EL GOBIERNO DE JOHNSON RECHAZARÁ A LOS INMIGRANTES NO CUALIFICADOS Y A LOS QUE NO HABLEN INGLÉS

El rechazo al inmigrante siempre estuvo detrás del Brexit y el Gobierno de Boris Johnson no ha tardado en confirmarlo. La ministra del Interior, Priti Patel, presentará este miércoles la nueva norma que regulará el acceso al mercado laboral del Reino Unido a partir de enero de 2021, y su departamento ya ha publicado las líneas básicas. Los trabajadores no cualificados y aquellos que no sean capaces de hablar inglés verán cerradas las puertas de entrada, en un giro de la política migratoria que ha irritado al sector empresarial. Se acabó la mano de obra barata y eficaz en el sector hostelero y en las industrias de manufacturación y construcción.

Downing Street no abandona la retórica antieuropea de los últimos años, y anuncia la recuperación del "control pleno" de las fronteras del Reino Unido y el fin de la "distorsión" que, según la versión oficial, provocaba el libre movimiento de personas en la Unión Europea.

El documento que establece las líneas de la nueva política migratoria ocupa 10 páginas, y supone toda una revolución. Cierra por completo las fronteras del Reino Unido a los trabajadores no cualificados. Exige el conocimiento del inglés como requisito casi fundamental para poder acceder al mercado laboral británico. E impone un contrato previo, cuyo salario deberá ser de al menos 31.000 euros anuales, para trabajar en su territorio. El límite se reduce a unos 25.000 euros si se trata de sectores especialmente necesitados, como la enfermería.

Se acabó la aventura de muchos jóvenes, y no tan jóvenes, europeos que acudían al Reino Unido en busca de oportunidades.

La publicación de la nueva política migratoria ha causado indignación y protestas en la oposición laborista y en los sectores empresariales que dependen de la mano de obra extranjera. La economía británica se ha nutrido hasta ahora de personal de la UE para puestos como camareros y camareras, personal de hoteles, trabajadores del sector agrícola, empleados de plantas de procesamiento de alimentos o trabajadores de la industria pesquera.

"Los empleos que el Gobierno considera de 'baja cualificación' son vitales para el crecimiento y la estabilidad de las empresas. Con esta medida se amenaza el suministro de todo el personal que necesitamos para ofrecer a la ciudadanía los servicios de los que depende", ha dicho Tom Hadley, director de la empresa de contratación Recruitment and Employment Confederation (Confederación de Reclutamiento y Empleo).

La patronal más importante del Reino Unido, CBI (Confederación de la Industria Británica), se ha mostrado más prudente en sus críticas a las medidas anunciadas por el Gobierno, pero ha advertido de los problemas que pueden ocasionar en determinados sectores. Su presidenta, Carolyn Fairbairn, se ha felicitado por la ampliación del límite legal al número de trabajadores de altas habilidades que podrán entrar al país, pero ha alertado de "las dificultades que tendrán algunas empresas para contratar al personal que necesitan para seguir activas".

La portavoz de Empleo de la oposición laborista, Diane Abbot, ha señalado el cinismo que, según ella, encierra el anuncio del Gobierno. "La mayoría de la gente que viene hoy al Reino Unido ya habla inglés. ¿Vamos realmente a vetar a genios de las matemáticas porque su nivel de inglés no sea aceptable? Es una medida inhumana y dañina", ha dicho.

Downing Street quiere presentar sus propuestas como un modo de forzar a las empresas a invertir más en la formación de su personal y en su desarrollo tecnológico. "Es importante que los empleadores británicos dejen de depender de la política migratoria del país como alternativa a la necesidad de invertir en la retención de sus empleados, en su productividad, y en un mayor avance en tecnología y automatización", dice el documento del Gobierno.

El Gobierno de Johnson contempla la excepción de los trabajadores temporales para temporadas concretas en la recolección agrícola, pero se queda corto en las cifras. Establece una cuota de 10.000 temporeros, muy por debajo de los 70.000 que ha reclamado para la temporada de 2021 el Sindicato Nacional de Agricultores.

Fuente: El País