El president de la Generalitat, Quim Torra, explicó el lunes en rueda de prensa tras la reunión con Pedro Sánchez que en las comisiones bilaterales que van a reactivar el Gobierno central y el Govern catalán se tratarán las 45 reclamaciones que el expresidente Carles Puigdemont planteó en su momento al anterior Gobierno de Mariano Rajoy.

Más allá de la demanda sobre el derecho de autodeterminación de los catalanes, rechazado por Sánchez, ese listado incluye la creación de un Consejo de Justicia de Cataluña, uno de los elementos del Estatut que recortó el Tribunal Constitucional en su sentencia de 2010. 

La redacción original del Estatut de 2006, tal y como salió del Congreso de los Diputados y fue votado por los catalanes en referéndum, presentaba al Consejo de Justicia de Cataluña no como un mero órgano consultivo, sino como el órgano de gobierno del poder judicial en Cataluña, lo que vulneraba el artículo 122.2 de la Constitución Española, que prescribe que "el Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo".

En la 'Declaración de Barcelona' que el PSOE pactó con el PSC hace ahora un año, los socialistas proponían reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para recuperar precisamente el Consejo de Justicia Catalán, como órgano "desconcentrado" del Consejo General del Poder Judicial.

El Govern insiste en el respeto al modelo de inmersión lingüística en el ámbito educativo

Entre las demandas de ese listado, figura también la reclamación del respeto al modelo de inmersión lingüística de la escuela catalana, así como la reclamación de traspasos de competencias, tales como la gestión de las becas, la gestión y distribución de la recaudación del 0,7% de la declaración del IRPF, las líneas ferroviarias interiores, o la competencia en materia de salvamento marítimo, entre otras.

La Generalitat también reclama, basándose en la disposición adicional tercera del Estado, una inversión del Estado en infraestructuras en Cataluña equiparable a la participación relativa del Producto Interior Bruto de Cataluña con relación al PIB del Estado para un periodo de siete años.

Una financiación suficiente para la sanidad pública y para la ley de dependencia, la posibilidad de que Cataluña pueda crear nuevos impuestos sin que estas iniciativas sean recurridas por el Gobierno ante el TC o la devolución definitiva de los Papeles de Salamanca, son otras de las reclamaciones incluidas en el listado.

Fuente: El Economista