Vacunar al 70% de la población española contra la COVID-19 para finales de agosto. Ese es el objetivo al que aspira el Gobierno de Pedro Sánchez, que afronta ahora un nuevo reto con las nuevas restricciones en la administración de AstraZeneca. Esta cifra supone que, antes del final del verano, 33 millones de personas estarán inmunizadas con uno de los fármacos contra el coronavirus. Sin embargo, ¿quiénes quedarán fuera de ese porcentaje y deberán esperar más para estar protegidos? Niños, embarazadas y contagiados recientes serán algunos de los que tendrán que aguardar.
Han pasado poco más de tres meses desde la llegada a España del compuesto contra la COVID de Pfizer, que dio el pistoletazo de salida a la campaña de vacunación, con la inyección del suero a usuarios de residencias, dependientes y sanitarios de primera línea. A estos colectivos los siguieron, tras el desembarco en territorio nacional de los preparados de Moderna y AstraZeneca, los mayores de 80 años y los trabajadores esenciales. Ahora acaba de comenzar la inoculación a personas entre los 79 y los 60, pero falta por determinar cómo se desarrollará la última fase del plan.
Con la única indicación de Sanidad de que ese 30% restante vendrá determinado por el orden establecido en la Estrategia de Vacunación y sus sucesivas actualizaciones, los expertos tratan de arrojar algo de luz sobre esta incógnita. Con certeza, en septiembre no habrán recibido todavía el pinchazo los menores de 16 años -al no haber sido aprobado ningún suero para ellos-, individuos para quienes está contraindicado y personas que lo hayan rechazado, explica a 20minutos Ángela Domínguez, catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Univeridad de Barcelona.
"Se están haciendo previsiones sin tener todos los datos, sin considerar los posibles problemas. Es poco probable que se alcance el objetivo"
Sin embargo, esos niños y adolescentes solo representan el 16,50% de la ciudadanía, por lo que este 30% de personas a la espera del compuesto estará integrado también por otros grupos. "Habría población por debajo de 45 años que no tenga una ocupación o condición de riesgo que le haya hecho recibir la vacuna previamente", añade Domínguez. Y, aunque el Ejecutivo no ha precisado el orden de inmunización en ese colectivo, el profesor de los Estudios de Salud de la UOC Salvador Macip ve "probable" que continúen con un criterio de edad descendente, con lo que serían los más jóvenes quienes más deberían aguardar.
A estos grupos, el portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, Raúl Ortiz de Lejarazu, suma las embarazadas. En la actualidad, el Ministerio desaconseja la administración de estos preparados a gestantes, a falta de "evidencia suficiente para recomendar su uso" en ellas, y propone realizar la inoculación tras el parto. También verán retrasada su vacunación los menores de 65 contagiados recientemente, pues deben transcurrir seis meses desde la infección hasta la dosis. Todo ello, provocará que parte de este 30% corresponda a estos dos colectivos.
Ambos expertos coinciden en que este objetivo del Gobierno es "demasiado optimista", dado que el plan es "dinámico" y "se va actualizando en función de las vacunas disponibles". "Una cosa es la que está sobre el papel y otra lo que ocurre", incide Domínguez, que es también coordinadora del Grupo de trabajo sobre vacunaciones de la Sociedad Española de Epidemiología, y pone de ejemplo los "tropiezos" sufridos con AstraZeneca. No obstante, reconoce que es "positivo" contar con metas para "avanzar".
"Se están haciendo previsiones sin tener todos los datos, sin considerar los posibles problemas, y el ritmo depende mucho de la llegada de los compuestos. Es poco probable que se alcance el objetivo del 70% en esa fecha. Los objetivos no han sido nunca realistas, se ha pecado de optimista", opina Macip, y considera que "habría que ser más conservador".
"La estrategia es correcta. Queremos evitar lo peor que puede pasar con la COVID, que son las muertes, los ingresos en UCI y las hospitalizaciones"
En esta línea, el también investigador de la Universidad de Leicester recalca que la inmunidad de grupo no se alcanzará con el 70% de la población vacunada, sino que deberá llegar al 80-90%. Esto obedece a que los sueros "frenan la enfermedad, pero no el contagio, por lo que el virus sigue circulando y mutando".
Algo más positivo se muestra el virólogo Ortiz de Lejarazu: "El objetivo del 70% parecía cumplible, con ciertas dificultades, dadas las características de transporte y conservación de las primeras vacunas RNA (a -70º), que luego se habría de facilitar con las siguientes de vectores virales ( a +4º). Sin embargo, la carencia de sueros de la UE, las interrupciones y las modificaciones de edad debido a cuestiones de eventos raros de seguridad hacen que esa meta a día de hoy sea más difícil de alcanzar. Confiemos que se pueda llegar".
También sobre la idoneidad de la campaña se pronuncia Domínguez, que afirma sin ambages que la estrategia del Ejecutivo español de priorizar a los mayores y a los profesionales esenciales es "correcta". "Sin ningún tipo de duda. Queremos evitar lo peor que puede pasar con la COVID, que son las muertes, los ingresos en UCI y las hospitalizaciones. Estas situaciones son más frecuentes en los ancianos, por eso es importante empezar por ellos e ir reduciendo la edad", señala, y antepone este grupo a los jóvenes, aunque puedan tener más contactos sociales y provocar una propagación superior.
"Querríamos eliminarlo todo, también los contagios; pero hay que decidir, porque las dos cosas no pueden ser. Para dar una respuesta adecuada, es fundamental evitar la enfermedad en los grupos con más complicaciones. Por una parte, la edad es un factor de riesgo; por otra, los sanitarios, los cuerpos esenciales y los docentes realizan una actividad imprescindible", considera.
"Hay demasiada gente de más de 70 años sin sus dosis. Cada día que pasa sin que las reciban, aumenta la posibilidad de que mueran"
En la misma línea se expresa Lejarazu: "Lo primero es cuidar a los que te cuidan, luego proteger a los que colapsan los hospitales y hacen que haya más muertes indirectas por otras patologías no bien atendidas durante la pandemia. A continuación, los servicios esenciales de la comunidad, después el resto".
Concuerda con ellos parcialmente Macip, que coincide en la pertinencia de comenzar con las personas de riesgo, como los mayores y los pacientes con patologías graves. Sin embargo, se muestra crítico con la decisión del Gobierno de administrar dosis también a jóvenes con profesiones esenciales, salvo sanitarios en primera línea. "Hay demasiada gente de más de 70 años sin sus dosis. Cada día que pasa sin que las reciban, aumenta la posibilidad de que fallezcan. Los de 40 no van a morir, los ancianos sí. Este es el error principal", dice, y defiende el uso de AstraZeneca también en los grupos de más edad.
Fuente: 20 Minutos