LOS TEST PRIVADOS, A DISPOSICIÓN PÚBLICA

El Ministerio de Sanidad publicó ayer una orden para controlar el uso de pruebas diagnósticas. «Son piezas clave para controlar progresivamente la pandemia, cuantas más haga el país más posibilidades habrá de aislar a los positivos precozmente y, por tanto, mejorar la transmisión. No nos podemos permitir que, en periodo de escasez, se utilicen en grupos poblacionales que no van a ser suficientemente eficaces. Trabajamos en la línea de garantizar que no haya abusos por parte de ninguna entidad en el momento de realizar pruebas y que ahora mismo son prioridad y tienen que estar bajo la tutela de salud pública. Y, por otro lado, requerimos que los resultados se conozcan», indicó ayer Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio.

Una norma, publicada ayer en el BOE, que generó cierto desconcierto entre los laboratorios privados, pues reiteran que desde el 14 de marzo ya cumplen estos requisitos. «Desde el decreto de alarma, y antes, pusimos los recursos a disposición del Ministerio. Los laboratorios ya tenían un mando único. Informábamos de los casos positivos desde los primeros días, y después nos solicitaron también los casos negativos. Cualquier movimiento es consultado e informado a la sanidad pública», explica a ABC Carlos Rus, presidente de ASPE (Alianza de la Sanidad Privada Española).

Rus entiende que, igual que ha pasado antes con mascarillas y respiradores, el punto problemático reside en estos momentos en las pruebas de diagnóstico, de ahí que haya llegado esta medida, ahora, por escrito. Lo aceptan. «Es más constructivo así, y queremos aportar nuestro punto de vista».

Pero se toma con cierta incertidumbre, pues no saben cuáles van a ser las exigencias específicas de esta nueva resolución. «Necesitamos que el Gobierno se reúna con nosotros para determinar la regulación, que podamos informarles de nuestros recursos y capacidad de adquisición», dice Rus.

De ahí que los centros privados soliciten más información de cómo han de proceder a partir de ahora. «Es necesario establecer un protocolo para la realización de los test», exige Rus. «Pedimos rapidez en la implantación de un protocolo que permita emplear en España toda la capacidad de test PCR disponible, incluida la que tenemos en el sector privado. Cada semana que pase, sólo nosotros dejaremos de hacer 70.000 test PCR de Covid-19, que se traducen en nuevas infecciones, falta de tratamiento de pacientes en fases tempranas, y en definitiva más muertes. Cada hora cuenta», indica el doctor Diego Fernández Infante, presidente de Arquimea Group, parte de la alianza Covid19 entre laboratorios certificados de diagnóstico genético clínico de todo el país, que también ha ofrecido sus servicios al Ministerio de Sanidad. «Una de las iniciativas en las que pusimos más esfuerzo fue la realización de test PCR de forma masiva, más lentos que los tests rápidos, pero especialmente fiables y útiles para proteger a poblaciones de riesgo. Tenemos capacidad de realizar hasta 70.000 test a la semana, y personal, suministros y tecnología para hacer 1 millón en los próximos 3 meses», sigue.

Aunque, según la norma, las pruebas deben ir acompañadas de una prescripción médica, Rus añade casos y situaciones en las que se estudia y observa para hacer sin el justificante: «Residencias de ancianos en las que se detecta algún caso, o ayuntamientos que te las solicitaban para el personal de seguridad. Varias compañías, con trabajadores en China, pedían las pruebas para que, en la repatriación, no trajeran el virus a España. Lo comentamos con las autoridades sanitarias y al final les dijimos a las empresas que no, por falta de material, y que solo para los sintomáticos. El resto debían guardar cuarentena». Centros de mayores, hospitales y cuerpos de seguridad son los «clientes» a los que ha ayudado alianzaCovid19: «Nos focalizamos en los sectores más vulnerables y más expuestos a la pandemia. Ya hemos realizado mil pruebas en residencias de ancianos».

Sin consignas

AlianzaCovid19, que ofrece test a 110 euros -cubre el coste de materiales, maquinaria y salarios de casi 100 profesionales-, teme que esta nueva resolución les impida seguir desarrollando su trabajo. «La Orden Ministerial parece indicar que no debemos ofrecer servicios a residencias, empresas y hospitales privados que los necesitan. Si no recibimos orden de realizar test por la Administración General del Estado o por las Comunidades, y tampoco podemos ofrecernos al sector privado, nuestra capacidad de pruebas no podrá ser aprovechada en España», se lamentan.

La compañía Synlab, con presencia en 40 países y con una gama completa de servicios de laboratorio médico para facultativos, clínicas y el sector farmacéutico, ofrecía, con prescripción médica, diagnósticos por PCR, a 160 euros. Ayer, fuentes de esta compañía expresaron a ABC su desconcierto y precisaron que el 90 por ciento de los recursos diagnósticos de Synlab ya estaban al servicio del sistema de salud (pruebas a personal sanitario y de servicios esenciales) y solo un 10 por ciento eran casos derivados por el médico y pagaban por la prueba.

En otros laboratorios más pequeños, como BcnPatólegs, la totalidad de los test PCR (160 euros) y los análisis de anticuerpos (60 euros) que realiza los demandan particulares que, solo en parte, vienen canalizados por un facultativo: «Es hasta cierto punto comprensible que se realicen acciones de este tipo porque todos debemos contribuir a paliar los efectos de la epidemia, aunque las cosas se pueden hacer mejor», señala un portavoz de la compañía, que, según explica, «ha paralizado todas las pruebas pendientes» en espera de recibir una consigna clara de la administración. «Hasta ahora nadie nos ha dicho que no podíamos realizar las pruebas a particulares. No nos consta ninguna resolución en activo aprobada por el Govern que lo prohíba». «La palabra que define nuestra sensación es desconcierto. Se pueden atar mejor las cosas antes de lanzar una ley», apunta en declaraciones a ABC el portavoz de BcnPatólegs.

Regulaciónn de precios

La norma del Ministerio de Sanidad también implica «la posibilidad de adoptar las medidas necesarias para la regulación de los precios de estas pruebas, con el objeto de evitar situaciones abusivas en el acceso a este servicio». Y lo reiteró así el ministro de Sanidad, Salvador Illa: «Ya desde el principio la sanidad privada se puso a disposición de la sanidad pública y ha funcionado muy bien. Pero se han detectado algunas situaciones que han aconsejado que era conveniente clarificar esto a través de una orden ministerial. Esta decisión asegura que todos los recursos trabajan en la misma dirección, conforme a la estrategia de testeo establecida por los epidemiológicos y bajo criterios de equidad».

Se han dado casos en los que, con la demanda multiplicada en estas semanas, llegaban a cobrar 350 euros para dar el diagnóstico. Los laboratorios privados tampoco se oponen a la regulación, pero también exigen saber cómo se llevará a cabo. «Estamos hablando de pruebas que necesitan personal cualificado, tiempo y maquinaria precisa. Compramos reactivos en todo el mundo, y los precios se incrementan cada hora. ¿Qué precio se va a fijar? ¿El de hoy, el de mañana? La situación del mercado se debe tener en cuenta para que no haya un desfase entre el precio regulado y el precio de aprovisionamiento real. Somos un sector esencial que ahora no está teniendo ningún ingreso», sostiene Rus.

«Las decisiones de compra las tomamos muy rápido y pasamos los pedidos urgentemente, en un entorno en el que el mercado internacional de estos materiales se sobrecalentaba tuvimos que desembolsar por adelantado grandes cantidades de dinero para garantizar el suministro. Arquimea ha invertido hasta la fecha 5 millones de euros en la compra de maquinaria y fungible para poder abordar el servicio de test PCR desde la alianza», señala Fernández Infante. «Entiendo que se regulen estas situaciones, porque son precios abusivos, aunque las autoridades deben tener en cuenta también el coste de este proceso, que implica a personal especializado y una importante dedicación», dicen en Synlab. BcnPatólegs incide en que las empresas deben tener «cierto margen de negocio» para resistir el impacto de la crisis.

Fuente: ABC