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15/03/2022

EL GOBIERNO APROBARÁ EL 29 DE MARZO EL PLAN DE RESPUESTA A LA GUERRA INCLUYENDO REBAJAS FISCALES

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Pedro Sánchez supedita el detalle de las mismas al éxito de sus gestiones para conseguir que el Consejo Europeo (24-25 de marzo) apruebe una reforma del sistema de fijación de precios desvinculando el precio del gas del precio de la electricidad.


Pedro Sánchez durante su visita a las tropas de la OTAN en Letonia - EUROPA PRESS

 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se marca dos fechas clave en la respuesta a las consecuencias económicas de la guerra. En primer lugar el 24-25 de marzo, cuando se celebra el Consejo Europeo. Una cita en la que Sánchez va a intentar que salga adelante su propuesta para «desacoplar» el precio del gas en los mercados del precio de la electricidad. Y en segundo lugar el 29 de marzo, en la que el Consejo de Ministros aprobará el Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas de la guerra.

Este plan incluirá rebajas fiscales. Así lo ha dado por sentado el presidente del Gobierno durante una entrevista en La Sexta. Pero Sánchez no ha querido detallar ese paquete de medidas.

Porque el Gobierno valora todavía su profundidad. El triunfo o no del Gobierno en esa primera cita del Consejo Europeo será determinante. Si se logra reformar el sistema de fijación de precios las rebajas fiscales serán menos ambiciosas y quedarán en un segundo plano.

Sánchez ha defendido que habrá esas rebajas fiscales, a lo que se comprometió en la conferencia de presidentes autonómicos celebrada en La Palma, pero dejando claro que la prioridad no es esa, porque de poco servirían esas rebajas, a juicio del Gobierno, si el mercado de fijación de precios es «disfuncional». Por eso la prioridad es «acabar con este contagio» mientras que nuevas rebajas fiscales «no es lo más relevante». Sánchez defiende que mantener todo el año las rebajas fiscales ya aprobadas tendrá ya un coste de entre 10.000 y 12.000 millones de euros.

Sánchez ha confirmado la disposición del Gobierno a retocar a la baja los impuestos del carburante para amortiguar el impacto de la espiral de precios sobre empresas y familias pero ha eludido dar cualquier detalle sobre el modo en que se hará. Ha recordado en este sentido que el Ejecutivo ya ha aprobado medidas fiscales para rebajar el precio de la electricidad y que éstas tienen ya un elevado coste para las arcas públicas. La hoja de ruta del Gobierno pasa por esperar al Consejo Europeo y utilizar la baza de la fiscalidad de forma general o más selectiva en función de lo que allí se apruebe.

Y lo que el Gobierno quiere que se apruebe es un compromiso para desacoplar de manera no solo coyuntural sino permanente el precio de la electricidad del gas, una singularidad del sistema europeo de formación de precios que empuja al alza de forma singular los precios en España. En el Gobierno están convencidos, y Sánchez lo reiteró ayer, que la crisis ha acercado a la mayoría de los gobiernos europeos hacia la posición que el Gobierno viene defendiendo desde hace meses, en un contexto bien diferente. El presidente cree que ha sido esa nueva mayoría latente a favor de topar los precios de la energía y no otra cosa lo que ha hecho que el precio del gas haya bajado en los últimos días.

El cambio en el modelo de fijación de precios entiende Sánchez que es algo fundamental porque de persistir esta espiral alcista «claramente veo que nos lleva a una situación de puesta en riesgo de toda la industria». Así, Sánchez fía la respuesta a lograr esa reforma que el Gobierno español lleva defendiendo meses, sin éxito. Pero en última instancia confirmó que «va a haber rebajas fiscales en ese plan nacional» porque «no vamos a permitir que sociedad española sea rehén chantaje energético». Previamente habrá una ronda de negociación con los sectores más afectados. En varios momentos el presidente se refirió a la excepcionalidad de la respuesta con la que se tuvo que dar en los momentos más duros de la pandemia.

Preguntado por el aumento del presupuesto en Defensa, Sánchez ha sido claro: «Debemos hacerlo». Y ha planteado que de cara a los próximos Presupuestos ya habrá ese incremento y que se establecerá un horizonte para cumplir con el 2% de inversión en Defensa. El Consejo de Ministros aprueba hoy la adhesión formal de España junto a otros 38 países para que el fiscal de la Corte Penal Internacional investigue a Putin por crímenes de guerra.

 

"No sabemos qué país va a ser el siguiente"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzaba esta información en la noche de ayer durante una entrevista en La Sexta en la que se expresó con mucha crudeza sobre la situación que vive el mundo como consecuencia de la invasión de Rusia sobre Ucrania. Sin querer atreverse en ningún momento a descartar el escenario de una III Guerra Mundial, Sánchez se refirió a este conflicto como un episodio que va a definir el futuro de España y de Europa «los próximos 20 o 30 años».

El presidente español no ha descartado que se tenga que incrementar el envío de material militar a Ucrania, tanto ofensivo como defensivo. Reconociendo que él ha cambiado su postura en esta cuestión, Sánchez consideraba imprescindible «para los pies a Putin ahora, en Ucrania», porque de lo contrario «no sabemos qué país va a ser el siguiente».

En la sala de máquinas del Gobierno este diagnóstico es muy claro. Se traslada que no era opción plantear una respuesta tibia, en referencia a las decisiones que se tomaron en las anteriores acciones militares de Putin sobre la península de Crimea o Georgia. En el horizonte como países amenazados por «el ansia expansionista» de Putin aparecen países como Moldavia. España y los socios de la UE creen que una resistencia contundente en Ucrania desincentivará esas tentaciones futuras. Que serían dramáticas si Putin pone sus ojos en las repúblicas bálticas.

Sobre esto último, como países miembros de la OTAN, Sánchez ha recordado la obligación del resto de aliados de responder ante una agresión en virtud del artículo 5 de la Alianza. Pero ha puesto encima de la mesa también el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea, que obligaría a auxiliar a países del club comunitario aunque no estén en la OTAN. Es por ejemplo el caso de Finlandia. Aunque destacando que «no estamos en ese escenario todavía».

 

 

Fuente: ABC

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