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Cada vez son más quienes se jubilan antes de llegar a la edad legal de jubilación, fijada en 65 años y cinco meses para 2017. El año pasado 196.341 españoles se retiraron de forma anticipada, es decir, un 44,6% de un total de 306.890 nuevos jubilados, según la Seguridad Social. Se batió así el récord de 2015, que a su vez rompió el de 2014. En esta evolución se mezcla el efecto combinado del envejecimiento, el volumen de afectados en edades próximas a la jubilación por despidos colectivos (facilitados en la reforma laboral) de la recesión pasada o el efecto llamada de los cambios parciales de la jubilación parcial de 2013. Esta evolución explica que la edad real de jubilación bajara en los últimos ejercicios de 64,33 a 64,08 años.
Entre los elementos que en la actualidad presionan al alza sobre el gasto de pensiones en España está la jubilación anticipada. Quienes se retiran antes de la edad legal no suponen más carga para el sistema durante todo el periodo de su vida como pensionistas. Al contrario: suponen menos, ya que para eso existen los coeficientes reductores, que menguan sus pensiones iniciales como penalización por acogerse antes de tiempo. Pero sí que añaden presión en la tesorería durante los primeros años, ya que se suman antes de lo previsto al grupo de los pensionistas. Además, por sus carreras de cotización, suelen tener prestaciones más altas: los menores de 65 años se jubilan con una pensión media de 1.554,7 euros al mes, frente a los 1.332,4 euros de media en el conjunto del sistema.
Las jubilaciones anticipadas aumentan sin pausa desde 2013. Y el ritmo se acelera. En 2016 hubo un 7,8% más que el año anterior, un porcentaje que duplica el de 2015. El incremento se produce a pesar de que precisamente en marzo de 2013 se endurecieron los requisitos de acceso. Sin embargo, no todos los retiros antes de la edad legal se producen de acuerdo con esas condiciones. La reforma contemplaba un periodo transitorio para que los despedidos en los últimos años de su vida laboral pudieran jubilarse con la legislación antigua. Y así lo hace la mayoría: el 52% de los prejubilados de 2016.
En este incremento, como en el de todas las jubilaciones, desempeña un papel decisivo el envejecimiento. También tiene protagonismo que muchos de quienes perdieron su empleo durante la crisis estén llegando a edades próximas al retiro sin posibilidad de encontrar otro trabajo y tengan en esa pronta salida del mercado laboral (con prestación menguada) un alivio a su situación.
Otro elemento que juega un papel es lo sucedido en 2013. La reforma de pensiones que retrasaba paulatinamente la edad de jubilación de 65 a 67 años, aprobada en 2011, también contemplaba una nueva regulación de la jubilación anticipada. Esa reforma entraba en vigor el 1 de enero de 2013. Pero al llegar al poder, el PP dejó claro que quería endurecer el acceso a la jubilación anticipada y suspendió la aplicación de la nueva norma en esta parte. Esto llevó a que muchas negociaciones de despidos colectivos se aceleraran por el temor a una nueva legislación más restrictiva.
A buena parte de los afectados de esas regulaciones les está llegando el momento de jubilarse en estos años, una vez han consumido sus indemnizaciones y su derecho a percibir una prestación por desempleo. Ya no se consiente percibir subsidio de desempleo si el trabajador tiene la posibilidad de jubilarse antes.
La incertidumbre también pesa. Quienes están en los últimos años de su vida laboral y tienen la posibilidad de elegir si se retiran de forma anticipada o esperan, optan por la primera opción por las noticias de que se va a reformar el sistema, los posibles efectos de los periodos transitorios (retraso de la edad de jubilación o ampliación del periodo de cómputo) o la entrada en vigor del factor de sostenibilidad en 2019.
A finales de marzo, en España había 33.823 personas que estaban trabajando y percibiendo una pensión al mismo tiempo. Esta opción se abrió en la reforma de la jubilación parcial que se aprobó el 16 de marzo de 2013 y permite cobrar el 50% de la prestación de jubilación y seguir trabajando, pagando cotización por incapacidad temporal y un 8% de solidaridad.
Una de las propuestas electorales del PP, que ha llevado al Pacto de Toledo, era ampliar esa compatibilidad hasta el 100% de la pensión.
La realidad es que, hasta ahora, a esta opción se acogen casi en solitario los autónomos. Son 28.532 de esos casi 38.000, el 84%.
Fuente: El País
