LAS EMPRESAS RECHAZAN CAMBIAR LA REFORMA LABORAL Y MÁS IMPUESTOS

Distinta música, pero misma letra. El empresariado reclama al nuevo Gobierno continuidad en la política económica. Patronales y compañías consultadas por ABC consideran que las grandes reformas aprobadas en los últimos años y el rigor presupuestario han sido clave en la recuperación económica de España e instan al Ejecutivo de Pedro Sánchez a blindarlos. Eso sí, urgen también nuevas medidas para fortalecer el crecimiento y la competitividad del país.

El anuncio del presidente del Gobierno de que asumirá los Presupuestos ya aprobados para este año ha generado calma en el ámbito económico. «Era una gran duda sobre la agenda de Sánchez; una vez resuelta, lo importante es que no se derogue la reforma laboral y que la de las pensiones no se toque más», señala un alto ejecutivo de una empresa del Ibex.

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, cree que «el nuevo Gobierno debe continuar impulsando las reformas económicas para robustecer el crecimiento y no revertir las que ya están en marcha y que, como la laboral, han tenido un gran protagonismo en la salida de la crisis y la recuperación del empleo».

Sin embargo, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ya ha anunciado cambios de calado en la reforma laboral. «Hay que hacer un replanteamiento total de a reforma laboral», dijo la pasada semana. Además, UGT y CC.OO. ya presionan en público a Sánchez para que la derogue.

Las reivindicaciones en materia laboral también proceden de la propia Administración y consisten en el mantenimiento del acuerdo con el anterior Gobierno que se traducía en un aumento de sueldos públicos de hasta el 9% en tres años, además de posibilitar la creación de empleo. CC.OO., CSIF y UGT han remitido de hecho una carta a la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, en la que le urgen a reunirse «a la mayor brevedad posible».

Trabajo por cuenta propia

Valerio se encontrará por otro lado sobre la mesa de su despacho un detallado decálogo de medidas planteadas por los autónomos y al que ha tenido acceso ABC. La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) urge al Ejecutivo a mejorar la protección social del colectivo asimilando la prestación por cese de actividad con la de paro y asegurándoles el derecho al subsidio de 426 euros. ATA aspira también a que se cree un régimen de segunda oportunidad para casos de fracaso y a que se sancione a las administraciones morosas que no cumplan los plazos legales de pago.

Los trabajadores por cuenta propia quieren que se extienda la jubilación activa plena a todo el colectivo y una cotización similar a la tarifa plana para autónomos que no alcanzan el salario mínimo. ATA también pide crear un registro obligatorio para combatir la figura del falso autónomo, permitir que la cotización de los trabajadores del Régimen Especial (RETA) se considere un gasto de la empresa, mantener el límite actual de módulos para el transporte y la agricultura y facilitar la deducibilidad de los pagos electrónicos.

La representación institucional de los trabajadores autónomos debería verse incrementada durante este año, pues antes del 26 de octubre el Ejecutivo debe dar cumplimiento a lo estipulado en la ley de reformas urgentes del trabajo autónomo, en la que una disposición adicional insta a incorporar a las organizaciones de autónomos en el Consejo Económico y Social (CES) y a crear también en ese plazo un Consejo del Trabajo Autónomo.

La tercera gran misión de Valerio será avanzar en un consenso sobre el sistema de pensiones en el Pacto de Toledo. La industria financiera, y sobre todo el sector asegurador, urge medidas de apoyo al ahorro privado para complementar unas pensiones públicas menguantes. Además, reclama que se informar por carta a los cotizantes de cuál será su pensión futura, compromiso legal hasta ahora incumplido.

Los socialistas, sin embargo, parecen decididos a recurrir a los impuestos para elevar los ingresos del sistema. De hecho, otro de los asuntos que más incertidumbre genera en el empresariado son los planes tributarios de Sánchez. Más allá del impuesto a la economía digital que el Gobierno de Rajoy dejó en marcha para su aplicación a finales de este año, el PSOE planeaba elevar el IRPF a las rentas mayores de 150.000 euros, igualarlo en tramos superiores en rentas del trabajo y del capital y fijar un tipo mínimo del 15% en Sociedades. Además, los socialistas parecen mantener su idea de imponer un impuesto a la banca.

¿Más impuestos, más gasto?

Los socialistas se proponen elevar el nivel de ingresos del 38% al 42% de PIB para aumentar el gasto público pese a que tanto el Banco de España como la Comisión Europea siguen presionando con la necesidad de más ajustes. «El nuevo Gobierno debe mantener el rigor presupuestario y los objetivos de déficit. Debe evitar la tentación de ceder a incrementos de gasto que pueden poner en riesgo la senda de la consolidación fiscal», indica Rosell.

La banca rechaza totalmente un impuesto específico a las entidades para pagar las pensiones porque no lo ve una solución estructural, no considera razonable que un sector haga un esfuerzo mayor que otros y no cree que el rescate de las cajas en 2012 lo justifique. «Sería un error: no tendría efectos económicos positivos porque cualquier impuesto reduce la demanda y eleva los precios, y los bancos lo acabarían repercutiendo al cliente», explica un directivo de una gran entidad.

«Distorsiona el mercado», dijo el pasado viernes el consejero delegado del Santander, José Antonio Álvarez, en un foro de «El Economista», añadiendo que el sector no es lo suficientemente boyante «como para soportar niveles impositivos excepcionales». La banca cree que el impuesto sería otro obstáculo en la ardua carrera de los bancos por recuperar su rentabilidad, lo que es clave a su vez para que el sector contribuya el crecimiento económico dando crédito. «La banca aporta más de lo que le corresponde, no tiene sentido de justicia», apuntó el primer ejecutivo de Caixabank, Gonzalo Gortázar.

Esa mayor presión fiscal es también rechazada en el ámbito de las pymes, que lo consideran un freno para su actividad. Es más, según un estudio de las pymes en el ámbito online hecho por Ebay, la mitad de los pequeños empresarios reclaman al Gobierno reducir los impuestos que abonan y adecuar los gravámenes a sus beneficios reales. Entre las medidas que solicitan está suprimir el pago adelantado del IVA.

También los asesores fiscales tienen una larga lista de peticiones, según un documento de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf). La primera, «reducir las injustificadas diferencias de tributación entre comunidades» ante la dispar presión fiscal en Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos, y reclamar la «supresión del Impuesto de Patrimonio».

Sobre el Fisco, piden «un cambio de enfoque para dar garantías al contribuyente: El fin de la recaudación no justifica el uso de cualquier medio. La Agencia Tributaria debe ser respetada, no temida». Por ello, apuestan por despenalizar a los asesores fiscales: «Es fundamental que tengamos la seguridad de que no va a recaer sobre nosotros la obligación de suministrar información confidencial de clientes». Estas reclamaciones llegarán al futuro director de la Agencia.

Lo que las empresas han recibido con agrado son algunos cambios en el organigrama del Ejecutivo y que parecen evidenciar una apuesta por potenciar la innovación y la competitividad de las empresas. La presidenta de HP en España y Portugal y de la Fundación Innovación España (I+E), Helena Herrero, destaca que se haya recuperado el Ministerio de Industria, separándolo de Economía, «como catalizador de las políticas de crecimiento, competitividad y digitalización del sector», y la creación de un ministerio específico de Ciencia e Innovación y otro de Educación que además visibilice la FP.

La fundación, que aglutina a multinacionales como Alstom, Arcelormittal, Bertelsmann, Deloitte, Dow, Ericsson, Hero, HP, Volkswagen, Manpowergroup, Pfizer, Thyssenkrupp y 3M, pide mejorar el marco de incentivos a la I+D+i para que los presupuestos se ejecuten realmente, algo que ya preveía el exministro Escolano, y crear una verdadera agenda para el desarrollo industrial.

Reformas pendientes

Más allá de las reformas propias que lance el Ejecutivo, este se encontrará con otras sin culminar, como las derivadas de directivas comunitarias. El financiero es el sector en el que se acumula gran retraso. La patronal de las cajas (CECA) señala que «la transposición rápida de directivas pendientes en materia de servicios de inversión (Mifid II), pagos digitales (PSD II) y créditos hipotecarios, para así dotar de mayor seguridad jurídica a nuestro entorno de negocio, es algo que el Gobierno debe acometer con urgencia».

Fuentes parlamentarias admiten que el acuerdo político respecto a la reforma hipotecaria estaba próximo hasta la moción de censura, pero estiman que ante la nueva situación y con el verano por medio será difícil que se apruebe antes de octubre. La banca reclama prudencia en su redacción final, pues cree que el modelo hipotecario español ha funcionamiento bien y alterarlo puede tener efectos secundarios indeseados.

El retraso en la adopción de normas como Mifid II puede provocar incertidumbre sobre qué legislación aplicar y una desventaja competitiva respecto a otros países que ya han cumplido con los plazos. La industria financiera reclamará también al Ejecutivo un marco regulador completo para la actividad de préstamo de valores de las instituciones de inversión colectiva, así como dar luz verde al marco regulatorio específico para la innovación financiera digital («sandbox») que ya lanzó a consulta pública el Gobierno popular.

Las telecos piden mantener el calendario de subasta de la red móvil 5G

El Gobierno debe abordar ya decisiones sobre las infraestructuras de telecomunicaciones. El anterior Ministerio de Energía Y Agenda Digital convocó para este julio la subasta de un primer bloque de espectro para la red móvil de quinta generación (5G). Las telecos, que tienen hasta el 29 de junio para pujar por esa cobertura, piden que se mantenga la convocatoria. Además, y por imposición de Bruselas, el Ministerio de Economía y Empresa, que ha recuperado las competencias en telecomunicaciones -algo aplaudido en el sector, pese a que el nombre de la secretaría de Estado no haga referencia concreta a esta industria-, debe presentar antes de final de junio el calendario a dos años para liberar la red por la que se desplegará el 5G y que ahora está en manos de la televisión en abierto.

Fuente: ABC