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La Seguridad Social prevé gastar este año entre 7.000 y 7.500 millones de euros del Fondo de Reserva para pagar las pensiones. En verano ya sacó 3.514 millones, que se sumaron a los casi 6.000 millones del crédito que le concedió el Ministerio de Hacienda. Esto supone que en diciembre, cuando llegué el momento de pagar la extra de Navidad y la liquidación del IRPF, el instituto previsor empleará entre 3.500 y 4.000 millones.
Lo que se recauda por cotizaciones sigue sin alcanzar para sufragar las pensiones. Esto se nota cuando llega el momento de hacer frente a las pagas extraordinarias y las liquidaciones del IRPF, en julio y en diciembre. Desde 2012, el Gobierno está recurriendo al Fondo de Reserva para solucionar ese desfase entre ingresos y gastos. Pero este año ha añadido un elemento nuevo: un préstamo de los presupuestos generales del Estado a la Seguridad Social.
Ese crédito asciende a 10.192 millones de euros y el Ministerio de Empleo pretende agotarlo. En julio ya consumió 5.986 millones, y para las necesidades financieras restantes pretende recurrir al Fondo de Reserva, según contaron los máximos responsables de la Seguridad Social a los agentes sociales en una reunión mantenida la semana pasada.
En esa cita, también apuntaron que su previsión es sacar este año entre 7.000 y 7.500 millones del Fondo de Reserva. Si se tiene en cuenta que ya en julio se extrajeron 3.514 millones, la previsión de Empleo para diciembre se sitúa entre 3.500 y 4.000 millones. No obstante, fuentes de la Seguridad Social advierten de que la cantidad final estará en función de las necesidades de tesorería.
La suma de esos casi 10.200 millones del crédito más las previsiones de la Seguridad Social para el Fondo de Reserva apuntan a una diferencia entre ingresos y gastos que se acerca a los 18.000 millones. Esta cifra está en consonancia con las previsiones de déficit del Gobierno para este ejercicio, que apuntan a unos números rojos equivalentes al 1,6% del PIB. Esto supone que en 2017 tampoco se cerrará de forma significativa ese agujero, puesto que el año pasado el déficit alcanzó el 1,62% del PIB tras contabilizarse un desfase de 18.700 millones.
Y esto seguirá así a pesar del gran empuje de la afiliación. Gracias a ese tirón, la Seguridad Social contaba en septiembre con un 3,5% más de cotizantes. Ese porcentaje es incluso superior cuando se traslada a los ingresos, que solo teniendo en cuenta la evolución de las cuotas sociales crecen a un ritmo del 5,1%.
Sin embargo, eso no es suficiente para compensar el aumento incesante de la factura de las pensiones. Según la ejecución presupuestaria de los primeros ocho meses del año, este capítulo crece un 3,43%.
Cuando se haga la disposición del Fondo de Reserva, es de suponer que lo ahorrado en la hucha de las pensiones caerá por debajo de los 10.000 millones. Después de los que se extrajo en verano, quedaron 11.602,16 millones si se toma el precio al que se compraron los activos en que está invertido el dinero (bonos del estado). No obstante, para saber cuál será el remanente entonces habrá que tener en cuenta también qué rendimiento tendrán esos activos durante este periodo, por lo que no basta con hacer una simple resta.
La decisión del Gobierno de no agotar este año el Fondo por el coste político que tendría y el aumento de la recaudación que conlleva la mejora del mercado laboral impiden despejar la incógnita de cuándo se acabará esta hucha. Para responder a esta pregunta, hace falta que se cierren varios interrogantes todavía abiertos. Por un lado, hay que saber qué sucede con los presupuestos de 2018. Si estos se prorrogan, el crédito de este año se podría reeditar con un incremento vinculado a lo que marca la ley de desindexación. Por otro, falta saber cuándo habrá una reforma de pensiones que mejore la financiación del sistema. Ni en el Pacto de Toledo ni en la mesa de pensiones con los agentes sociales hay avances significativos para llegar a un acuerdo.
Hay que recordar que el agotamiento del Fondo no supone que se dejen de pagar las pensiones. Si se llegara a ese punto, el Estado podría recurrir a deuda o a transferencias directas de impuestos.
Fuente: El País
