El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. EFE Mariscal
MARISCAL AGENCIA EFE (EFE)
El Consejo de Ministros aprobó ayer un Real Decreto-ley que recoge las medidas de la segunda fase de la reforma de pensiones, con la que el Gobierno completa el cumplimiento del componente 30 del Plan de Recuperación comprometido, que consistía en garantizar la sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones. Esta segunda parte –que cuenta con el respaldo de los sindicatos y el rechazo frontal de los empresarios– trae cambios que refuerzan los ingresos del sistema y otros que mejoran las pensiones más bajas y las de los trabajadores con carreras más irregulares. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, comparecía ayer satisfecho tras la reunión ministerial para asegurar que con esta reforma “se culmina la modernización del sistema (...) y las pensiones no solo tienen ahora un marco extraordinariamente robusto de sostenibilidad, sino que van a estar garantizadas de forma indefinida”.
Estos son los diez principales cambios que incluye la reforma que aún tiene que ser, primero publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y luego convalidada en el Parlamento:
La medida de esta segunda fase de la reforma que más le ha costado al Gobierno sacar adelante ha sido la ampliación del periodo de cómputo que se toma para calcular la base reguladora, que determina la cuantía de la pensión de cada trabajador. El ministro Escrivá se comprometió con Bruselas en ampliar el número de años que se tienen en cuenta (actualmente los últimos 25 años cotizados), lo que tendría como efecto un recorte en la pensión de la mayoría de los trabajadores y, por tanto, se convertiría en una medida de contención de gasto para suplantar la eliminación del factor de sostenibilidad. Pero la oposición de sus socios de Gobierno de Unidas Podemos y de los sindicatos obligó a buscar una alternativa.
La solución ha sido establecer una fórmula dual para el cálculo de la pensión, de forma que los pensionistas puedan elegir entre tomar los últimos 25 años cotizados --como exige la ley actual-- para determinar su base reguladora u optar por tomar los últimos 29 años de cotización y desechar los dos peores años de cotización (se tomarán 27 años efectivos).
Tras varios cambios en la negociación, este sistema dual se desplegará progresivamente durante doce años (entre 2026 y 2038) y el trabajador podrá elegir el sistema más beneficioso hasta 2044. A partir de ese año, todos los jubilados calcularán su base con 29 años cotizados, desechando los 24 peores meses. Durante todo el tiempo que dure la dualidad, la Administración elegirá de oficio la fórmula más ventajosa para el futuro jubilado. El despliegue de la nueva modalidad de los 29 años será muy gradual: desde 2026, el número de años que se pueden tener en cuenta aumentará en cuatro meses, mientras que las mensualidades que se pueden descartar se incrementarán dos meses cada año que pase. Así, 2038 será el primer ejercicio en el que esté plenamente vigente este sistema.
Para mejorar la pensión de aquellas carreras irregulares, sobre todo de mujeres, se amplía la denominada cobertura de lagunas (periodos intermitentes no cotizados en una vida profesional que se consideran cotizados a efectos de pensión). Se mantiene que los vacíos de cotización se compensen con el 100% de la base mínima los primeros 48 meses (cuatro años), y con el 50% de la base mínima a partir del mes 49. Pero se añaden para las mujeres trabajadoras por cuenta ajena, el 100% de la base mínima entre el mes de vacío 49 y el 60 (esto es, el quinto año) y el 80% de la base mínima entre el mes 61 y el 84 (ampliándose esta cobertura de lagunas para las mujeres del cuatro a siete años).
La cobertura de lagunas de cotización beneficiará por primera vez a los autónomos. En concreto, a aquellos trabajadores por cuenta propia que tengan de estas lagunas precedidas por el disfrute de una prestación por cese de actividad, que tendrán una cobertura de seis meses con el 100% de la base mínima de cotización. Asimismo, el Gobierno ha decidido no aplicar a este colectivo la nueva cuota de solidaridad, al considerar que dado que acaban de estrenar un nuevo sistema de cotización por ingresos reales, “sería precipitado introducirles un elemento más”.
Los tres primeros años de excedencia por el cuidado de familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad se considerarán efectivamente cotizados. Asimismo, los tres primeros años de reducción de jornada por el mismo motivo serán cotizados por el 100% de dicha jornada sin reducir. Finamente, el complemento de la pensión por brecha de género tendrá una revalorización adicional del 10% en el bienio 2024-2025.
Se fija un mecanismo de subida de las pensiones mínimas contributivas y asistenciales. Las primeras subirán más que el IPC hasta 2027 (alrededor de un 2% más cada año). A partir de ese año se establece un suelo según el cual las mínimas contributivas de jubilación con cónyuge a cargo no podrán ser inferiores al 60% del umbral de la pobreza para un hogar compuesto por dos adultos. El resto de las mínimas contributivas de jubilación convergerán hasta 2027 con las de mayores de 65 con cónyuge a cargo, subiendo el IPC más el 50% del alza adicional de estas últimas (esto sería un 1%). Las mínimas no contributivas (asistenciales) subirán también el IPC más el mismo 1% del resto de mínimas contributivas de forma que en 2027 no puedan ser inferiores al 75% del umbral de la pobreza de un hogar unipersonal. Estas subidas adicionales son aproximadas y dependerán del indicador de pobreza que se fije. Pero Escrivá calculó el miércoles pasado que en 2027 la mínima contributiva de jubilación rondaría los 16.300 euros anuales y la asistencial unos 8. 250 euros al año. Asimismo, el Gobierno ha pactado también con EH-Bildu equiparar las mínimas de viudedad a las contributivas de mayores de 65 con cónyuge a cargo.
Para aumentar los ingresos, el Gobierno ha enmendado su propio diseño del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), aprobado en la primera fase de la reforma. Este mecanismo consistía inicialmente en una cotización adicional (por contingencias comunes, pero que no genera pensión) del 0,6% que se duplicará gradualmente hasta ser del 0,6% a partir de 2029. Esta sobrecotización crecerá una décima al año y se abonará un 1% por parte del empresario y un 0,2% a cargo del trabajador, detrayéndose de su salario.
El nuevo diseño del MEI incorpora un mecanismo de incremento automático de cotizaciones sin las medidas para aumentar los ingresos de la reforma de pensiones en su conjunto no incrementara la recaudación un 1,7%, el gasto en pensiones en el promedio 2022-2050 superara el 15% y el Gobierno de turno no tomara medidas para compensar el déficit de financiación que se genere. De producirse esta situación, las cotizaciones aumentarán de manera automática. El organismo encargado de evaluar cada tres años si se produce una situación crítica de estas carácterísticas será la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) y hará su primer informe en marzo de 2025.
La recaudación de esta nueva cuota será de unos 3.000 millones iniciales, que irán creciendo hasta los 6.000 millones anuales, que acumularán unos 130.000 millones en el fondo de reserva de las pensiones alrededor de 2040. La norma prevé que la recaudación del MEI se produzca entre 2023 y 2032 y desde ese año se harán desembolsos anuales tasados para hacer frente al incremento de gasto por los jubilados nacidos en el baby boom Si bien Escrivá precisó ayer que “a partir del año 2032 se empezará a desembolsar el dinero, pero entrarán más recursos que el ritmo al que se desembolse”.
También dentro de las medidas de aumento de ingresos se determina que las bases máximas de cotización (el límite salarial que fijan cada año los presupuestos por encima del cual el salario no cotiza a la Seguridad Social; fijado en 2023 en 4.495,50 euros brutos al mes) aumentarán cada año el IPC más un 1,2% fijo adicional entre 2024 y 2050. Así, al final del periodo las bases máximas habrán crecido un 38%.
En paralelo, al incremento de las bases máximas de cotización --conocido en el argot laboral como destope-- el Gobierno acometerá también una subida de las pensiones máximas, pero en menor proporción. Estas se revalorizarán cada año con la cuantía anual del IPC, más un incremento adicional del 0,115 porcentuales acumulativos cada ejercicio hasta 2050, cuando se habrán incrementado un 3%. A partir de 2025 y hasta 2065 habrá alzas adicionales que elevarán este incremento de la pensión máxima manera progresiva hasta el 20% en el último año citado.
Consistirá en una cotización adicional que se aplicará entre 2025 y 2024 de forma progresiva sobre la parte del salario que exceda la base máxima. Tras un pacto con el PDeCAT será progresiva con tres tramos de salarios. Los que estén entre la base máxima y el 10% más empezarán en 2025 con un 0,92% llegando al 5,5% en 2045; los sueldos superiores a la base máxima entre un 10% y un 50% empezarán con un 1% y terminarán con un 6%; y los que superen la base máxima en un 50% (salarios de unos 100.000 euros) empezarán con una cuota del 1,2% y terminarán en el 7%.
El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, se mostraba este jueves seguro de que esta reforma de pensiones no requeriría ajustes en el corto o medio plazo por parte de futuros Gobiernos porque está “bien diseñada”. Si embargo, fuentes de su departamento no descartaban que se tuvieran que se tuviera que producir algún cambio. De hecho, estas fuentes consideraron que “no sería ninguna excentricidad”, por ejemplo, la posibilidad de estudiar, tal y como ha pedido la patronal, la financiación de parte del sistema con una figura impositiva finalista. Asimismo, estas fuentes también admitieron la posibilidad de tener que renegociar la política de inversiones del Fondo de Reserva --que ahora se invierte netamente en deuda pública española-- a medida que este fondo vaya aumentando su cuantía.
Fuente: Cinco Días