de grandes cambios a nivel normativo en el ámbito de la sanidad, el 2025 no se va a quedar atrás. Ya lo dijo la ministra, Mónica García, en su comparecencia en la última Comisión de Sanidad del año en el Congreso de los Diputados: “El 2025 va a ser un año más intenso que el 2024”, afirmó.
En este sentido, la actividad irá dirigida a avanzar en importantes normativas pendientes, como la Ley del Medicamento o el Real Decreto de precio y financiación, y otras iniciativas como la puesta en marcha de la Agencia Estatal de Salud Pública.
El próximo 12 de febrero comenzará la actividad parlamentaria, con la primera Comisión de Sanidad del año en el Congreso de los Diputados y las formaciones políticas ya están calentando motores para dar comienzo al inicio de 2025. Un año clave en el que se deberá retomar o poner en marcha estos ‘pendientes’ en los que el sector tiene la mirada puesta.
Una de las normativas que está al caer es el Real Decreto (RD) de precio y financiación de medicamentos. Tras ser sometido a audiencia pública en julio de 2024 y a consulta pública a finales de 2024, se espera que tome forma definitiva este año. De hecho, César Hernández, director general de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) y Farmacia, espera que se apruebe en 2025. Pero, antes, deberá pasar por Consejo de Ministros y, posteriormente, tener la luz verde del Congreso.
Según el Ministerio de Sanidad, esta iniciativa viene a “clarificar y desarrollar aspectos clave de la normativa actual, que data de 2015, y que no ha sido desarrollada en su totalidad”. El objetivo es asegurar el acceso a los medicamentos, al mismo tiempo que se controla el gasto farmacéutico y se promueve la eficiencia del Sistema Nacional de Salud (SNS). De este modo, se alinea con la Estrategia de la Industria Farmacéutica 2024-2028.
Los puntos clave del proyecto de RD son:
La Ley del Medicamento –o Ley de Garantías– es la normativa estrella. Está en boca de todo el sector sanitario y farmacéutico y se espera que sea una de las reformas con mayor calado. Sin embargo, su redacción es tan importante como complicada.
El pasado 15 de enero, la ministra de Sanidad, Mónica García, apuntaba a finales de dicho mes o principios de febrero para poder llevarla al Consejo de Ministros. Y, por el momento, se sigue sin tener noticias de ello. Eso sí, la titular de la cartera sanitaria está convencida de que se llegará a un acuerdo: “Cuando hablamos de salud y sistema de salud es un aglutinador de todos los intereses políticos y estamos seguros de que vamos a llegar a un consenso“, recalcó.
El pasado mes de diciembre se abrió un nuevo capítulo en esta normativa al filtrarse el borrador. Aunque desde Sanidad subrayaron que el texto no era definitivo y que se encontraba en plena negociación, no se pudo evitar la repercusión que tuvieron las medidas incluidas en el texto. Y el sector de la industria farmacéutica no está conforme. Juan Yermo, director general de Farmaindustria, considera que “no refleja los objetivos y el detalle de la Estrategia de la Industria Farmacéutica“.
El borrador incluye la modificación del Sistema de Precios de Referencia (SPR), con el objetivo de buscar “un entorno que facilite la entrada rápida de los medicamentos genéricos y biosimilares una vez que expiran los periodos de protección”. Así, según este anteproyecto, “se establecen criterios de flexibilidad para medicamentos“.
Además, según la ministra, la normativa abordará “medidas destinadas a proteger a las rentas más bajas y a aumentar la progresividad del copago farmacéutico“, estableciendo una serie de nuevos tramos de renta. Una medida que tiene en contra a la Comunidad de Madrid, pues critican que Sanidad delegue en Hacienda parte de las competencias del régimen de copago farmacéutico. “La equidad, el precio y el acceso, el precio de los fármacos y la alta tecnología es algo que se debería debatir en el Consejo Interterritorial”, remarcó la consejera de Sanidad madrileña, Fátima Matute.
Se trata de una “deuda pendiente con la salud pública”, tal y como ha apuntado la ministra de Sanidad en diversas ocasiones. Y es que la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP) acumula un historial de retrasos desde el año 2011. No fue hasta 2022, bajo el mandado de Carolina Darias, que se aprobó el anteproyecto de ley en Consejo de Ministros y en 2024, la actual ministra rescató el plan desarrollado por el anterior Ejecutivo dando luz verde al proyecto de ley para crear la Agencia.
A pesar de que el sector lo considera una prioridad tras la situación vivida por la pandemia de COVID-19, aún queda el trámite parlamentario final para que la AESAP vea realmente la luz. El Ministerio de Sanidad espera que esté en marcha en 2025 y desde el Partido Socialista también auguran que este será el año de su puesta en marcha.
Kilian Sánchez, senador y secretario de Sanidad del PSOE, en una entrevista con Gaceta Médica, apuntaba al “complicado” clima político actual para llegar a consensos, pero espera que en este periodo de sesiones se pueda avanzar en la tramitación a través del acuerdo entre los grupos políticos. “Lo importante es que tiene que salir en esta legislatura y el objetivo está en que salga en el año 2025”, recalcó. Además, otras fuentes parlamentarias consultadas señalan que esta Agencia debe salir “sí o sí” este año.
Sin embargo, los tiempos parecen alargarse. En octubre de 2024, en plena fase de revisión de enmiendas, Pedro Gullón, director general de Salud Pública, planteaba que ese mismo mes la AESAP podría ir a la Comisión de Sanidad del Congreso. Sin embargo, a fecha de febrero de 2025, aún no ha sucedido. También señalaba que para este verano tendría ya una sede funcional, algo que está por ver.
Fuente: El Global Farma
