BRUSELAS PROPONE UNA SUBIDA DEL 5% EN LOS FONDOS DE COHESIÓN PARA ESPAÑA

España sale bien parada del temido recorte de los fondos de cohesión. Bruselas propondrá hoy, según los documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS, un aumento del 5% de los fondos estructurales para España, con un nuevo método de cálculo que perjudica a los países del Este y beneficia al sur de Europa. Italia, en medio de una peligrosa crisis institucional, y Grecia, tras una década en depresión, salen también muy favorecidas. España se beneficiará entre 2021 y 2027 de 34.000 millones de euros (a precios constantes de 2018, sin tener en cuenta la inflación) si prosperan los planes de la Comisión Europea.

La política de cohesión ha sido tradicionalmente uno de los pilares del presupuesto europeo. Persigue reducir las divergencias entre los países y regiones de la UE a través de los fondos de cohesión, de desarrollo rural y del Fondo Social Europeo. Y, junto con la política agrícola común (PAC), va claramente a la baja: la Comisión Juncker propone un recorte de en torno al 6% —que según otros cálculos puede irse hasta rozar el 10%— para satisfacer las nuevas prioridades europeas. El método de reparto se basaba hasta ahora en la renta por habitante, pero Bruselas introducirá a partir de los próximos presupuestos —de 2021 a 2027— nuevos criterios. Y tanto la evolución económica de los últimos años —una Gran Crisis que ha castigado de lo lindo al Sur— como esos nuevos criterios suponen buenas noticias para España: Bruselas propondrá hoy destinar a la economía española 34.000 millones en fondo de cohesión, un 5% más que en los anteriores presupuestos de la UE.

España, en fin, sigue siendo el tercer país beneficiario de las políticas de cohesión, solo por detrás de Polonia e Italia. Y el aumento que le corresponde es aún más espectacular si en lugar de optar por precios constantes (sin inflación) se usan los precios corrientes: España obtendría en ese caso 38.800 millones hasta 2027, un 21% más. Esas cifras no están cerradas, y serán objeto de las habituales disputas entre los socios.

La Comisión ha optado por fijar un criterio de reparto en el que sigue primando el PIB per cápita (un 80%), pero en el que ganan presencia el paro juvenil y el nivel de educación (que pesan un 15% en total), las emisiones de gases contaminantes (1%) y los flujos migratorios (3%). España presenta cifras pésimas en desempleo juvenil y educación, y no sale mal parada en los otros indicadores: de ahí que reciba más dinero y pueda acabar siendo una vez más receptor neto de fondos en función de lo que suceda con la PAC. Además, Bruselas amplía el rango de las regiones que reciben dinero: se quedan igual las menos desarrolladas —con una renta per cápita inferior al 75% de la media, que reciben más fondos—, pero se amplía el de las denominadas regiones en transición, las que tienen un PIB por habitante de entre el 75% y el 100% de la media. Hasta ahora, era del 75% al 90%. Esa ampliación beneficia básicamente a dos países, España y Francia, según fuentes europeas.

Bruselas ha dejado de lado dos métodos alternativos: una propuesta alemana basada en una aplicación lineal del PIB, y una tercera que suaviza las pérdidas para los países del Este. En ambos casos, las ganancias para España eran similares, en torno al 6%.

A la espera de que Bruselas anuncie los cambios en la política agrícola, el jaleo está asegurado. Berlín se ha salido con la suya y varios de los países que no arrimaron el hombro con las políticas migratorias salen perjudicados: Polonia, Hungría y varios socios del Este registran caídas del 25%. Alemania limita las pérdidas al 21%, pese a que apenas ha notado la crisis, y. Francia al 5%. Entre los mejor parados, Bulgaria y Rumanía (+8%) y toda la periferia: Grecia (+8%), Italia (+6%), España (+5%) y Chipre (+2%), además de un nórdico, Finlandia, que pese a sus posiciones ortodoxas lleva varios años en crisis.

Fuente: El País