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A partir del mes de julio los propietarios de un piso o apartamento situado en Palma no podrán alquilar su vivienda a turistas. La capital balear ha adoptado una medida pionera en todo el estado por la que prohibirá definitivamente los pisos turísticos en toda la ciudad. El equipo de gobierno formado por PSOE, Més y Podem ha tomado esta decisión después de encargar varios estudios y análisis que han revelado que la oferta de pisos turísticos no reglados aumentó un 50% entre 2015 y 2017 hasta alcanzar las 20.000 plazas comercializadas en la ciudad. En Palma solo 645 de las viviendas ofertadas cuentan con licencia.
El equipo de gobierno aprobará en el pleno municipal del próximo jueves su propuesta inicial de delimitación del alquiler vacacional, que tras ser sometida a exposición pública se aprobará definitivamente en el pleno del mes de julio. Será entonces cuando Palma solo permitirá el arrendamiento a viajeros en las viviendas unifamiliares —casas aisladas o chalés— excepto los situados en suelo rústico protegido, en el entorno del aeropuerto y en áreas de uso no residencial como los polígonos industriales.
La reforma de la ley general Turística aprobada por el Parlamento autonómico el pasado mes de agosto ya prohibió el alquiler vacacional en pisos, pero dejaba en manos del propio Ayuntamiento de Palma la posibilidad de delimitar los barrios y zonas en los que autorizarlo. Finalmente, el equipo de gobierno ha decidido considerar la ciudad como zona única y mantener la restricción de esta práctica en pisos y apartamentos de todo el territorio "para proteger al residente" en palabras del alcalde Antoni Noguera.
El equipo de gobierno encargó una serie de estudios sobre el impacto de esta actividad en la ciudad, que han revelado que el 48% de los pisos de alquiler turístico se ofrece en periodos de entre siete y ocho meses, lo que veta posibilidades a la entrada de alquiler residencial de larga temporada en el mercado. “Existe un paralelismo entre la evolución del fenómeno de los alquileres vacacionales y el aumento de los precios del alquiler residencial”, ha señalado el teniente de alcalde de Urbanismo, José Hila, que defiende la medida por hechos tan importantes como la subida de un 40% de los alquileres en la ciudad en los últimos años que ha convertido a Palma en la segunda urbe por detrás de Barcelona en la que más dinero invierten los residentes para el pago de la renta.
"Las estancias turísticas afectan a la configuración y la convivencia social en los edificios y los barrios y su penetración ya ha afectado al acceso a la vivienda", ha dicho Hila, que insiste en que el Ayuntamiento actúa "para proteger al residente". Un informe encargado por el Consistorio a la Defensora de la Ciudadanía también ha constatado el deterioro de la convivencia en los barrios debido al ruido producido por los pisos turísticos, mientras que las denuncias presentadas ante la Consejería de Turismo por problemas con los inquilinos han pasado de 42 en el año 2014 a las 192 registradas el año pasado.
El alcalde Noguera se muestra convencido de que esta medida, pionera en España, marcará la pauta a seguir por otras ciudades. "Palma es una ciudad decidida y valiente. Lo hemos acordado basándonos en el interés general y creemos que marcará la tendencia para otras ciudades que entenderán que los equilibrios son claves", ha señalado el alcalde. "Todas las ciudades europeas están siendo transformadas de un día para otro por esta oferta. Hay que poner orden, habrá alquiler vacacional en Palma, pero donde lo tiene que haber", ha zanjado Hila.
Actualmente en la capital balear hay una oferta en el mercado de unas 11.000 plazas de alquiler turístico, de las cuales solo 645 tienen licencia. Antes de la aprobación de la normativa autonómica en agosto del año pasado las plazas ofertadas ascendían a 20.000, pero las elevadas multas contempladas en la ley —de hasta 400.000 euros— provocaron la retirada de anuncios en las grandes plataformas. Está previsto que la medida se apruebe de forma inicial en el pleno municipal de este jueves, para ser sometida a un periodo de exposición pública y tener el visto bueno definitivo en el pleno del mes de julio.
Fuente: El País
