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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue desoyendo las reclamaciones que hacen varios grupos parlamentarios e insiste en prorrogar el estado de alarma durante seis meses, hasta el 9 de mayo. Este es el plazo que figura en la solicitud de prórroga que el Consejo de Ministros ha acordado pedir al Congreso en la que se elimina el actual toque de queda general. Decaerá el 8 de noviembre con el primer plazo de 15 días del estado de alarma y a partir del 9 de noviembre corresponderá a los presidentes autonómicos decidir si lo prolongan o si dejan de aplicarlo en sus territorios.
El Gobierno insiste en su solicitud al Congreso en que tenga una duración de seis meses, a pesar de que grupos como PP, Ciudadanos, ERC o Bildu han coincidido en los últimos días en considerar que medio año es un plazo demasiado largo y que la prórroga debería ser por menos tiempo. A pesar de ello, la portavoz, María Jesús Montero, ha sugerido que el Gobierno tiene asegurados ya los votos necesarios para sacar adelante la prórroga por seis meses. "Si este Ejecutivo impulsa este decreto con esta duración es porque una vez consultadas las formaciones entendemos que va a contar con los apoyos necesarios", ha afirmado.
Según ha explicado, la petición de prórroga modifica el real decreto que se aprobó el domingo por lo que respecta a las restricciones nocturnas de movimiento. En el estado de alarma vigente, fue el Gobierno central quien decretó este toque de queda de manera general, entre las 23 y las 6 horas, aunque las comunidades podían retrasarla o adelantarlas una hora.
Cuando el 8 de noviembre entre en vigor la prórroga que el Gobierno espera que el Congreso apruebe, este toque de queda nacional decaerá y serán los presidentes y presidentas autonómicos quienes decidan en cada caso mantenerlo o no.
"A partir de la extensión del decreto de alarma quedará a criterio y juicio de las autoridades competentes delegadas, cada presidente [autonómico] decidirá cuáles son las restricciones de movimiento que se tienen que establecer en cada comunidad" a la vista de los indicadores epidemiológicos, ha indicado Montero.
El Gobierno justifica este segundo estado de alarma general para "dar amparo" a las medidas que puedan tomar los presidentes autonómicos, a quienes Montero ha insistido este martes en dar todo el protagonismo una vez que expire la actual primera quincena de un estado de alarma que, a diferencia del de la primavera, delega toda la responsabilidad y la capacidad de decisión sobre las medidas a tomar en las comunidades autónomas.
Precisamente por eso, Montero ha insistido en que no es el presidente del Gobierno a quien corresponde comparecer en el Congreso para rendir cuentas sobre el estado de alarma, sino a los presidentes autonómicos en sus respectivos parlamentos regionales.
Sánchez se ha excusado en una reunión con otros líderes de la UE sobre el sector turístico para delegar este jueves en el ministro de Sanidad, Salvador Illa, la defensa de la prórroga por seis meses del estado de alarma. Después, ha dicho Montero, será cada presidente autonómico quien haga lo propio en su comunidad si lo considera oportuno, aunque el gobierno "lo aconseja", ha dicho.
"Hemos instado a que los presidentes autonómicos, que son los que dictan las medidas, den debida cuenta en lo parlamentos autonómicos para que haya un control exhaustivo sobre lo que están dictando, no tiene sentido que lo haga el presidente [del Gobierno]".
De acuerdo a la potestad que este segundo decreto de alarma da a los dirigentes regionales para tomar diversas medidas, algunas como Cataluña estudian la posibilidad de decretar confinamientos domiciliarios durante los fines de semana. Es algo que el estado de alarma permitiría pero que el Gobierno central de momento no ve con buenos ojos. De hecho, Montero ha pedido este martes "tranquilidad" ante la posibilidad de que se pudiera implementar una medida de este tipo.
"Todas las autoridades estamos haciendo un esfuerzo ímprobo para evitar los confinamientos domiciliarios", ha dicho y ha indicado que antes "tenemos una larga batería" de medidas. "En este momento estamos trabajando en restricciones parciales de movimiento o reducir contactos entre personas".
El Congreso votará el jueves la prórroga del estado de alarma durante seis meses a partir del 9 de noviembre, un plazo contra el que diversos grupos han levantado la voz en los últimos días, por considerarlo muy largo.
Los primeros en alzar la voz fueron este lunes el PP y Ciudadanos. El presidente popular, Pablo Casado, advirtió de que su partido no apoyará la prórroga si supera las ocho semanas y si no va acompañada por una reforma de la Ley de Salud Pública de 1986 para que no vuelva a ser necesario decretar el estado de alarma.
También este lunes, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, consideró que una prórroga hasta el 9 de mayo es "excesiva" y pidió al Gobierno negociar un plazo más corto.
Precisamente, la portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha empleado este martes el mismo calificativo, “excesiva”, para una prórroga que tampoco ve necesario que sea de 15 días como en primavera pero sí que obligue al Gobierno a rendir cuentas más a menudo.
Por su parte, la secretaria general de ERC, Marta Vilalta, ha afirmado que una prórroga de 6 meses es "abusiva".
Fuente: 20 Minutos
