EL GOBIERNO ESTABLECERÁ UN IMPUESTO SOBRE LOS ENVASES DE PLÁSTICO PARA REDUCIR SU USO

Como estaba previsto, el Gobierno ha dado luz verde este martes a un paquete legislativo para reducir y mejorar la gestión de residuos y favorecer la transición a una economía circular. El Consejo de Ministros ha aprobado la Estrategia Española de Economía Circular (España Circular 2030) y ha comenzado la tramitación de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que, por primera vez, limita en nuestro país el uso de los plásticos de usar y tirar y establece un impuesto sobre los envases no reutilizables fabricados con este material con el objetivo de reducir su uso.

También se combatirá la generación de residuos alimentarios pues, como ha señalado tras el Consejo de Ministros Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, "en ocho de cada 10 hogares españoles se desperdicia comida".

El impuesto sobre los envases de plásticos no reutilizables será de 0,45 euros por kilogramo de envase y, según el Gobierno, es similar al que planean establecer otros países europeos como Reino Unido o Italia. "Será de carácter indirecto y recaerá sobre la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de envases de plástico no reutilizables que vayan a ser objeto de utilización en el mercado español", ha explicado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Según Ribera, con este paquete legislativo, que incluye un real decreto sobre el traslado de residuos, España incorpora a la legislación española las directivas comunitarias sobre residuos y plásticos de un solo uso.

Por lo que respecta al impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables, el Gobierno argumenta que lo establecerá siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea, que considera que los ingresos de España derivados de la fiscalidad verde están por debajo de la media de la UE (en 2017, esos ingresos supusieron un 1,83% del PIB frente a la media comunitaria del 2,40%. Con ese impuesto de 0,45 euros por kilogramo de envase, el Gobierno espera recaudar unos 724 millones de euros anuales.

PLÁSTICO DE UN SOLO USO

Entre los productos de plástico de un solo uso afectados por la ley que ahora inicia su tramitación están los vasos para bebidas, con ss y tapones, y los recipientes para alimentos, como cajas, con o sin tapa. A partir del 1 de enero de 2023, queda prohibida su distribución gratuita, es decir, habrá que cobrar por cada producto de plástico que se entregue al consumidor y diferenciarlo en el ticket de venta. El objetivo es reducir a la mitad su comercialización para 2026 con respecto a 2022; en 2030, la disminución debe llegar al 70% respecto a 2022. Se fomentará el uso de otros materiales como alternativas al plástico para fabricar estos productos.

Según el texto del anteproyecto, a partir del 3 de julio de 2021 quedaría prohibida la introducción en el mercado de determinados productos de plástico de un solo uso que ya cuentan con alternativas fabricadas con otros materiales. Entre ellos figuran los bastoncillos de algodón que no sean de uso sanitario; cubiertos (tenedores, cuchillos, cucharas, palillos); platos; pajitas y agitadores de bebidas; los recipientes, vasos tapas para alimentos y bebidas hechos de poliestireno expandido. Se prohíben también los cosméticos y detergentes que contengan microplásticos añadidos intencionadamente.

Para reducir el uso de agua embotellada, las administraciones públicas fomentarán que haya fuentes de agua potable y la suministrarán en envases reutilizables. Desde el momento en que entre en vigor la Ley de Residuos, los hosteleros tendrán que ofrecer a sus clientes la posibilidad de consumir agua no envasada de manera gratuita y complementaria a la oferta del establecimiento, "siempre que el ayuntamiento o la empresa suministradora del agua garantice que es apta para el consumo humano".

A partir del año que viene, queda prohibida la la destrucción de excedentes no vendidos de productos no perecederos, como textiles, juguetes, aparatos eléctricos, entre otros, salvo que dichos productos deban destruirse conforme a otra normativa.

Por otro lado, se combatirá la llamada obsolescencia programada, fomentando la investigación para fomentar el desarrollo de productos con una vida útil más larga.

Según el Gobierno, el anteproyecto de Ley de Residuos tiene dos objetivos fundamentales. Por un lado, proteger el medio ambiente y la salud humana, reduciendo el uso de recursos y la generación de residuos y su impacto en el medio ambiente. Por otro, evitar que los plásticos lleguen a la naturaleza, en particular al medio acuático.

Por otro lado, el abandono de residuos se considerará una infracción muy grave, y se establecerán multas que podrían llegar, en función de la peligrosidad que esos residuos supongan para la salud de las personas y el medio ambiente, hasta los dos millones de euros.

LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO LAMENTA LA 'DEMONIZACIÓN DEL SECTOR'

La industria española del plástico, agrupada en la Plataforma Española del Sector de los Plásticos ha lamentado la "demonización" de este material por comportamientos incívicos y ha reclamado "diálogo fluido" al Gobierno ante una propuesta normativa que puede acarrear la pérdida del 40% de los 90.000 empleos directos que proporciona el sector en España.

En declaraciones a Europa Press, Es Plásticos, que está integrada por ANAIP, AIMPLA y Ciclopast, ha añadido además que en la actualidad "la mayor parte de alternativas al plástico pesan más y, por tanto, generan más residuos y consumen mucha más energía en su fabricación".

La directora general de Cicloplast, Isabel Goyena, en nombre del sector ha destacado que durante la pandemia los plásticos han demostrado hasta qué punto son útiles y salvan vidas. "Desgraciadamente, están siendo demonizados por la imagen de los residuos abandonados y que por tanto no son gestionados, siendo en ocasiones originados por ciertos comportamientos inadecuados que hacen que estos productos acaben en el medio ambiente".

Fuente: El Mundo