El Ministerio de Hacienda prepara un aumento de los impuestos que gravan los carburantes que amenaza el bolsillo de millones de conductores repartidos en nueve autonomías diferentes. Así consta en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que ha presentado el Gobierno y en estos momentos se encuentra en plena tramitación parlamentaria.

El cambio consiste en la supresión del tramo autonómico del Impuesto Especial de Hidrocarburos que en estos momentos grava el litro de carburante con hasta 4,8 céntimos por litro, según la voluntad de la autonomía. La crisis de los últimos años y la necesidad de algunas regiones de disminuir sus déficit fiscales llevó a que un total de hasta siete comunidades autónomas -Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Cataluña y Galicia- situaran durante los últimos años el gravamen en su rango máximo de 4,8 céntimos por litro, creando una serie de fronteras fiscales entre las propias regiones que rompe la unidad de mercado.

Sólo el efecto de este impuesto hace que en estas regiones cada repostaje saliera 2,6 euros más caro que en las cinco -Castilla y León, Cantabria, País Vasco, Navarra y La Rioja- que han aguantado la crisis sin elevar este gravamen a sus habitantes y a los transportistas que aprovechan sus rutas para llenar sus depósitos en estas autonomías. El resto de autonomías ha optado por situar este impuesto en un tramo intermedio que va desde lo 1,7 céntimos por litro en Madrid a los 4 céntimos de Asturias.

Ahora sin embargo serán todos los conductores de estas nueve autonomías quienes verán como el litro de gasolina sube con fuerza en el surtidor si los Presupuestos Generales del Estado salen adelante como están redactados en estos momentos. El plan de Hacienda es «garantizar la unidad de mercado en el ámbito de los combustibles y los carburantes, integrando el tipo impositivo autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos en el tipo especial, sin que dicha medida suponga un menoscabo de los recursos de las comunidades autónomas y todo ello dentro del marco normativo comunitario», según consta en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

Esta medida se traduce es suprimir el tramo autonómico y sumar esos 4,8 céntimos por litro al tramo estatal del impuesto, tanto en las autonomías donde ahora mismo está vigente como en las que no. Esto elevará hasta 7,2 céntimos por litro el tramo especial del impuesto sobre hidrocarburos, que ahora mismo está situado en 2,4 céntimos. Es decir, se suma de forma generalizada los 4,8 céntimos de tramo autonómico. A esta cantidad se añadirían por otro lado una carga de 43,1 céntimos por litro de gasolina y de 30,7 céntimos de gasóleo. Los nuevos impuestos entrarían en vigor el 1 de enero de 2019 si los Presupuestos son aprobados.

Hacienda justifica el incremento de la presión fiscal sobre los carburantes en el cumplimiento de la normativa europea que prohibe la existencia de fronteras fiscales entre los territorios de un mismo país, explican a este diario fuentes del departamento que dirige Cristóbal Montoro. El ministerio argumenta, por otro lado, que el cambio está vinculado al cumplimiento de la Ley General de Unidad de Mercado que busca romper las barreras económicas entre autonomías.

El tema de las fronteras fiscales en el precio de los carburantes viene arrastrándose desde el año 2012, cuando el Gobierno suprimió el conocido como céntimo sanitario para introducir un triple tramo del Impuesto Especial de Hidrocarburos: general, especial y autonómico. Este cambio permitió a las autonomías modificar sus propios tributos sobre los carburantes para estimular sus ingresos públicos durante los peores años de la recesión.

El cambio iba en contra de la directiva europea que prohíbe la «regionalización» del impuesto, si bien España confiaba en que el reglamento comunitario fuera modificado para acoger la excepcionalidad geográfica del país. Sin embargo, las pretensiones españolas se vieron tumbadas por la postura en contra de otros Estados como Alemania, Bélgica y Polonia, explican fuentes jurídicas.

El incremento de presión fiscal sobre los carburantes a nivel autonómico se suma a la propuesta que ha realizado el grupo de expertos nombrado por el Ministerio de Energía para abordar la transición del país hacia un modelo energético menos contaminante. Una de las principales medidas propuestas por este grupo consiste en el aumento de un 28% del precio del gasóleo para automoción para financiar la tarifa de la electricidad y el mantenimiento de las carreteras.

Las grandes petroleras se mostraron ayer muy críticas con la subida de la presión fiscal sobre el gasóleo que proponen los expertos. El presidente de la patronal AOP -que reúne a grupos como Repsol, Cepsa o BP-, Luis Aires, calificó de "chapuza" la propuesta de subir el precio del litro de diésel -acercándolo a los 1,4 euros por litro- y propuso que la reforma fiscal sobre este sector se aborde tras un debate «con criterio».

«Estamos completamente en desacuerdo con la propuesta de subir el gasóleo un 28%. No se pueden hacer chapuzas porque el gasóleo ahora no está de moda», señaló Aires en un encuentro con medios. Las petroleras consideran que en el campo fiscal -el que más ruido ha hecho tras la publicación del informe- tiene un «claro sesgo eléctrico» con respecto a los carburantes.

Fuente: El Mundo