La Comisión Europea, presidida por Jean-Claude Juncker, ha iniciado este miércoles la mayor reforma del Impuesto sobre el valor añadido (IVA) de los últimos 25 años. Bruselas propone la supresión de las fronteras fiscales para crear un solo área de imposición en que el IVA siempre se ingrese en el país de origen de la mercancía o del servicio. La nueva norma suprimirá, por tanto, la exención de IVA que ahora disfrutan las operaciones transfronterizas entre empresas.

El objetivo es que la empresa vendedora cargue el IVA con arreglo al tipo de imposición del país de destino y lo ingrese en su propia administración tributaria. Los Estados se transferirán después la recaudación que corresponda a cada uno.

El modelo persigue acabar con el fraude del carrusel, ampliamente explotado en el mercado europeo. El delito consiste en la creación de empresas pantallas que importan bienes con la exención de IVA y los revenden cargando el impuesto. Una vez cobrado el IVA, la empresa desaparece sin ingresarlo en ninguna hacienda.

Bruselas calcula que las pérdidas de recaudación en el IVA ascienden cada año a unos 150.000 millones de euros. Y achaca un tercio de ese agujero fiscal a fraudes como el del carrusel en el comercio transfronterizo.

"Hay que poner fin a un sistema anacrónico de IVA basado en fronteras nacionales", ha señalado el comisario europeo de Economía y Fiscalidad, Pierre Moscovici, en la presentación de la reforma. "Los Estados deben considerar las operaciones transfronterizas como si fueran nacionales", resume Moscovici los cambios.

Bruselas calcula que la reforma reducirá en un 80% el fraude que sufre el IVA en el comercio entre Estados miembros, lo que podría aumentar la recaudación en unos 41.000 millones de euros al año. La CE añade que la simplificación de los procedimientos, con una sola declaración el país del vendedor, permitirá al conjunto de las empresas ahorrarse hasta 1.000 millones de euros en burocracia.

El panorama color de rosa que describe la Comisión, sin embargo, tardará todavía al menos cinco años en llegar porque Bruselas propone introducirlo en dos fases hasta 2022. Las nuevas normas, además, requerirán unanimidad en el Consejo de Ministros de la UE, por lo que se podría tardar aún más.

Cada año que pase, el IVA sufrirá unas pérdidas por fraude de unos 50.000 millones de euros, por lo que, durante el período de tramitación de la reforma, la hemorragia puede superar con facilidad el cuarto de billón de euros.

El Partido Popular Europeo, el mayor grupo del Parlamento Europeo, considera lamentable la lentitud del proyecto. "El plan y las medidas rápidas planteadas son buenas, pero llevamos 24 años esperando un sistema definitivo de recaudación del IVA", ha señalado el eurodiputado alemán Burkhard Balz, del grupo Popular. "La Comisión dijo el año pasado que en 2017 tendríamos una nueva norma pero ahora se limita a hacer otro anuncio", añade Balz.

La CE atribuye su parsimonia al resultado de la consulta entre los operadores y las autoridades nacionales, que piden cautela en la reforma. Por ese motivo, Bruselas ha secuenciado los cambios en dos etapas.

La primera etapa suprime la exención del IVA para la venta transfronteriza de bienes entre empresas. Pero ese paso, a su vez, lo divide también en dos etapas. Este año, propondrá la introducción en la normativa de un certificado de buena conducta fiscal que permitirá a los operadores continuar realizando ventas transfronterizas sin cargar el IVA. Al mismo tiempo se simplificarán los procedimientos para la declaración del impuesto y se creará una ventanilla única en cada país para que las empresas puedan tramitarlo en su propio idioma y con los mismos formularios que utilizan para las operaciones nacionales.

El segundo paso de la primera fase se daría en 2018, con un proyecto de directiva que fijaría legalmente el nuevo sistema de recaudación del IVA.

La segunda y definitiva fase no comenzaría hasta cinco años después, cuando la Comisión haya evaluado el impacto de los cambios en el comercio transfronterizo de bienes. Si la experiencia se considera positiva, el sistema se extenderá también a la prestación transfronteriza de servicios, por lo que el tratamiento de todas las operaciones quedará armonizado.

Bruselas calcula que la transformación se completará en 2022. Pero los precedentes indican que las reformas en materia fiscal pueden tardar años en acordarse.

Fuente: Cinco Días