Los esfuerzos del Gobierno por mejorar su interlocución con las autonomías, por coser una nueva política territorial, sufrió ayer un enorme rasgón. Un día después de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro,entregara en el Congreso los Presupuestos del Estado para 2017, el Ejecutivo se topó con una rebelión autonómica contra el reparto de la inversión pública que alcanzó incluso a las comunidades del PP.
Las autonomías del PSOE, Cantabria y Cataluña criticaron duramente el plan de infraestructuras para este año. Galicia y Castilla y León mostraron sin ambages sus reparos. Sólo Canarias y Madrid se declararon satisfechas. El PP valenciano, en una actuación sin precedentes, apoyó una declaración institucional en las Cortes Valencianas en la que se muestra su «absoluto rechazo» a las cuentas de este año.
Esta última decisión provocó ayer mucho malestar en el PP, el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular. Pero respecto al incendio general el Ejecutivo no se dio prácticamente por enterado. Mientras las autonomías clamaban, desde el Gobierno se seguía haciendo hincapié en el dinero destinado a Cataluña. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, destacaba que es la primera comunidad en volumen de inversiones y la segunda en esfuerzo presupuestario. Esta exhibición del trato dado a Cataluña, que comenzó la semana pasada con un acto específico del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en Barcelona, ha contribuido especialmente a la rebelión, según confirman fuentes populares.
El Ejecutivo suma ahora a la dificultad para aprobar los Presupuestos el malestar generado a nivel territorial. Ayer Rajoy selló con Coalición Canaria el apoyo de este partido a las cuentas para 2017 en un acto en el Congreso que contó con la presencia del presidente canario, Fernando Clavijo. Esta comunidad consigue 1.300 millones a través de diferentes partidas. Previamente, Rajoy protagonizó el mismo acto con el presidente de UPN, Javier Esparza, y sin cámaras de por medio recibió en la Cámara al presidente del Partido Aragonés, Arturo Aliaga.
El respaldo de UPN y PAR estaba garantizado porque concurrieron a las elecciones en coalición con el PP, pero Rajoy no ha escatimado nada en su política de gestos. Y en el Gobierno no se descarta un acto similar con el PNV.
El presidente no quiso hacer ayer declaraciones y, tras ser preguntado por el apoyo del PNV, únicamente contestó que «todo lleva su tiempo». No obstante, en el Ejecutivo dan por hecho que podrán sacar adelante las cuentas de 2017 con los votos de Ciudadanos -con quienes ya han cerrado el acuerdo-, CC, PNV y, probablemente, Nueva Canarias. Con estos apoyos el Gobierno superaría las enmiendas a la totalidad y posteriormente podría aprobar el proyecto si se suma Nueva Canarias. Este último voto está todavía pendiente de negociación. El partido quiere lograr algo más de lo que ya ha conseguido CC y, para hacer valer su fuerza -su voto es decisivo-, ayer anunció que presenta enmienda a la totalidad.
Pero el Gobierno no se enfrenta sólo a estas dificultades. El paso dado ayer por el PP valenciano ha complicado aún más las cosas. El partido firmó una declaración institucional en las Cortes Valencianas de repulsa a las partidas otorgadas por el Gobierno central. Un texto que no sólo expresa el malestar de todos los grupos parlamentarios -incluidos Podemos y Compromís-, sino que exige a los diputados y senadores valencianos que trabajen en las Cortes Generales para mejorar el proyecto en el trámite de enmiendas. De hecho, el documento aprobado exhorta a los representantes políticos elegidos en las tres circunscripciones valencianas a acudir a un encuentro en el Parlamento autonómico con motivo de la conmemoración del 25 de Abril (Día de las Cortes Valencianas) para «trasladarles» la opinión de la Cámara y «coordinar actuaciones para revertir una situación injusta». La idea es que los diputados valencianos de todos los partidos apoyen conjuntamente enmiendas que mejoren la inversión del Estado en la comunidad.
En Madrid, esta decisión del PP valenciano cayó como una bomba. Fuentes populares la calificaron ayer de «delirante» y de «inmenso error». Explicaron que, desde el punto de vista del partido, «hay que estar a las duras y a las maduras». La presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, no había advertido a nadie, según las fuentes consultadas, de esta actuación. Y justo ayer se reunía con Mariano Rajoy, en principio para abordar los congresos provinciales.
El PP valenciano dio total credibilidad a los reproches del presidente valenciano, Ximo Puig. «Mi enfado con Montoro de 1 a 10 es 10», dijo Puig, porque la Comunidad Valenciana es «la última» en inversión por habitante. Puig tildó de «positivo» el rechazo del PP a unos Presupuestos que son «indignantes».
Las críticas del resto de barones socialistas fueron muy parecidas. La presidenta andaluza, Susana Díaz, denunció el «maltrato brutal» que sufre su región. Javier Lambán (Aragón) calificó la inversión en infraestructuras de «decepcionante». Guillermo Fernández Vara (Extremadura) señaló que «son un engaño». La consejera de Infraestructuras del Gobierno asturiano, Belén Fernández, aseguró que se ha producido un «cataclismo inversor».
En Cantabria, su presidente Miguel Ángel Revilla pidió una reunión urgente con Rajoy y mostró su «decepción» por el «maltrato» de las cuentas de 2017.
La consejera de Economía y Hacienda del Gobierno popular de Castilla y León, Pilar del Olmo, se limitó a lamentar los «olvidos» en inversiones en carreteras. Y en Galicia, Feijóo creará una comisión de seguimiento para controlar al Gobierno.
Desde el PP se intentó explicar que los porcentajes de inversión territorializada son un dato «falaz» porque el Presupuesto es algo transversal. «Gracias a Presupuestos como estos -apuntaban- se han creado 60.000 empleos en la Comunidad Valenciana y este año se crearán otros 60.000».
A pesar de las críticas, Montoro volvió a apelar al PSOE para que apoye los Presupuestos. Los socialistas tienen intención de votar no. Pero ayer Pedro Sánchez abrió un nuevo frente de debate: si Rajoy consigue aprobar los Presupuestos sin el apoyo de los socialistas se verá, dijo, la «inutilidad» de haberse abstenido en la investidura.
Fuente: El Mundo