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La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el techo de gasto de las administraciones públicas para el próximo año con un máximo de 198.221 millones de euros. La partida se situará un 1,1 por ciento por encima del límite financiero del 2022 con el objetivo de poder impulsar las inversiones en públicas en la sanidad, la investigación, la educación o las becas tras el impacto económico provocado por la invasión rusa en Ucrania.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado en rueda de prensa que esta cifra, que representa un récord absoluto, permitirá mantener el “esfuerzo inversor” y alcanzar “hitos históricos” en inversiones públicas como la del campo sanitario. “Este Gobierno tiene una hoja de ruta muy definida”, ha planteado.
La mejora del límite financiero de gasto todavía es mayor si se descuenta de la ecuación el impacto de los fondos europeos, tanto del Plan de Recuperación, Resiliencia y Transformación como del React-UE. El techo exclusivamente con fondos nacionales se ha establecido en 173.065 millones de euros, lo que supone un 1,9 por ciento más que en el ejercicio previo.
La aprobación del techo de gasto abre así la puerta al arranque de las negociaciones políticas para dar forma a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del 2023, los que podrían ser los últimos de la legislatura. Será a partir de ahora cuando los grupos políticos podrán debatir la partida dirigida al Sistema Nacional de Salud (SNS) o a otras áreas de interés como la investigación.
“Es una maquinaria que nos permitirá aprobar en tiempo y forma unas cuentas públicas que son imprescindibles para la recuperación del crecimiento económico y aliviar las necesidades de los hogares”, ha afirmado Montero.
Más allá del techo de gasto, el Gobierno también ha dado más margen de inversión en políticas públicas como la sanidad al conjunto de las comunidades. El Consejo de Ministros ha establecido una tasa de referencia del 0,3 por ciento del PIB en las reglas fiscales de las cuentas autonómicas, lo que supone dos décimas por encima del límite actual.
Para compensar esta manga ancha se ha recortado ese mismo porcentaje en las obligaciones sobre el déficit del Estado que será del 3,4 por ciento en el próximo ejercicio. Mientras que la de los ayuntamientos se ha situado en un superávit del 0,1 por ciento. “El objetivo de todos estos números no es otro que el sector”, ha relatado Montero.
La ministra de Hacienda ha planteado que este esquema es posible como consecuencia de la suspensión de las reglas fiscales que la Comisión Europea aprobó ya en el arranque de la pandemia de Covid-19 para evitar un efecto negativo en la economía de los países miembro. Aunque ha pedido a las administraciones que mantengan su “responsabilidad fiscal”.
A pesar de este récord en el techo de gasto y de la reducción de las obligaciones de las comunidades autónomas, la economía nacional todavía ha sufrido un nuevo retroceso como consecuencia de la Guerra de Ucrania. El Gobierno ha rebajado las previsiones de crecimiento para el 2023 desde el 3,5 hasta el 2,7 por ciento del PIB, aunque ha mantenido el cuadro económico para lo que resta de ejercicio.
Fuente: Redacción Médica
