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Termina 2022 y con el inicio de un nuevo curso son muchos los interrogantes que planean sobre el nuevo año político. Concretamente, el próximo 2023 encara un fin de legislatura atípico, marcado por la salida durante su primera mitad de la titular de la cartera de Sanidad, aun sin relevo a la vista para los últimos —y decisivos— meses, con importantes reformas con el cartel de ‘pendiente’ y bajo la atenta mirada del sector. Por delante queda el desarrollo de algunas de las políticas más transformadoras del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Entre ellos se sitúa tramitación de la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión, el avance del Plan estratégico de la Industria, la reforma de la Ley del Medicamento —tras su último ‘lifting’ en 2015— o la asunción de la Presidencia el Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre del próximo curso.
Precisamente, en este último punto, se vaticina un escenario complicado ante la previsión de que este importante papel sea desempeñado por un Gobierno en funciones, con la responsabilidad continental de por medio. Para entonces, Darias ya ha deslizado algunas de las prioridades que el Ejecutivo llevará en materia de salud, como son las resistencias antibióticas, la Estrategia Farmacéutica Europea o la búsqueda de implicación de los 27 en la no estigmatización por VIH durante su mandato.
Del mismo modo, las Cortes tienen todavía la tarea de tramitar el avance de una de normas que llevan el sello impreso de la ministra, como es la antes mencionada Ley de Equidad. De momento, a finales de septiembre su proyecto salvó el primer escollo en el Congreso antes de la votación de sus enmiendas, con la difícil tarea de contentar a oposición, socios de investidura y socios de Gobierno con posturas casi antagónicas sobre los modelos de gestión público-privados. La derogación o no de la ley 15/1997 (y su forma final) continúa siendo así uno de los mayores interrogantes.
En última instancia, el reconocimiento de un problema en la gestión de la transición del medicamento desde su aprobación por la EMA hasta su comercialización tiene compromiso del ministerio de encontrar solución en la reforma de la Ley del Medicamento, conocida formalmente como Ley de Garantías. Para ello César Hernández, director general de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) y de Farmacia, se ha convertido en su principal portavoz y valedor, a expensas de un borrador que está por llegar.
La hoja de ruta pautada y cumplida hasta la fecha ha sido especificada a través del informe ‘Cumpliendo’ del Ejecutivo. Según vaticina el trabajo, el objetivo es que para junio de 2023 el 69,7 por ciento de los compromisos adquiridos, estimando que hasta este diciembre habría cumplido con casi el 64 por ciento.
El Real Decreto de especialidades, que a finales de julio trazó la línea a seguir para la creación de nuevas disciplinas médicas, tiene pendiente todavía la materialización de peticiones de calado, como las de las sociedad científicas de Urgencias (SEMES) e Infecciosas (Seimc). Con los procedimientos iniciados, Sanidad ha acordado la creación de un grupo de trabajo en el seno de la Comisión de Recursos Humanos para ambas disciplinas, que podrían encontrar en 2023 su definitivo reconocimiento.
Del mismo modo, la gran novedad tras el ‘parón’ estival fue la aprobación de una Agencia Estatal de Salud Pública (Aesap) después de que se viniera avanzando en ello meses atrás. Todavía pendiente su tramitación como proyecto de ley —un proceso donde se someterá a eventuales enmiendas—, su desarrollo todavía tiene un largo camino por recorrer. En este sentido, todavía se ha de concretar su naturaleza y características, además de definir cuál será la CC. AA. que finalmente albergue la institución.
Durante el presente año y anteriores, marcados en gran medida por la pandemia, la sanidad de múltiples comunidades ha venido estando sometida a comicios anticipados o fuera del régimen común. Antes de la COVID-19, en abril de 2019, se celebraron elecciones en la Comunidad Valenciana; Galicia y País Vasco en julio de 2020 también fueron a las urnas, al igual que en Cataluña durante febrero de 2021 y Madrid, en mayo del mismo año. En este 2022, Castilla y León y Andalucía también han tenido sus correspondientes plebiscitos, concretamente en los meses de febrero y junio, respectivamente.
El año que comienza espera así que en mayo se sucedan procesos electorales en hasta 13 comunidades españolas. En consecuencia, todas excepto Andalucía, Cataluña, Galicia y País Vasco celebrarán comicios regionales el 28 del citado mes, coincidiendo con los comicios municipales. Así las cosas, elegirán sus Parlamentos Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja.
Fuente: El Global
