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Imagen de archivo de un ciudadano en su balcón durante el confinamiento. EUROPA PRESS
El Gobierno central consumó esta medianoche su retirada prácticamente total de la toma de decisiones sobre medidas para luchar contra la expansión de la pandemia. A las 0.00 h concluyó el primer plazo de 15 días del estado de alarma y entró en vigor la prórroga de 6 meses, en la que serán las comunidades autónomas las que decidan definitivamente las medidas para frenar la pandemia en sus territorios. El efecto más claro será el toque de queda nocturno que se ha aplicado en todo el país en los últimos 15 días, la única medida con carácter general que tomó el Gobierno central el 25 de abril y que ahora desparece y solo será sustituida si así lo determinan los distintos gobiernos regionales para sus territorios. También tienen en su mano intensificar las medidas, como ya han empezado a hacer en los últimos días, y podrían llegar incluso al confinamiento domiciliario que algunas comunidades ya han pedido al Gobierno para sus territorios y que Sanidad se ha comprometido a estudiar.
El inicio de la prórroga de seis meses -revisable dentro de cuatro, el 9 de marzo- terminará así con el proceso de transferencia de competencias relativas a la pandemia desde el Gobierno central a los autonómicos que empezó en primavera. Entonces, a medida que pasaban las prórrogas, se fue pasando del férreo control desde Madrid con el que empezó el primer estado de alarma a dar más margen de maniobra a las comunidades autónomas.
Finalmente, este segundo estado de alarma amplió hasta casi el extremo las capacidades autonómicas hace 15 días, al hacer constar en el decreto que el cierre perimetral de comunidades o territorios más pequeños o la limitación a seis el número de personas no convivientes que podían reunirse entrarían en vigor solo en los territorios donde los gobiernos regionales así lo decidieran.
Son medidas de mínimos porque desde entonces las comunidades han ido tomando otras, como el cierre de la hostelería y gimnasios o la clausura temporal de las clases presenciales en la universidad.
El Gobierno central solo se reservó entonces tomar una medida de carácter estatal: decretar un toque de queda nocturno, entre las 23 horas y las 6 horas, pero con flexibilidad para que las comunidades decidieran adelantar o retrasar en una hora el comienzo y el fin. Sin embargo, el toque de queda general decaerá esta medianoche y solo se mantendrán en las comunidades que así lo hayan decidido. Por ejemplo, en Cataluña, donde el Govern ha decretado al menos otros 15 días más.
Así, el final del primer periodo del estado de alarma -los 15 días durante los que el Gobierno central no necesitaba el aval del Congreso- y el inicio de la prórroga llevará al Gobierno central a dejar definitivamente en manos de las comunidades las medidas contra la pandemia. Es la última parada de la "cogobernanza" que primero pidieron los partidos de la oposición y después el presidente, Pedro Sánchez, ha convertido en un mantra. En la práctica, hará que a partir de esta medianoche el Gobierno central quede como mero coordinador de las comunidades, que también tendrán en su mano la medida más drástica: decretar confinamientos domiciliarios.
Según la prórroga que aprobó hace dos semanas el Congreso, la coordinación seguirá en manos del Consejo Interterritorial de Salud, que reúne todos los miércoles al ministro, Salvador Illa, y a los consejeros autonómicos. Illa rendirá cuentas todos los meses ante el Congreso y Sánchez, cada dos meses, el plazo que los grupos consiguieron arrancarle para que él también comparezca en la Cámara para hablar del estado de alarma. Dentro de unos meses, Sánchez y los presidentes autonómicos analizarán en una Conferencia de Presidentes si la situación aconseja adelantar el levantamiento del estado de alarma dos meses antes de lo previsto, el 9 de marzo en lugar del 9 de mayo.
La prohibición de salir de casa es la mayor limitación de derechos y libertades bajo el paraguas del estado de alarma, el único instrumento jurídico que podía ampararlo según llevan meses insistiendo fuentes del Gobierno. Sin embargo, el Ejecutivo se resiste a volver a decretarlo, como han hecho otros gobiernos europeos. Alega que -como también ocurrió en la primera ola- la situación es dispar y que hay que esperar -hasta este lunes- para ver si las medidas que ya están en pie surgen efecto.
Sin embargo, a medida que la segunda ola se agrava, son más los gobiernos regionales que piden autorización para poder prohibir a sus ciudadanos salir de casa. Empezaron Castilla y Léon, Asturias, Ceuta y Melilla y le han seguido otras, como Andalucía y País Vasco. El Gobierno central todavía no ha respondido, lo que ha llevado al Gobierno asturiano a pedir a sus ciudadanos que se "autoconfinen".
Por el contrario, la Comunidad de Madrid, donde la evolución de la pandemia experimenta una mejoría, no contempla esta opción y ni siquiera piensa en el cierre de la hostelería como sí han decretado Cataluña, Navarra o Castilla y León y Andalucía ya no descarta tampoco.
Fuentes autonómicas aseguran que Illa se comprometió a estudiar la posibilidad de permitir confinamientos domiciliarios por territorios en el Consejo Interterritorial de Salud del miércoles pasado. En todo caso, la solución que se contempla sería de nuevo a nivel autonómico y con una participación mínima del Gobierno central.
Fuente: 20 Minutos
