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Irene Montero: "Uno de los derechos más importantes que podemos dejarles a nuestras hijas". EL MUNDO
El lema feminista "Sólo sí es sí" ha dado este jueves su paso más importante para convertirse en ley. El Congreso de los Diputados ha aprobado por una amplia mayoría el proyecto estrella de la ministra de Igualdad, Irene Montero, al que tan sólo le quedará ahora el paso formal por el Senado para aprobarse definitivamente y entrar en vigor.
La conocida como ley del sólo sí es sí, por estar inspirada en las proclamas de las movilizaciones feministas que tomaron las calles después de la sentencia de La Manada, tiene como principal novedad que coloca el consentimiento sexual en el centro de las relaciones personales. A partir de ahí, que lo haya o no es lo que resultará determinante a la hora de perseguir las violaciones y las otras violencias sexuales que vienen recogidas en el proyecto.
La consecuencia más visible en el Código Penal es que se pone fin a la diferenciación entre abuso y agresión sexual. Toda conducta sexual sin consentimiento será considerada agresión y será castigada con un abanico de penas según las circunstancias y los agravantes (violencia, uso de la sumisión química, en grupo...).
El proyecto de ley ha logrado un amplio respaldo del Congreso, con el voto a favor del PSOE, Unidas Podemos, ERC, Ciudadanos, PNV, EH Bildu, Más País, Compromís yJunts, entre otros. La votación se ha saldado con 201 votos a favor, 140 en contra y tres abstenciones.
Los votos en contra han sido básicamente de PP y Vox. La principal censura que hacen los populares, como ha explicado la diputada Marta González, es que la redacción del consentimiento "pone en riesgo la presunción de inocencia" porque "invierte la carga de la prueba" en el denunciado, quien será el que tenga que demostrar que hubo consentimiento. Vox ha incidido también en esto porque, a su juicio, "se fuerza" a los jueces a "creer a la mujer sin pruebas" y permite que éstas puedan "mentir" y "delinquir" sabiendo que en muchas ocasiones es "imposible" demostrar el consentimiento.
La ley ha generado un amplio consenso entre los grupos de izquierdas, pero la prostitución ha vuelto a demostrarse como un tema de conflicto, después de que este asunto haya sido el foco de debate y conflicto en la última fase de la tramitación. El PSOE ha lamentado que la ley de libertad sexual vaya a dejar fuera a las mujeres que están bajo ese "yugo" y que haya sido por la "amenaza" de otros partidos, dispuestos a tumbar la ley por este tema. La diputada Laura Berja ha criticado que algunos grupos "no saben qué decir porque no tienen una posición" y ha urgido a dejar de decir "ahora no toca" porque es el momento de posicionarse. Será en la ley específica que ha presentado el PSOE para abolir la prostitución.
Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha celebrado que el movimiento feminista "vuelve a hacer historia" con esta ley y ha subrayado que la norma supone un "paso decisivo para cambiar la cultura sexual" del país, para dejar atrás el "terror sexual", la "culpa" o el "miedo".
"Queremos dejar atrás la cultura de la violación y construir una verdadera cultura del consentimiento", ha recalcado. Algo que, según ha afirmado, se va a conseguir "a pesar" del "ruido reaccionario", la "extrema derecha" o la "justicia patriarcal".
Estas son los puntos clave de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la conocida como ley del sólo sí es sí:
Es el aspecto fundamental que inspira y vertebra la ley y que servirá para juzgar todos los delitos sexuales. Se puede resumir en el lema "Sólo sí es sí", que se utilizó en las protestas feministas por el caso de La Manada. Así viene explicado en la ley: "Sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona". Es decir, el consentimiento tiene que ser positivo; el silencio, la pasividad o no mostrar oposición no servirán en caso de que haya denuncia por agresión.
Los autores de la norma quieren que con esto se evite dejar indefensas a las víctimas de agresión sexual que no hayan manifestado resistencia física por diferentes motivos, como pueden ser el miedo o la intimidación.
Está vinculado al punto anterior y es uno de los asuntos más relevantes de la ley. Se pone fin a la distinción entre abuso y agresión sexual con una reforma del Código Penal que pasará a considerar violación todos los actos sexuales no consentidos por la víctima, que serán castigados con diferentes tipos de penas en función de la gravedad y de las circunstancias. Hasta ahora la distinción se determinaba en función de si concurrían episodios de violencia o intimidación. Cambiar esto era una reivindicación del movimiento feminista.
El nuevo sistema de penas va desde una multa hasta penas de prisión de 12 años para las violaciones agravadas, y de hasta 15 años cuando concurran dos circunstancias agravantes. Entre los agravantes están, entre otros, las agresiones sexuales cometidas por dos o más personas, el uso de fármacos o drogas para anular la voluntad de la víctima, que la mujer sea pareja o ex pareja (aun sin convivencia) o el uso de la violencia física o armas para amenazar.
Una novedad es la persecución como delito de las expresiones, piropos, comportamientos o proposiciones de carácter sexual "que creen a la víctima una situación objetivamente humillante, hostil o intimidatoria". Acarrearán multa o trabajos en beneficio de la comunidad o pena de localización permanente. Para eso la persona agraviada tendrá que interponer una denuncia.
Finalmente este asunto ha quedado fuera de la ley, después de que se produjera un choque frontal entre las fuerzas de izquierdas que hizo peligrar la tramitación de la norma. El Ministerio de Igualdad se enmendó a sí mismo y apoyó desde Unidas Podemos a otros grupos parlamentarios para levantar de la ley la persecución de la tercería locativa, es decir, la cesión de espacios, locales o pisos para ejercer la prostitución, aunque sea de forma voluntaria. El PSOE presentó una enmienda para endurecer esa persecución, pero finalmente se vio obligado a ceder y retirarla porque el resto de partidos de izquierdas amenazaron con tumbar la ley.
Se establece un catálogo de medidas para brindar a las víctimas de violencias sexuales una asistencia integral especializada para abordar su situación. Desde la atención médica, psicológica o laboral, al asesoramiento jurídico y asistencia jurídica gratuita. Para poder prestar este servicio se pondrán en marcha "centros 24 horas" bajo los criterios de "atención permanente y actuación urgente".
En cuanto a las víctimas menores de edad, se establecen las bases para implementar en España el modelo Children's House anglosajón o Barnahus escandinavo. Se busca que en estas Casas de Niños los menores reciban una atención especializada. También que la obtención de justicia se haga con mayores garantías y sin revictimizar a los menores, por ejemplo obteniendo un testimonio en condiciones de seguridad que facilite la investigación.
La difusión de fotografías y vídeos privados de contenido sexual sin consentimiento será una conducta castigada con penas de tres meses a un año de cárcel o una multa de seis a 12 meses. Igualmente, compartir o reenviar por WhatsApp u otras vías este tipo de imágenes después de haberlas recibido será también objeto de una multa de uno a tres meses.
El sistema educativo impartirá contenidos sobre "educación sexual e igualdad de género y educación afectivo-sexual para el alumnado apropiados en función de la edad" y "en todos los niveles educativos". Además, en todas las etapas habrá contenidos formativos "sobre el uso adecuado y crítico de internet y las nuevas tecnologías, destinados a la sensibilización y prevención de las violencias sexuales y la protección de la privacidad".
Además de la violación, que es la expresión más grave, también se catalogan como violencias sexuales la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso con connotación sexual y la trata con fines de explotación sexual.
Fuente: El Mundo
