La dirigente y ex diputada de la CUP, Anna Grabiel, ha anunciado en una entrevista al diario suizo Le Temps que no acudirá a declarar este miércoles ante el Tribunal Supremo y que permanecerá en Ginebra, donde se encuentra desde hace varios días.
Según asegura Grabiel, su decisión de huir también de la Justicia, como ya hiciera el ex presidente, Carles Puigdemont, responde a que no iba a "a tener un juicio justo en mi país". "No iré a Madrid", titula el diario suizo. "He buscado uno (Suiza) donde pueda proteger mis derechos", afirma la ex diputada.
"Estoy siendo procesada por mi actividad política y la prensa del Gobierno ya me ha condenado", asegura la diputada de la CUP.
Gabriel opina que será "más útil a mi movimiento en libertad que detrás de las rejas", ya que ve el destino de algunos de sus compañeros que aún están en prisión desde diciembre pasado, dice. "Comprendí que tenía que irme. No soy la única a la que espera la prisión; todo el gobierno (catalán) está amenazado", indica.
Además de a 'Le Temps', Anna Gabriel también ha concedido una entrevista grabada a RTS en la que asegura que será Suiza la que decida "que hará conmigo". Con una nueva imagen, la diputada insiste en que "no" debe ir al juez.
La formación anticapitalista tenía prevista dar hoy una rueda de prensa para anunciar la decisión de su dirigente y explicar cuál iba ser su defensa. Sin embargo, Gabriel se les ha adelantado. La ex diputada crítica en la entrevista un informe de la Guardia Civil en el que, según asegura, se la califica como "una activista feroz" que ha alentado "la violencia". Gabriel se defiende reconociendo que "siempre ha hecho campaña por el referéndum", pero "de forma pacífica".
La dirigente de la CUP denuncia el ambiente "tenso como nunca" en Barcelona, y sostiene que el Gobierno español "no hace nada para garantizar nuestra seguridad frente a la violencia de los fascistas".
La ex diputada catalana expone las amenazas de muerte que dice haber recibido regularmente de grupúsculos de la extrema derecha.
Gabriel compara la situación catalana "con lo que ocurre en estos momentos en Turquía", y denuncia lo que considera una "caza" con cerca de "900 personas bajo investigación o acusadas, entre ellos profesores, policías, políticos y simples votantes".
Anna Gabriel se encuentra en Suiza desde hace algunos días con el propósito de contribuir a "internacionalizar" el proceso independentista catalán y denunciar lo que considera "presos políticos" vinculados con el independentismo.
Allí se encuentra con otros miembros de la organización anticapitalista en un ciaje que la formación calificó como "estrategia de defensa" ante la citación que tiene para ir a declarar ante el Supremo este miércoles. El partido explicó este fin de semana que este viaje forma parte de la campaña "antirepresiva" 'Ni una más' que la formación emprendió para defender a los cargos que están inmersos en procesos judiciales vinculados con el proceso independentista.
Los anticapitalista defienden, sin entrar en detalles, la necesidad de contactar "con entidades, instituciones internacionales y abogados vinculados a la defensa de los derechos civiles y políticos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos".
Por no ir a declarar ante el Supremo, Gabriel se arriesga a ser objeto de una orden de extradición u comisión rogatoria, pero su abogado en suiza, Oliver Peter, considera la amenaza de una extradición poco probable a la vista de que España retiró su solicitud en el caso de Carles Puigdemont, huido en Bélgica.
Según él, su cliente no tendría un proceso justo en España, ya que los miembros del tribunal en Madrid "son cercanos al poder y no ofrecen ninguna garantía de independencia ni de imparcialidad".
"Mi cliente está siendo perseguida por motivos políticos, lo que convierte una solicitud de extradición en ilícita", opina el abogado.
Desde que la Audiencia Nacional primero, y el Tribunal Supremo después, investigan a los responsables del proceso soberanista, la mayoría de los que han sido citados han acudido a declarar, como por ejemplo el líder de ERC, Oriol Junqueras, en la cárcel de Estremera desde el 2 de noviembre de 2017.
Sin embargo, cinco de los citados, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y cuatro consellers del que fue su gabinete, Lluís Puig, Clara Ponsatí, Toni Comín y Meritxell Serret, también fueron citados y optaron para irse a Bruselas y establecer su residencia allí.
El último precedente de la CUP ante los tribunales fue la citación el jueves pasado de la también ex diputada del Parlament Mireia Boya, que sí que optó por personarse ante el Alto Tribunal, que la dejó libre sin medidas cautelares.
Fuente: El Mundo