La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el pasado martes en la Asamblea. Juanjo Martín EFE
Las dudas jurídicas sobre la orden elaborada por la Consejería de Sanidad para que la Comunidad de Madrid establezca nuevas restricciones con las que frenar la expansión del coronavirus han retrasado su anuncio hasta la tarde de este viernes. Enrique López, consejero de Justicia y exmagistrado del Constitucional, se ha desplazado hasta la Real Casa de Correos para estudiar el contenido de un texto elaborado por la abogacía general de la Comunidad con las aportaciones de los secretarios técnicos implicados, según dos fuentes gubernamentales. Fuentes cercanas al Ejecutivo añaden, además, que la reunión “no está siendo fácil” ni “distendida”, puesto que el Gobierno está dividido (hay voces que abogan por pedir que al menos se estudie pedir la declaración del estado de alarma) y la complejidad jurídica que debe amparar las restricciones es máxima. En consecuencia, el anuncio de las medidas, previsto para las 11.30, se ha retrasado a las 13.00, y luego a la tarde, sin hora concreta.
El debate jurídico es de calado. La Comunidad se pasea por el alambre, haciendo equilibrios entre la posibilidad de restringir derechos fundamentales (para lo que necesitaría pedir la aplicación del estado de Alarma, o que se declarara el de Excepción) y limitarlos. Sus experiencias previas, además, le invitan a la máxima prudencia en busca de la absoluta solidez jurídica: un juez ya retrasó la aplicación de la orden que impedía fumar al aire libre si no había distancia de seguridad para evitar los contagios, y que también adelantaba el cierre de los bares.
La comunicación llegará tras dos días de marejada interna que comenzaron el miércoles, cuando Antonio Zapatero, viceconsejero de Sanidad, anunció “confinamientos selectivos” y dijo que había avisado a Ayuso por WhatsApp de esa “medida drástica” que creía que había que tomar. Aquello derivó en una sucesión de desmentidos, enmiendas y matizaciones entre Ayuso, el vicepresidente Ignacio Aguado, el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero y el propio Zapatero, con la reprobación en bloque a las formas de toda la oposición, también de Vox.
Este viernes, la nueva orden del Ejecutivo de Díaz Ayuso ampliará las limitaciones que activaron el pasado 7 de septiembre. “Dolorosísimas”, dijo entonces la presidenta. Se refería a la limitación a un máximo de 10 personas en las reuniones sociales de no convivientes, la recomendación de reducir los encuentros sociales que no sean con las personas con las que se vive; el deber de cumplir con las medidas bajo riesgo de sanción; se redujo el aforo en las instalaciones funerarias de un 75% a un 60%, y el número máximo de personas en entierros y cremaciones se fijó en 50 personas al aire libre y en 25 en espacios cerrados. Esa fue también la reducción para actividades de culto como misas, bodas, bautizos y comuniones; en las celebraciones posteriores no puede haber más invitados que los que quepan en el 60% del aforo total del establecimiento donde se haga y no está permitido ni el aperitivo ni el cóctel ni la barra libre ni el baile. La comida y la bebida tendrán que consumirse sentados.
De momento y a la espera de nuevas medidas, en bares y restaurantes el horario es hasta las 01.00 y no se pueden admitir clientes más allá de las 00.00; la barra está restringida al 50%, mientras que en el interior el límite queda como antes, en un 75%; y en terraza, la medición de la distancia de metro y medio de seguridad se hace ya desde las sillas de cada mesa o agrupación de mesas y no desde las mesas, como se hacía previamente. En las visitas culturales, tampoco se puede ir en grupos de más de 10; gimnasios al 75% de su aforo; los lugares recreativos como zoológicos o acuarios y otros como casinos y casas de apuestas, al 60%m y las salas y espacios multiusos polivalentes con otros usos además del cultural pueden desarrollar su actividad contando con butacas preasignadas, siempre que no se supere el 40% del aforo permitido y siempre con la distancia de 1,5 metros de seguridad.
Septiembre está siendo el mes de la prisa. En 18 días, la Comunidad ha pasado de la inacción casi total a tomar una serie de decisiones que endurecen las restricciones y limitaciones ante la imparable, aunque lenta, expansión del virus. Madrid notificó este jueves 1.301 positivos al Ministerio de Sanidad e incorporó 4.902 a la serie histórica y sus unidades de críticos están ya al 64% de ocupación; los nuevos casos de la autonomía suponen casi un tercio del total nacional, 4.541 el jueves. Mientras que en el resto de España el porcentaje de plazas ocupadas por enfermos de covid es el 8,6% de media, en la Comunidad es el 21%: 3.323 en las plantas de agudos y 409 en las UCI. En la última semana han muerto 138 personas por el virus.
Madrid terminó la desescalada el 21 de junio, sin pasar por fase 3 entró a la llamada nueva normalidad. También sin haber cumplido nunca con los requisitos básicos que el Gobierno central impuso para que las autonomías avanzaran en la desescalada: refuerzo de la atención primaria y salud pública. Todavía, seis meses después de la llegada de la pandemia a la región y tres desde la entrada a la nueva normalidad sigue sin hacerlo; lo confirman tanto el relato de los propios profesionales de esas dos áreas como las cifras, a posteriori, que ha ido desvelando la propia Consejería de Sanidad a medida que tomaba decisiones, por ejemplo, en el número de rastreadores con los que contaba la región.
En mayo, la primera promesa fue de contratar a 400 profesionales que pudiesen hacer esta labor, pero Madrid salió del confinamiento con 142, en julio seguía con la misma cifra, uno por cada 47.080 habitantes, cuando lo óptimo, según los baremos internacionales, es uno por cada 5.500. Y solo a partir de finales de ese mes comenzaron a llegar a cuentagotas esos refuerzos que deberían haber llegado meses antes.
La cifra exacta de rastreadores no se conoce porque el Gobierno de Díaz Ayuso no desglosa los números que ofrece, pero asegura tener 850 profesionales en el área de Salud Pública. En atención primaria, la situación ha llegado a tensionarse tanto que sus profesionales han sido llamados a la huelga el próximo 28 de mayo y este lunes habrá movilización de sanitarios frente a la Consejería de Sanidad. El muro de contención que debería haber frenado al virus, falló.
Por eso, en los hospitales, algunos ya con los planes de elasticidad en marcha para poder atender esta segunda ola de covid, la preocupación ante lo que prevén que viene ya se ha esparcido entre los profesionales, todavía no recuperados de una primera ola que desbordó y colapsó sus pasillos, su organización y su estado anímico. No entienden cómo, medio año después, vuelven a encontrarse como están. Las medidas del Ejecutivo de Ayuso, coinciden profesionales del sistema sanitario y expertos, llegan tarde. Este jueves, Mario Chico, presidente de la Sociedad Madrileña de Medicina Intensiva, resumía así la situación: “¿Podíamos esperar en enero estar como estuvimos en marzo? No. ¿Podíamos esperar en abril o mayo como podíamos estar en septiembre? Sí”.
Fuente: El País