EL GOBIERNO DENUNCIA QUE LOS MÓVILES DE PEDRO SÁNCHEZ Y MARGARITA ROBLES HAN SIDO INTERVENIDOS POR PEGASUS EN UN "ATAQUE EXTERNO"

Lunes, fiesta en muchas comunidades. El Gobierno convoca, por sorpresa una rueda de prensa. El Gobierno denuncia un "ataque externo" en los móviles de Pedro Sánchez y Margarita Robles mediante el sistema de espionaje Pegasus -el mismo con el que se espió a independentistas-. Según dos informes del Centro Criptológico Nacional (CCN), que está adscrito al CNI, el Ejecutivo dice que se han constatado dos "intrusiones" en mayo de 2021 (móvil de Sánchez) y junio de 2021 (móvil de Robles).

El CNI está inmerso en una labor de verificación de los terminales de todos los miembros del Ejecutivo para determinar si ha habido más intrusiones. Por tanto, el Gobierno aún desconoce si ha habido más intrusiones.

La "intrusión" a Sánchez y Robles e consumó en mayo y junio y en las mismasse extrajo "determinado volumen de datos"de los terminales del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa. La intrusión en el móvil del presidente del Gobierno se produjo en dos ocasiones en el mes de mayo: en la primera se extrajo 2,6 gigas de información y en la segunda 130 megas. El 'robo' a Robles ascendería a 9 megas.

La recomendación a los miembros del Gobierno es que con periodicidad vacíen sus terminales, a fin de no llevar consigo información. A ello se debe que la información sustraída a la ministra de Defensa sea tan pequeña, no así al presidente del Gobierno, al que su móvil se le retiró hace unos días cuando se constató la intrusión.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha explicado que se trata de un "ataque externo" porque en España "todas las intervenciones que se pueden producir se hacen por organismos oficiales y con autorización judicial y por eso no tenemos duda de que es una infección externa". El Ejecutivo defiende que no ha sido llevada a cabo por organismos estatales, pero evita señalar, al menos de momento, un culpable, señalar un país. Simplemente califica estas intrusiones mediante el sistema de espionaje Pegasus de "ilícitas" y "externas".

Lo cierto es que las fechas conceden con un momento de convulsión en la política española y para el Gobierno como fue la concesión de los indultos a los líderes independentistas por el 1-O. El Consejo de Ministros lo aprobó el 22 de junio de 2021, aunque ya se llevaba semanas con el tema en sobre la mesa, dándose por hecho.

Y también con la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, que aterrizó el 18 de abril de 2021 en la base áerea de Zaragoza, para recibir atención médica en Logroño. Esta decisión, provocó la ruptura de relaciones diplomáticas con Marruecos.

Pese a que ha pasado un año desde este "ataque externo" al móvil del presidente del Gobierno, desde el Ejecutivo sostienen que la "verificación" se ha producido en los últimos días y que el "conocimiento pleno" con los informes elaborados por el CNI se produjo este domingo 1 de mayo. El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, ha puesto los datos en manos de la Justicia y ha presentado en la mañana de este lunes una denuncia en la Audiencia Nacional.

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha acordado remitir al Juzgado Central de Instrucción Decano, para que se proceda a su reparto al que por turno corresponda.

Lo único que ha podido afirmar el ministro Bolaños es que desde los meses de mayo y junio de 2021 no ha habido más intrusiones mediante Pegasus en los terminales de Sánchez y Robles.

Este anuncio se produce en plena polémica por el espionaje mediante Pegasus a independentistas, que ha provocado un choque entre el Gobierno y sus socios, que exigen cabezas para depurar responsabilidades. Desde el Ejecutivo se ha puesto el foco en el CNI y se emplazan a dar explicaciones en la comisión de secretos oficiales. Pero este choque ha provocado que el decreto económico para paliar las consecuencias de la guerra en Ucrania estuviera a punto de no salir.

NO ES LA PRIMERA VEZ

Sin embargo, no es la primera vez que la seguridad de Estado sufre una brecha en lo que respecta a los móviles de los miembros del Gobierno. En agosto de 2020, el Departamento de Seguridad Nacional de la Presidencia del Gobierno y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) informó de que se estaba investigando el hackeo de teléfonos móviles de ministros y altos cargos del Gobierno.

Entre los afectados estaba el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, pero varios altos cargos del Gobierno recibieron mensajes sospechosos en sus teléfonos y que podría tratarse de ataques.

En sus informe, el CCN ya advierte de que España "sufre diariamente ciberataques de peligrosidad muy alta o crítica contra el sector público y las empresas estratégicas". No lo explicita, pero de manera velada se ingiere una mirada hacia Rusia: "Algunas de estas acciones provienen de otros Estados, que tienen entre sus motivaciones debilitar la capacidad política, tecnológica y económica nacional. El impacto de estos ataques puede derivar tanto en pérdidas millonarias en empresas privadas hasta interferir en el normal funcionamiento de servicios públicos esenciales para la ciudadanía".

Precisamente en abril de 2021 se produjo un ciberataque que afectó a los ministerios de Economía, Interior, Justicia, Educación y también al Instituto Nacional de Estadística (INE).

"Ante la advertencia en la tarde de ayer de un posible ciberataque que podría afectar a diferentes organismos, entre ellos aunque de forma indirecta el Instituto Nacional de Estadística (INE), éste decidió, como medida preventiva restringir todas las comunicaciones externas", explicó el INE el 23 de abril de 2021.

Sólo un mes antes, en marzo de 2021, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), quedó paralizado durante días impidiendo el acceso a su página web.

Fuente: El Mundo