Santiago Muñoz Machado y Paz Battaner, en el congreso de la ASALE en Sevilla.
La Real Academia Española (RAE) aprobó ayer por unanimidad de todos sus miembros el dictamen sobre el lenguaje inclusivo en la Constitución Española que le solicitó, en dos ocasiones, generando notable polémica, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. Como ya apuntó ABC en diciembre cuando se iniciaron las deliberaciones, la Academia no ha encontrado razones para cambiar su criterio lingüístico, ampliamente aceptado en el ámbito de la lengua española, en el análisis meticuloso que ha efectuado del texto constitucional.
Según ha podido confirmar este periódico, el documento «Informe sobre el buen uso del lenguaje inclusivo en nuestra carta magna» defiende como correcta la redacción actual de la Carta Magna aprobada por las Cortes y en referéndum el 6 de diciembre de 1978. Durante más de un mes los académicos han analizado minuciosamente el texto y han realizado una revisión completa del dictamen que la vicepresidenta del Gobierno ya tiene en su poder.
La RAE es referente en todo el hemisferio de habla hispana y los criterios se fundamentan en el diálogo con las Academias de la Lengua Española del mundo.
Fuentes de la Academia destacan que en ningún caso la institución tiene un conflicto con el feminismo y de hecho en los últimos años ha incorporado al diccionario términos como feminicidio («asesinato de una mujer a manos de un hombre por machismo o misoginia») o sororidad, dentro de su papel acreditado de observar la evolución del lenguaje e incorporar las novedades que los hablantes utilizan. Pero en su análisis de la Constitución no ha hallado incorrección alguna desde la perspectiva del lenguaje inclusivo, más allá de algunas expresiones que han podido quedar anticuadas pero que no plantean problemas que la RAE no haya resuelto con su trabajo en los últimos años.
La Rae parte del informe «Lenguaje inclusivo y Constitución», elaborado de manera paritaria por dos académicas, Paz Battaner e Inés Fernández Ordóñez, y dos académicos, Ignacio Bosque y Pedro Álvarez de Miranda, que ha sido enriquecido con un nuevo anexo en esta segunda ocasión, cuya finalidad, según comentan fuentes de la RAE a ABC, no es otra que explicar de manera más detallada los motivos en los que se asienta el criterio de la Docta Casa.
El dictamen es puramente técnico y los argumentos utilizados no se exceden en ningún caso de este ámbito «pericial». La RAE es referente en todo el hemisferio de habla hispana y los criterios que defiende se fundamentan en el trabajo conjunto con las Academias de la Lengua Española del mundo, puesto que uno de sus fines primordiales es el establecimiento de las reglas que aseguran la unidad de la lengua.
El dictamen aprobado ayer es «muy solvente» y no se aparta un ápice de la ortodoxia gramatical ya expresada repetidamente por la RAE en otras obras de consulta. La conclusión es que la Constitución está bien redactada y nada le aporta una corrección de «duplicaciones inclusivas». Más bien al contrario. Aún no ha trascendido el impacto de este dictamen en los miembros del Gobierno -sobre todo ahora, con la coalición en la que ha entrado Unidas Podemos, que lleva en su nombre sólo el género femenino, algo que la Academia considera no inclusivo-, aunque se supone que harán una lectura crítica. Por ser un dictamen solicitado por la Vicepresidencia, no se hizo público ayer su contenido, al no existir autorización gubernamental, aunque la RAE explicará sus conclusiones en una rueda de prensa el próximo lunes.
En el citado anexo se han extendido los argumentos de peso, de carácter gramatical y científico, por los que la institución mantiene su criterio de que la Constitución es ortodoxa en su formulación y también se han puesto ejemplos de constituciones como la de Colombia y Venezuela, en las que la introducción de la duplicación ha generado no pocos problemas.
Fuentes con conocimiento del caso expresan a ABC la preocupación que ha sobrevolado entre los juristas y académicos, puesto que una reforma para duplicar con lenguaje inclusivo podría oscurecer la interpretación del texto constitucional. «Y la cuestión de la claridad es esencial en un texto constitucional, porque de ella dependen derechos y libertades fundamentales que podrían ver modificada su interpretación, lo mismo que podría ocurrir con las características y atribuciones de las instituciones del Estado». El dictamen subraya que el desdoblamiento crearía confusión en un texto que debe ser, por los motivos aducidos, diáfano.
La primera versión fue solicitada por Carmen Calvo en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados y la Academia lo puso en marcha en 2018, cuando era director todavía Darío Villanueva. La aceptación del encargo causó cierta tensión, ya que algunos académicos consideraban que la RAE había dejado ya expresada la doctrina gramatical suficientemente y realizar el informe era someter a examen algo ya aclarado.
Pasada la cita electoral de abril de 2019, ya en verano, Carmen Calvo insistió en el asunto. En palabras dichas entonces por el nuevo director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, la institución debía concluir el trabajo y atender el encargo. Al final, el criterio no cambia, porque es el que siempre ha defendido la RAE y «el único respaldado por el uso mayoritario de la lengua». El resultado es un «informe técnico y neutral» cuya base está, a pesar de la invasión de duplicidades de género que escuchamos en los debates políticos, en la norma que es aceptada por todos los hablantes.
Ya en el «Libro de estilo de la lengua española» la RAE dejaba claro que son innecesarias todas las variables del doble género (los inclusivos «todos y todas», «todxs», «todes» o «tod@s»). Además, el género masculino, «por ser el no marcado, puede abarcar el femenino en ciertos contextos». Cabe recordar que, en su última entrevista con ABC, Muñoz Machado recordaba que la RAE haría un estudio razonable y razonado del caso: «Si la RAE es consultada para saber si la Constitución está bien o mal redactada, con mucho gusto lo estudiamos. Si es para solicitar un impulso de la Academia para que haya cambios en el lenguaje, tengo que decir que eso no nos corresponde», concluía.
En su día, Calvo anunció que llevaría el informe de la RAE a la Comisión Constitucional y a la de Igualdad del Congreso. Es posible que, visto el resultado, la vicepresidenta comprenda que, gramaticalmente hablando, no es posible otra solución. O tal vez el Gobierno no valore el esfuerzo realizado por la institución cultural española más valorada en el ámbito del idioma.
Fuente: ABC