EL GOBIERNO CREE QUE SE CONVOCARÁ UN REFERÉNDUM PERO NO SE CELEBRARÁ

El presidente Rajoy vuelve hoy al «lío» político, después del paréntesis de la Semana Santa, con tres asuntos prioritarios en su agenda de las próximas semanas: la negociación de los Presupuestos, la política exterior, con el Brexit como plato fuerte, y la respuesta ante el desafío independentista catalán. El Gobierno está muy atento a cada movimiento de los secesionistas, y tiene preparada la respuesta para todos los escenarios posibles. En este momento, en La Moncloa creen que los independentistas llegarán hasta la convocatoria del referéndum, pero una vez impugnado ante el Tribunal Constitucional girarán hacia unas elecciones autonómicas adelantadas.

Uno de los mensajes más inequívocos que se han escuchado en el Gobierno en los últimos meses ha sido este: el referéndum no se celebrará. Rajoy lo ha repetido con rotundidad, desde La Moncloa se advirtió de que se utilizarían todas las medidas coercitivas que permite la ley para impedir que se pongan urnas, e incluso se apuntó a la posibilidad de precintar los colegios electorales que se intentaran habilitar para ello. En cualquier caso, fuentes del Gobierno insisten en que se tienen previstos todos los escenarios posibles, y la respuesta correspondiente que se dará con el fin de preservar el Estado de Derecho.

Pero en el Gobierno están convencidos de que no hará falta llegar a esos extremos. De hecho, gana peso esta «hoja de ruta»: los secesionistas llegarán hasta la firma de la convocatoria, en un acto simbólico para ellos, que les justificaría ante su electorado. En ese momento, el Gobierno lo impugnaría ante el TC, que lo suspendería de forma inmediata. Cualquier paso que se dé en contra de esa obligación podría derivar en una inhabilitación de sus autores, como ocurrió con Artur Mas, Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau por el 9-N.

Un escenario conflictivo

En La Moncloa se inclinan por pensar que a partir de la prohibición del TC los independentistas optarán por adelantar las elecciones autonómicas, aunque pretendan darles un carácter «plebiscitario», algo irreal en la práctica.

Las fuentes consultadas reconocen que uno de los escenarios más conflictivos sería llegar a unas elecciones autonómicas con doble urna, es decir, con la habitual para el Parlamento catalán, y otra al lado para consultar sobre la independencia. El movimiento del Gobierno, y de la Justicia, tendría que ser extremadamente ajustado en ese caso, pues se precintaría una de las dos urnas, en plena jornada electoral legal. Con todo, se trata de una hipótesis que el Gobierno también ha estudiado al detalle, pero que confía en que no se produzca.

Pérdida de apoyo

En las circunstancias actuales, el Gobierno de Rajoy cree que el «proceso» independentista está agotado, como ya informó ABC. Avalan esta certeza varios hechos: la ausencia total de respaldo exterior, la pérdida de apoyo social, la fractura y enfrentamiento entre los propios secesionistas y la «receptividad» cada vez mayor, según lo ven en la Moncloa, de la sociedad civil y los sectores económicos y empresariales a la necesidad de superar esta fase cuanto antes.

En esta situación, Rajoy quiere redoblar la presencia del Gobierno en Cataluña en las próximas semanas, y desactivar así uno de los puntos clave del discurso victimista de los secesionistas. En concreto, el jefe del Ejecutivo viajará dos veces en la primera quincena de mayo, para participar en un encuentro económico organizado por Fomento del Trabajo, y para la inauguración del Salón Internacional del Automóvil. A finales de mes volverá a esta Comunidad para participar en las jornadas del Círculo de Economía, en Sitges. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, también acudirá a Tarragona el 25 de abril para firmar un acuerdo de financiación de los Juegos del Mediterráneo de 2018. A este acto asistirán también los ministros de Hacienda y de Cultura y Deporte.

La estrategia del Gobierno discurre en paralelo al momento de desconcierto por el que atraviesan los partidos soberanistas, una desorientación que se alimenta por la enésima, y más grave, crisis de confianza entre el PDECat y ERC. En estos partidos, y en el resto de formaciones, cunde la sensación de que hay que prepararse ya para el escenario post referéndum o post «proceso», es decir, el adelanto electoral. En este sentido, lo explicado por el número dos del PDECat, David Bonvehí, en una conversación filtrada supuestamente por ERC, revela en realidad lo que numerosos dirigentes del partido reconocen a media voz: el PDECat debe prepararse para la posibilidad de que el proceso embarranque, ante lo cual deberían recuperar su perfil «autonomista», menos radical, el de la vieja CDC.

De alguna manera, por boca de Bonvehí se hizo explícito lo que una gran porción del soberanismo entiende que va a suceder, pero nadie se atreve a expresar por temor a ser culpado de derrotista. La consulta es imposible. No se podrá pactar, mientras que llevarla a cabo a la brava implicaría uno costes –en términos penales, para políticos, funcionarios y empresas– inasumibles. Tras cinco años vendiendo humo nadie se atreve a decir aún que la fiesta terminó.

Guerra táctica

Es en este contexto en el que se explica la guerra táctica entre republicanos y convergentes, una disputa que, precisan fuentes políticas, comenzó de hecho cuando el presidente Carles Puigdemont encargó al vicepresidente Oriol Junqueras (ERC) la coordinación de la logística del referéndum. El PDECat, que hasta ahora ha cargado en solitario con el peso de las inhabilitaciones por la consulta del 9-N, señalaba con ese movimiento que ERC no podía quedar al margen. En el lado republicano, dando por hecho que Puigdemont está dispuesto a inmolarse sin temor a no poder repetir como candidato, entienden que tampoco Junqueras tiene que asumir en solitario las consecuencias, siendo como es su seguro cabeza de cartel ante los comicios autonómicos que vendrán. Ahí se entienden los reproches de los republicanos a las consejerías de Gobernación y Educación por no avanzar en la logística de la consulta.

Al respecto, en ERC se presiona por ejemplo para que la firma del decreto de convocatoria del referéndum se haga de forma colegiada, o «en bloque», para demostrar unidad, como ayer reclamaba el diputado Gabriel Rufián. La demanda viene a ser algo así como un doblar la apuesta: si cae uno caen todos, una bravuconada de pésimas consecuencias para la estrategia electoral de unos y otros en caso de que las inhabilitaciones no se limitasen a uno o dos nombres.

La división en el seno de Junts pel Sí es extensible al mismo Govern, donde los consejeros de perfil más moderado, como Jané (Interior) o Vila (Cultura), se ponen de perfil cuando hay quien aboga por gestos de fuerza. Aunque nadie lo reconoce, el soberanismo trabaja ya en el día después del no referéndum.

Fuente: ABC