LA INDUSTRIA CELEBRA EL VARAPALO DE LA AN AL SISTEMA DE FINANCIACIÓN DE FÁRMACOS Y PIDE UNA REFORMA

Este lunes se ha hecho pública la sentencia de la Audiencia Nacional por la que se ha anulado "de pleno derecho" el Plan para la consolidación de los Informes de Posicionamiento Terapéutico (IPT) aprobado el 3 de febrero de 2020 por la Comisión Permanente de Farmacia del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), entonces dirigida por Patricia Lacruz. El dictamen, emitido tras el recurso interpuesto por la Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica (Farmaindustria) señala que la aprobación de la norma se hizo "sin seguir el procedimiento legalmente establecido", vulnerando "el principio de jerarquía normativa".

Desde la patronal de la industria farmacéutica han celebrado el fallo que les ha dado la razón. Como ha argumentado el tribunal de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo el Plan se redactó no como un documento organizativo, sino con "vocación de modificar el cuadro normativo vigente" al establecer los IPT como instrumentos obligatorios para la evaluaciónde la financiación de un tratamiento e incorporar a ellos un análisis económico, cuando la Disposición Adicional 3 de la Ley10/2013 no lo contempla.

De esta forma la Audiencia Nacional ha respaldado a Farmaindustria en su denuncia sobre un plan, que como indicaron en el recurso, “afecta a las compañías farmacéuticas a las que se concede participar en el proceso de precio y financiación mediante una fase de alegaciones condicionada e influye en la prescripción de los medicamentos por parte de los médicos y, sobre todo, impacta en los pacientes y en su acceso a nuevos tratamientos”.

El Plan llevó a un aumento del retraso en el acceso de los tratamientos, un incrementos de las limitaciones en la aplicación y un perjuicio comparativo con respecto al resto de los países europeos

El resultado de este sistema de financiación de fármacos de la ‘era Lacruz’ llevó a un aumento del retraso en el acceso de los tratamientos, un incrementos de las limitaciones en la aplicación y un perjuicio comparativo con respecto al resto de los países miembros de la Unión Europea.

Actualmente en España, según el último informe Indicadores de acceso a terapias innovadoras en Europa 2022 (W.A.I.T. Indicator), solo se tienen acceso a un 58% de los nuevos tratamiento aprobados por la Agencia Europea del Medicamento (EMA por sus siglas en inglés), con una espera de 629 días de media, es decir, un año y casi nueve meses. De los que se comercializan, el 51% lo hacen un alguna limitación no contemplada en Europa y que impide a los pacientes acceder a las terapias o incluso les amenaza con perderlas, caso de ello las personas con atrofia muscular espinal (AME). Y sin olvidar que no se incorporan en las carteras de servicio de las Comunidades Autónomas con las mismas indicaciones o al mismo ritmo.

REFORMAR EL SISTEMA DE FINANCIACIÓN

Durante años pacientes, profesionales sanitarios y la misma industria han solicitado un cambio del sistema para acabar con estas desigualdades y barreras de acceso que en los últimos años se ha acrecentado con la reforma de los IPT realizada en 2020 por la Dirección General de Farmacia.

No realizar reevaluaciones a fármacos que han sido evaluados y aprobados por la EMA; aplicar estrategias como la alemana, que incorpora en su Cartera de Servicio los tratamientos autorizados en Europa antes incluso de negociar el precio, y contar con la opinión de los profesionales sanitarios y los pacientes para valorar la necesidad de los nuevos fármacos o su seguimiento posterior son algunas de las propuestas que en los últimos años se han elevado al Ministerio de Sanidad para modificar el sistema de precio y financiación de medicamentos.

Desde Farmaindustria, y aprovechando la coyuntura que supone el varapalo de justicia a la gestión de la antigua Dirección General de Farmacia y al sistema heredado de esta, proponen una “reforma urgente” con seis pasos que se puedan tomar para mejorar el acceso en términos de plazos y disponibilidad, e igualar en beneficios al paciente español del resto de europeos.

Se precisa, señalan, “más predictibilidad, claridad y objetividad en los procedimientos y decisiones de precio y financiación de medicamentos innovadores”

Los cambios ofrecidos señalan la necesidad de cumplir con lo establecido en la ley con un tiempo para la negociación de 180 días, y no de los 629 que se dan actualmente. Se precisa, señalan, “más predictibilidad, claridad y objetividad en los procedimientos y decisiones de precio y financiación de medicamentos innovadores”. También llaman a separar la evaluación terapéutica de la económica de los medicamentos innovadores, y que se considere “el valor social total que aporta el medicamento, incluido ahorros sanitarios y no sanitarios e impacto sobre la productividad y el empleo”.

Entre las propuestas, indican la necesidad de establecer un sistema de acceso temprano a los fármacos que aporten mayor beneficio clínico; identificar las necesidades médicas no cubiertas en enfermedades raras y los mecanismo específicos para atenderlas; mayor coordinación entre las comunidades autónomas para “asegurar un acceso equitativo en todo el SNS” y reconocer “la innovación incremental, en cuanto a su potencial para mejorar el tratamiento de enfermedades y para facilitar el uso adecuado del medicamento”.

Todas estas medidas, recogidas en el informe El acceso a los medicamentos en España: diagnóstico y recomendaciones desarrollado por Farmaindustria, permitirían revertir la situación actual de nuestro país. Como subraya la patronal, es necesario incorporar estas remodelaciones del sistema “lo antes posible por el bien de los pacientes y del SNS”.

Fuente: ConSalud.es