La tardanza de España a la hora de cumplir con la regulación europea en materia hipotecaria ha terminado pasando factura al país. La Comisión Europea ha anunciado este jueves, en un comunicado, que llevará a España ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), el mismo que viene cargando contra varios puntos de la legislación del país o prácticas bancarias como la opacidad de las cláusulas suelo, por no incorporar a su regulación la directiva europea sobre créditos para la compra de vivienda.

Aunque el Gobierno tiene ya avanzado un borrador de reforma hipotecaria que adapte la normativa española a la legislación europea, que espera impulsar en el corto plazo, España lleva ya más de un año de retraso en la transposición de la directiva europea.

Llegados a este punto, sin embargo, la Comisión llevará al banquillo a España junto a Croacia, Chipre y Portugal, que tampoco han cumplido todavía la obligación de transponer la Directiva sobre créditos hipotecarios (2014/17/UE).

Desprotección de los clientes

La directiva europea mejora la protección del consumidor ante posibles abusos de la banca y obliga, por ejemplo, a evaluar la solvencia de los consumidores y mejorar la transparencia del proceso hipotecario.

También pone coto a la venta de productos cruzados conjunta e inseparablemente con el crédito para la compra de vivienda o permite a los titulares de hipotecas en divisas extranjeras cambiar a la moneda local.

También establece un periodo de siete días para que el cliente que suscribe la hipoteca pueda analizarla en profundidad antes de quedar comprometido.

“La no aplicación de la Directiva por los Estados miembros significa que los consumidores de esos Estados no pueden disfrutar de la protección que la misma garantiza cuando suscriben sus préstamos hipotecarios o cuando experimentan dificultades para reembolsarlos”, advierte el escrito de la Comisión Europea.

Además, el organismo comunitario expone que la falta de transposición de la directiva impide a los intermediarios de crédito ofrecer servicios hipotecarios “lo que priva a los consumidores” de ofertas hipotecarias “potencialmente más ventajosas procedentes de prestamistas de otros Estados miembros. Ello dificulta la competencia, limita las posibilidades de elección y lleva a unos precios más altos”, advierte.

Riesgo de sanción económica

Según la información facilitada por la Comisión Europa, en el 95% de las ocasiones en que se lleva a un Estado miembro ante la Corte de Luxemburgo por cometer la infracción de no cumplir con la regulación europea, el país termina cumpliendo sus obligaciones antes de ser juzgados por el Tribunal de Justicia.

“En el caso específico de los Estados miembros que no hayan aplicado las directivas dentro del plazo acordado por el Consejo de Ministros de la UE y el Parlamento Europeo, la Comisión podrá solicitar al Tribunal de Justicia que imponga una sanción pecuniaria al Estado”, lo que implica que España podría acabar siendo sancionada por su retraso en el cumplimiento de la directiva hipotecaria.

Fuente: Cinco Días