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La vicepresidenta, Sáenz de Santamaría, presenta hoy a las comunidades las directrices de la UE para la negociación del Brexit. Los puntos fundamentales son los derechos de los ciudadanos, donde no se prevén complicaciones, y el arreglo presupuestario, la cuestión más compleja, dado que las posiciones de partida están muy separadas.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, presentará hoy a las comunidades autónomas las directrices de la Unión Europea para la negociación del Brexit. Estas líneas negociadoras se han desarrollado una vez que el pasado 29 de marzo Reino Unido comunicó su intención de retirarse de la UE. Las perspectivas comunitarias son que la negociación se extienda entre 15 y 16 meses y concluya con el acuerdo de retirada en octubre de 2018, con el fin de que la salida se produzca el 30 de marzo de 2019. Los puntos fundamentales de la negociación son los derechos de los ciudadanos, donde el equipo comunitario no prevé complicaciones ante la coincidencia con Reino Unido en salvaguardarlos, y el arreglo presupuestario, la cuestión más compleja, dado que las posiciones de partida están muy separadas.
Otros aspectos relevantes para la UE son los acuerdos comerciales y la afectación del sector financiero, del turismo o la agricultura y las deslocalizaciones de agencias y servicios, además de la cuestión territorial, en la que los derechos de España sobre Gibraltar adquieren protagonismo.
La Comisión prevé una negociación de 15 a 16 meses, con el fin de concluir el acuerdo de retirada en octubre de 2018 para iniciar los procesos de ratificación a tiempo para que la retirada se produzca el 30 de marzo de 2019, antes de las elecciones al Parlamento Europeo. Tras la aprobación del mandato en el Consejo de Asuntos Generales de 22 de mayo, comenzarán las negociaciones inmediatamente, pero previsiblemente la primera ronda de negociación no tendrá lugar hasta después de las elecciones del 8 de junio.
En cuanto a los acuerdos del futuro marco de relaciones, la Comisión prevé un período de negociación mayor, de entre cinco a siete años (cabe recordar que la negociación con Canadá ha durado siete años). España es partidaria de completar esta negociación del acuerdo de retirada en los dos años previstos. En este momento, no se contempla la idea de una prórroga, puesto que se desea que la retirada se produzca antes de dichas elecciones europeas. Reino Unido, en cambio, prefiere que las dos negociaciones, la de la retirada y la de l relación futura se produzcan a la vez.
La UE cree que se alcanzará un acuerdo mixto, sujeto a ratificaciones de los Estados, como prevé la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE del pasado 16 de mayo relativa al pacto UE-Singapur, que obliga a que los acuerdos comerciales tengan que ser ratificados también por los parlamentos nacionales.
La cuestión de los derechos de los ciudadanos no parece que sea complicada para alcanzar un acuerdo, aunque la Comisión está preocupada por la idea del Reino Unido de tomar como punto de partida no la actual legislación de la UE sino la futura legislación nacional británica. Eso sí, la UE subraya que Reino Unido quiere proteger y reforzar los derechos de los trabajadores y que la primera ministra, Theresa May, ratifica que está decidida a profundizar en la legislación nacional en la materia. Con ello, parece rechazar la idea de paraíso fiscal, que algunos proponen como alternativa si no se alcanza un acuerdo satisfactorio con la UE.
España cree que la mejor solución sería mantenerse lo más cercano a la letra o al espíritu de la actual legislación. España defenderá que los residentes españoles sigan gozando de las condiciones más favorables en materia de derechos de residencia y trabajo, así como del reconocimiento de los derechos de residencia y trabajo de los españoles que deseen trabajar en Reino Unido. En concreto, España desea mantener el actual marco laboral y de la Seguridad Social. Al no estar Reino Unido en Schengen, no se modificará sustancialmente la libre circulación de personas. Es de esperar que tampoco quede sustancialmente afectada la libre circulación de estudiantes, profesores y científicos.
En materia de prestaciones de Seguridad Social, se subraya la conveniencia de mantener el actual modelo de reconocimiento de prestaciones entre Reino Unido y España establecido en los Reglamentos europeos o, en todo caso, defender las condiciones más favorables para los derechos ligados al reconocimiento de prestaciones de los españoles actualmente trabajadores en Reino Unido, que trabajaron en el pasado o que trabajen en el futuro e. Igualmente, se recuerda que hay que preservar estos mismos derechos para los trabajadores transfronterizos en Gibraltar.
La cuestión del arreglo presupuestario parece la más complicada para alcanzar acuerdo cuando desde la UE se ha exigido recientemente a Londres 100.000 millones de euros para empezar a hablar de su salida, y Reino Unido pretende una compensación de partidas que implique que no pague prácticamente nada. Sin un acuerdo sobre la contribución británica, señala ahora la UE en sus directrices, las contribuciones de los Estados miembros pueden verse aumentadas en 2019 y 2020. Este asunto influirá en las negociaciones del próximo Marco Financiero plurianual 2021-2028, en las que ya no sería contribuyente Reino Unido, salvo (si así se negocia) en la participación en determinados programas.
Como punto de partida, España considera que en el cálculo del saldo deberían estar incluidos todos los pagos a los que se ha comprometido el Reino Unido: los restos a liquidar; los fondos estructurales de las actuales perspectivas financieras; las pensiones de los funcionarios europeos; las responsabilidades contingentes (por préstamos y programas de ayuda). Reino Unido tiene que hacer frente a todas sus responsabilidades. España considera también que los compromisos por los pagos de los fondos estructurales hasta 2020 (el marco del actual Marco Financiero Plurianual, que el Reino Unido firmó y cuyos planes y programas están en curso) deberían estar incluidos en el cálculo del balance de la retirada. También cree que Reino Unido debe pagar hasta el final del período los compromisos adquiridos en materia de ayudas directas de la PAC. España considera que deberían estar incluidos en el cálculo del saldo los importes correspondientes a las participaciones de Reino Unido en el BEI y en el FED, dado que la salida de Reino Unido de la UE implicaría por coherencia su salida de estas dos líneas.
En relación con el acuerdo que se cierre sobre los pagos de los fondos estructurales (en particular, del Feaga de la Política Agrícola Común), habrá que tomar una decisión sobre el "cheque" británico. Si Reino Unido no contribuye a financiar la agricultura, no debería beneficiarse de una reducción por el cheque, ya que ésa era precisamente la filosofía que lo justificaba.
El objetivo de España de partida en esta negociación es, por un lado, mantener los actuales flujos económicos con Reino Unido y que no se introduzcan barreras (arancelarias y no arancelarias) a los productos españoles. Por otro lado, España desea el mantenimiento de la igualdad de condiciones (un level playing field) en los intercambios económicos y que una vez que Reino Unido no estará sujeto a la política común de competencia no se introduzcan medidas fiscales o regulatorias que distorsionen la competencia.
Se señalan las especificidades del comercio de productos agrícolas. A España le interesa que las condiciones que se negocien con Reino Unido (eventuales barreras arancelarias y, sobre todo, no arancelarias -fitosanitarias, consumo, medio ambiente- no supongan una sustitución de los productos europeos por productos de terceros países, con los que Reino Unido pueda firmar otros acuerdos comerciales. Se recuerda la especificidad del sector de la pesca, importante para algunas comunidades.
Habrá que negociar un acuerdo de pesca de la UE con Reino Unido y aceptar a Reino Unido en las organizaciones internacionales. España estará atenta a cómo afecte este asunto al principio de estabilidad relativa en el reparto de TAC y cuotas. Se subraya la importancia del sector de servicios turísticos, una parte muy importante del conjunto de los intercambios en servicios y un porcentaje destacado del conjunto del turismo en España.
Para España, sería importante que el nuevo acuerdo mantuviera las normas actuales en áreas esenciales para el sector turístico: la circulación de personas; las normas de transporte aéreo; las directivas de protección de consumidores con efecto en los servicios turísticos. Se insiste en la importancia del mantenimiento de la normativa actual sobre transporte aéreo (aunque se recuerda el problema del aeropuerto de Gibraltar, que debería solucionarse en el nuevo acuerdo).
Otro sector de particular importancia es el de los servicios financieros, mencionado expresamente por May. El planteamiento británico es mantener el "pasaporte" para dichos servicios, sin necesidad de establecimiento en el mercado interior. Si los servicios financieros son objeto de una cláusula de exclusión horizontal o simplemente no se incluyen en el acuerdo comercial, Reino Unido solicitará la equivalencia (argumentando el mantenimiento de la actual legislación europea en el Repeal Bill). La Comisión ha adelantado que no está dispuesta a acordar automáticamente la equivalencia a las empresas británicas (es una decisión discrecional y empresa a empresa). Los mayores intereses están en los Estados miembros que compiten con la City, sobre todo en los que tienen relación con las operaciones de compensación en euros. El Consejo Europeo no se pronuncia expresamente sobre esta cuestión, pero ha señalado que "todo marco futuro debe preservar la estabilidad financiera de la UE y respetar su régimen y normas". La Comisión parece inclinarse por no incluir los servicios financieros en el acuerdo.
La UE subraya que habrá que negociar las futuras sedes de la Agencia Bancaria Europea (EBA) y de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), actualmente con sede en Londres y que tendrán que desplazarse a la UE. Varios Estados miembros ya han dado a conocer que aspiran a albergar alguna de las sedes. España ya pidió ser sede de la EMA y presentó una excelente candidatura para Barcelona, que se va a reiterar. La sede de la EMA será una decisión del Consejo Europeo, que las orientaciones piden que se adelante a 2017 para facilitar el traslado. Hay que tener en cuenta que, aparte de las sedes de agencias, habrá que considerar la cuestión de los centros de servicios descentralizados de otras agencias y organismos de la UE, actualmente con sede en el Reino Unido.
Al hilo de la negociación sobre los servicios financieros, una cuestión que correrá paralela será la de la deslocalización de empresas y servicios desde Reino Unido hacia el mercado interior. Diversos Estados miembros han realizado estudios y presentaciones sobre las ventajas y oportunidades que ofrecen, estudios que también han sido recogidos por análisis de diversas organizaciones. En todos estos análisis se incluye a España como posible beneficiario de la deslocalización de algunas empresas y servicios puntuales.
Aunque éste no es objetivo de España en la negociación con Reino Unido, diversas instituciones y ayuntamientos españoles han realizado presentaciones y gestiones al respecto. Se ofrecen como sede para algunos servicios financieros, basado en ciertas ventajas: importancia e internacionalización del sector bancario privado español, disponibilidad de espacio, comunicaciones, personal cualificado, nivel de vida, educativo y cultural y nivel impositivo. Reino Unido tiene además una posición relevante en materia científica y una buena parte de los proyectos internacionales de equipos españoles cuentan con la asociación de equipos británicos, por lo que España estaría interesada en mantener esta cooperación, sí como los intercambios educativos.
Reino Unido se retira y lo hacen los cuatro territorios que lo componen (Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte). También se retiran sus territorios dependientes: en Europa, la Isla de Man, las Islas del Canal, la "colonia" de Gibraltar y las bases en Chipre. Igualmente, se retiran todos los territorios de ultramar (incluso los que tienen un régimen especial de asociación con la UE). No cabe, según los Tratados de la UE y el Derecho internacional, que pueda seguir aplicándoseles el Derecho de los tratados. May sostiene que ningún territorio puede negociar por separado, que tendrá en cuenta los intereses de cada uno, pero que los parlamentos nacionales no tendrán derecho de ratificación del acuerdo final (sólo será competencia de Westminster). España está de acuerdo en lo que se refiere a Gibraltar (ver información adjunta). En cuanto a Irlanda del Norte, los Gobiernos británico e irlandés quieren mantener la Zona de Viaje Común (CTA) con la República de Irlanda.
Sobre la cooperación policial y judicial, la posición del Gobierno británico es mantener el escenario en términos similares a los actuales. España considera importante la contribución británica a la seguridad de Europa, pero se muestra conforme con las propuestas de avanzar hacia una auténtica e integrada Europa de la defensa, a la se considera que Reino Unido ha puesto dificultades.
Fuente: Expansión
