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La Comisión Europea ha dado este miércoles luz verde definitiva a que España y Portugal limiten el precio del gas natural que se emplea para producir electricidad. Así lo ha confirmado el Ejecutivo comunitario en un comunicado en el que cifra en 6.300 millones el coste de esta "ayuda de Estado", que el Gobierno dará en forma de compensación a las compañías que generen electricidad con gas natural. Tal y como ha diseñado el Ejecutivo, esta será la diferencia entre el precio limitado y el precio que estas empresas paguen por el gas en el mercado y que asumirán todos los consumidores de luz en función de su consumo.
"La medida temporal aprobada hoy permitirá a España y Portugal reducir los precios de la electricidad para consumidores que han sido golpeados por el alza de los precios de la electricidad debido a la invasión rusa de Ucrania", ha declarado la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, que ha recordado que a cambio de la autorización para limitar el precio del gas España y Portugal tendrán que reformar sus mercados de energía. Bruselas les da de plazo hasta finales de este año y en el caso de España, de lo que se trata es de reformar el mercado regulado, el de la tarifa PVPC.
La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha calificado de "buena noticia" el aval de la Comisión al "mecanismo excepcional", el cual, según ha indicado, rebajará la factura de la luz entre un 15 y 20%. "Es una medida excepcional que va a permitir a los consumidores españoles y portugueses un nivel de protección en el año que queda hasta el 31 de mayo mucho mayor que a otros consumidores europeos", ha añadido.
Tras el "aval" por parte de Bruselas, Ribera ha instado al PP a apoyar este jueves en el Congreso la convalidación del decreto que da soporte legal al límite del precio del gas. Así, ha esperado "que sea respaldado por todas la fuerzas políticas". "Al parecer, el presidente del PP [Alberto Núñez Feijóo] planteaba dudas sobre que el PP respaldara este mecanismo en ausencia de un aval de la Comisión", ha dicho Ribera, antes de insistir en que ya "ha sido autorizado".
"Reducirá los precios mayoristas de la electricidad para los consumidores", ha indicado la Comisión Europea en su comunicado al autorizar un límite medio anual de 48 euros por MWh, que empezará con uno inferior, de 40 euros, durante los primeros seis meses para ir aumentando a razón de cinco euros mensual hasta el tope mayor, de 70 euros.
Desde el principio, -hace ya más de dos meses- la Comisión ha visto este límite al precio del gas como una ayuda de Estado, que este miércoles ha cuantificado en 8.400 millones de euros, de los que 6.300 millones los dará España y el resto, Portugal. Es la cifra a la que ascenderán las compensaciones que recibirán las compañías que produzcan electricidad con gas natural y que, según figura en el decreto y ha autorizado Bruselas, se sufragará por dos vías. Por una parte, mediante la tasa de descongestión en la venta de gas a Francia y, por otra, mediante un "recargo que impondrán España y Portugal sobre los compradores que se beneficien de la medida".
En lugar de tomarlo por el pago que recibirán las eléctricas por la diferencia entre lo que pagan por el gas en los mercados y por el precio limitado al que lo venderán, Ribera ha preferido mirarlo de otra forma, afirmando que esos 6.300 millones es el sobrecoste del gas que sin este mecanismo se extiende al resto de fuentes de energía. "Pone de manifiesto qué punto había un sobrecoste muy importante" en el precio de la energía, "es el modo en que se paga el gas por encima del precio de referencia", ha dicho.
"La medida [de limitación del precio del gas] se aplicará hasta el 31 de mayo de 2023. El apoyo [a las eléctricas] tomará forma de pago que opera como una ayuda directa a los productores de electricidad destinada a financiar parte de sus costes de combustible", dice la Comisión sobre una medida que busca compensar a las eléctricas por la diferencia entre el precio al que compran el gas y al que pueden venderlo el tope autorizado este miércoles.
Después de semanas estudiando los decretos español y portugués -este último llegó más tarde, apuntan fuentes españolas-, la Comisión ha concluido que el límite para el gas es "diferente de otras formas de intervención de precios" debido a "circunstancias particulares en el mercado mayorista ibérico de la electricidad", dice en línea con los argumentos planteados por Madrid y Lisboa hace ya más de dos meses, en un mensaje en el que también hay una llamada de atención a la dependencia del mercado regulado -en el que están el 40% de los hogares españoles- de las subastas diarias de energía, precisamente lo que Bruselas espera que el Gobierno cambie en los próximos meses.
Como último motivo, alude también al hecho de que el precio del gas -el más caro- marque el precio de todas las demás fuentes de energía, que ha llevado desde hace meses al Gobierno español a reclamar un cambio en el mercado eléctrico europeo para que eso deje de ser así, una idea a la que se ha sumado este mismo miércoles la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen.
"En particular, la limitada capacidad de interconexión de la península ibérica, la elevada exposición de los consumidores a los precios del mercado mayorista, así como la alta influencia del gas en la fijación de los precios de la electricidad han conducido a una seria turbulencia en las economías española y portuguesa", explica la Comisión.
"Es apropiada, necesaria y proporcionada", concluye la evaluación de Bruselas de la propuesta ibérica para limitar el precio de gas. "En particular, reducirá los precios mayoristas de la electricidad para los consumidores, sin afectar a las condiciones comerciales, que sería contrario a los intereses comunes".
El visto bueno definitivo de la Comisión era el último trámite que faltaba para que el límite al precio del gas sea una realidad en España y Portugal. Sin embargo, todavía será cuestión de días porque hasta el martes no se aplicará, según ha indicado Ribera. No podrá empezar la semana porque el lunes es festivo en Portugal, ha añadido, sobre un feriado que se suma a la lista de días libres en la UE en el último mes que ha apuntado como uno de los motivos de que la evaluación por parte de Bruselas, que iba a ser urgente, se haya demorado tres semanas más desde que el 16 de mayo España envió su decreto. En total, serán casi dos meses y medio después del Consejo Europeo de finales de marzo al que Pedro Sánchez y António Costa arrancaron la excepción ibérica.
Según ha explicado la vicepresidenta, la aplicación del precio limitado del gas -empezando por 40 euros la semana que viene- se hará dependiendo del mix energético en cada momento, se ajustará en cada una de las horas del día -que se corresponden con las 24 subastas diarias- en función del gas que se necesite en cada momento. La compensación que se fije entre el precio limitado del gas y el que pagan las eléctricas por él se repartirá en cada hora por el coste de las otras energías que se empleen.
"Es verdad que ha sido un poco más de tiempo del que pensábamos", ha admitido Ribera casi al final de un proceso que empezó el 25 de marzo, ha tenido momentos clave -como el acuerdo político o la aprobación del decreto confirmado este miércoles- y también retrasos que en los últimos días en el Gobierno se achacaban ya exclusivamente a la Comisión Europea.
Ribera ha añadido el hecho de que a mitad de mayo Portugal enviara a Bruselas "una versión mucho más corta" de su decreto, 'hermano' del español que constaba de 76 páginas. "Es verdad que el 6 de mayo [cuando lo envió España] esperábamos dos semanas y han sido tres y media, cuatro", ha precisado la vicepresidenta, que también ha reconocido que, por la parte de la Comisión, "ha sido un ejercicio complicado, técnicamente difícil".
Fuente: 20 Minutos
