A veces, un medicamento está autorizado para su uso en pacientes, pero no está financiado en España. Esta situación ‘choca’ con otra que también ocurre: en ocasiones, un fármaco sin resolución de precio es la única alternativa para que una persona pueda hacer frente a su enfermedad. El Ministerio de Sanidad ha tenido una postura rígida, negando el uso de aquellos sin acuerdo financiación. Si bien, ahora esta interpretación se ha ido relajando.
Cuando un medicamento tiene una resolución de no financiación no quiere decir que no esté autorizado. Es un medicamento autorizado que el sistema sanitario ha juzgado que no cumple con los criterios para ser financiado, pero esta resolución no discute ni su autorización ni su potencial utilidad.
¿Podría una comunidad autónoma, un servicio regional de salud o una mutualidad (aquí entra Muface) tratar con un medicamento con una resolución expresa de no financiación? El Ministerio de Sanidad reconoce a Redacción Médica que se trata de una cuestión que tiene una respuesta difícil.
En el año 2018, el Ministerio de Sanidad publicó un documento firmado por el que era secretario general de sanidad en el que decía que no se podía utilizar medicamentos que no tuviesen acuerdo de financiación, aunque sí estuviesen autorizados. Este escrito carece de rango legal, pero sirvió como interpretación en la práctica.
Aunque por el momento no ha habido nuevas directrices por parte de Sanidad para cambiar la forma de utilizar estos medicamentos sin acuerdo de financiación, el Ministerio sí que ha adoptado una "interpretación más abierta”, tal y como señala.
En la práctica, indica el departamento que lidera Mónica García, ahora lo que deben hacer las comunidades autónomas es “aplicar una evaluación caso a caso de las alternativas terapéuticas y utilizarlo en aquellos casos en los que no haya una alternativa terapéutica real”.
Especialmente especialmente cuando los medicamentos están ya a disposición de los profesionales en los servicios de farmacia hospitalarios por estar autorizados y financiados en otras indicaciones.
Agilizar los acuerdos de financiación y precio para que los pacientes tengan acceso al tratamiento que necesitan es una cuestión que preocupa a toda la sanidad. En nuestro país, el tiempo medio desde que un nuevo fármaco se autoriza en Europa hasta que llega al sistema sanitario público es de 619 días, lo que supone 21 meses de espera y que sitúa a los pacientes españoles muy por detrás de países del entorno como Francia (508), Italia (436) o Alemania (128), según datos de Farmaindustria.
Precisamente, a finales del pasado año Sanidad anunció que iba a preparar un decreto para la agilizar la financiación de nuevos fármacos en España. Un proyecto que se desplegará a tres niveles (control de lo que aporta el producto sanitario, de su impacto económico y de la decisión final de la inversión) y que se complementará con otros “planes ejecutivos” sobre la falta de financiación a ciertas compañías y el impulso de reservas estratégicas de medicamentos.
Fuente: Redacción Médica