La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera. EUROPA PRESS
La ciudad escocesa de Glasgow acoge ya la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP 26, que se desarrollará hasta el próximo 12 de noviembre. España acude a esta cumbre con los deberes económicos cubiertos en lo que a esfuerzo inversor se refiere.
El proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022 contempla una inversión verde de 13.570 millones de euros, repartidos en actuaciones de distintos ministerios. Esta cantidad es posible gracias a la inclusión en las cuentas públicas de los fondos europeos Next Generation que ascienden en total a 27.633 millones de euros para el año que viene y que contribuyen en gran manera, porque así está establecido, a las partidas correspondientes a medidas medioambientales y de lucha contra el cambio climático.
Las partidas muy destacadas a las que se dedicará el dinero europeo son la rehabilitación de viviendas para conseguir más eficiencia y el plan de choque de movilidad urbana y metropolitana, con 2.839 millones y 2.184 millones de euros respectivamente. Estas serán las medidas estrella de las se encargará el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Este departamento contará, asimismo, con otra gran inversión considerada sostenible: 5.442 millones para el transporte ferroviario, dirigidos sobre todo a mejorar la red de cercanías y la electrificación de diversos tramos. La del ferrocarril supone la mitad de la inversión en infraestructuras. Las hidráulicas, por su parte, contarán con una partida de 995 millones.
La Administración dedicará, a su vez, 435 millones de euros en transformar edificios de su propiedad con el fin de convertirlos en más sostenibles.
Aunque las medidas de lucha contra el cambio climático son transversales y afectan a casi todos los ministerios, el Ministerio de Transición Ecológica tiene un papel destacado en cuanto a inversiones, ayudadas por 4.378 millones de los fondos europeos. A fomentar el vehículo eléctrico se destinarán 445 millones; al desarrollo de energías renovables innovadoras, 630; y al del hidrógeno de origen renovable o verde, 555.
Medio Ambiente se encargará de la conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad, con 343 millones; a depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro, reutilización y seguridad de infraestructuras, 255; a la restauración de ecosistemas fluviales, recuperación de acuíferos y mitigación del riesgo de inundaciones, 344; y a la implementación de la normativa de residuos y el fomento de la economía circular, 300 millones. De la cantidad citada de los fondos Next Generation, 4.378 millones, Parques Nacionales, el Instituto para la Transición Justa y las confederaciones hidrográficas también se llevarán una parte. En total, las actuaciones de Medio Ambiente aumentan su presupuesto un 71% respecto a 2018.
No hay transformación
Sin embargo, no todo es de color de rosa. Dos organizaciones ecologistas, Greenpeace y WWF España, critican que el aumento de las inversiones no sirve para realizar una verdadera transición ecológica.
Alicia Cantero, responsable del Área de Incidencia de Greenpeace, declara que “sí hay partidas importantes pero no hay medidas que promuevan la transformación de los modelos energéticos, industrial, agrario o de consumo que son ahora mismo insostenibles”. Para esta organización, no se aprovecha para atacar causas y ponen como ejemplo el caso del uso del agua “ya que no se abordan los hechos que producen su contaminación y su escasez”.
En cuanto a las inversiones del Ministerio de Agricultura –8.844 millones van a ir a parar a los sectores agrícola y pesquero–, Cantero critica que se siga apoyando a los regadíos o que el 96% de las inversiones en las costas (233 millones) sean para paseos marítimos y arenas de las playas. La responsable de Greenpeace señala también: “Lamentamos que las ejecuciones y las concesiones sean tan lentas, todo el esfuerzo inversor debe ser más ágil”.
Cantero recuerda, además, que ya en los Presupuestos del Estado para 2021 se incluyeron fondos europeos, aunque todavía estos no habían llegado pero podían presupuestarse. El propio Ministerio de Hacienda asegura que en las cuentas de 2021 y en lo que respecta al dinero de la UE, “había más presencia en gasto corriente”, mientras que para 2022 “ya se plasma el grueso de los proyectos y reformas estratégicas”.
Otro asunto que queda pendiente, según Greenpeace, es cumplir el artículo 30 de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, aprobada el pasado mes de mayo, el cual establece: “Al menos un porcentaje equivalente al acordado en el Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea de los Presupuestos Generales del Estado (30%) deberá contribuir a los objetivos establecidos en materia de cambio climático y a la transición energética, de acuerdo con la metodología y los plazos que se establezcan reglamentariamente”. Los Presupuestos actuales “todavía no recogen ese porcentaje”, afirma Cantero.
Enrique Segovia, director de Conservación de WWF España, es de la misma opinión y añade que el año que viene “habrá un avance en cuanto a cantidad económica y hay buenas medidas como las que afectan a la movilidad urbana y la rehabilitación”. Pero, por el contrario, las inversiones para la modernización de regadíos , “que no ahorran agua y nos abocan al desierto hídrico”, y la falta de apoyo a la agricultura extensiva y de secano “son un error”. Segovia echa de menos, asimismo, “una potente apuesta por la restauración de la naturaleza, de la biodiversidad y del cambio de modelo”.
Fuente: Cinco Días