Los políticos siguen enredados en una lucha por el poder que tiene paralizada a España mientras una agenda repleta de problemas espera solución, entre ellos el déficit de la Seguridad Social y su elevada deuda. Ajena a este escenario, la reforma de las pensiones sigue su hoja de ruta. La llegada de 2020 traerá un nuevo endurecimiento en los requisitos para acceder a la jubilación en cumplimiento de la ley de pensiones, que desde 2013 está obligando a trabajar más años y cobrar menos como fórmulas para sostener el sistema, que sigue luchando sin éxito para salir de los números rojos.
La norma retrasa progresivamente la edad de retiro hasta los 67 años en 2027. Así, quienes quieran jubilarse a lo largo del año próximo con el 100% de la pensión que les pudiera corresponder deberán tener ya cumplidos los 65 años y diez meses. Desde 2019 la edad de jubilación se ha incrementado dos meses cada año hasta 2027 (ver gráfico).
¿Qué ventajas tiene para el sistema público retrasar la edad jubilación? Por un lado, permite disponer de más población activa que financie las pensiones, y por otro, retrasa el cobro de la pensión. Es decir, si un trabajador sigue activo hasta los 67 años, son dos años más que aporta a la caja común, pero no consumiendo pensiones.
El retraso, que se aprueba con carácter general, tiene sus excepciones. Los trabajadores que acumulan una larga vida laboral podrán retirarse con su pensión íntegra a los 65 años siempre y cuando tengan cotizados más de 37 años. Por cada ejercicio se aumenta ese periodo en tres meses hasta llegar a 2027, cuando quien desee retirarse a los 65 deberá contar con una cotización de, al menos, 38 años y seis meses.
La generación que se está jubilando ahora comenzó a trabajar muy joven y, por tanto, acumula muchos años de aportaciones al sistema. Más problemas para saltar este listón tendrán los jóvenes actuales, que han empezado más tarde a cotizar a la Seguridad Social y con sueldos más bajos. Lo mismo ocurre con las mujeres con lagunas de cotización que obedecen a la dedicación a los hijos.
En 2020 también cambiarán los años que se tienen en cuenta para calcular la pensión, que ese año quedará fijado en 23 años. Desde 2013 se abrió un periodo transitorio hasta el 1 de enero de 2022 en el que el periodo de cotización exigido para calcular la pensión pasará de forma progresiva desde los 15 años a los 25 años. A cada ejercicio, a contar desde 2013, se le va sumando un año hasta completar los citados 25 años en 2022.
También llegan modificaciones en la jubilación anticipada. La norma retrasa hasta 63 años y diez meses la edad para acceder al retiro anticipada voluntario, que en paralelo a la legal podrá realizarse dos años antes también hasta 2027, cuando quedará establecida en el mínimo de 65 años. Además, para acceder a esta modalidad son necesarios al menos 35 años de cotización, y por cada trimestre de adelanto respecto a la edad oficial de jubilación la pensión sufrirá una penalización progresiva que irá desde el 2% de la base reguladora, si se han cotizado menos de 38,5 años, hasta el 1,625% si se superan los 44,5 años cotizados.
En el caso de jubilación forzosa, podrá realizarse hasta cuatro años antes de la edad legal de retiro -en 2020, a los 61 años y diez meses-. Serán necesarios 33 años de cotización como mínimo y la penalización irá desde el 1,875% por trimestre adelantado para menos de 38,5 años cotizados, hasta el 1,5% para más de 44,5 años cotizados.
La ley de actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social fue acordada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero con la CEOE y los sindicatos CC.OO. y UGT en febrero de 2011. La norma fue aprobada definitivamente en agosto de 2011, cuando algunas de sus disposiciones entraron en vigor, y otras lo hicieron en enero de 2012, si bien la puesta en marcha del grueso de la reforma, como la subida de la edad de jubilación, se estableció el 1 de enero de 2013, ya con el Gobierno de Mariano Rajoy.
Con el nuevo año también subirán las pensiones, pero a menos de un mes de que acabe 2019 se desconoce cuál será ese alza. Pedro Sánchez tiene en vilo a los jubilados, un ejército de casi 9 millones de pensionistas que todavía desconoce cómo serán sus nóminas en 2020, teniendo en cuenta que el Gobierno aún no ha aclarado qué referencia utilizará para elevar las rentas de los mayores y, sobre todo, cuándo lo hará.
La única mención a la revalorización está incluida en el escenario remitido a Bruselas, en el que se explicaba que la subida de las pensiones será del 0,9% en 2020, un alza con el que el Gobierno pretende garantizar el poder adquisitivo, lo también significa que estima una inflación inferior al 1% el próximo año.
Este incremento complementará al 1,6% aplicado este ejercicio en un entorno de clara desaceleración de los precios, y, de producirse, supondrá que el colectivo habría ganado en 2019 en torno a un 1% de poder adquisitivo, un beneficio que quedará consolidado en su renta para cuando se aplique el 0,9%. Este porcentaje equivale a unos 9 euros para una pensión media y tendrá un coste de 1.404 millones.
Pero ¿qué ocurrirá si el Gobierno sigue en funciones en diciembre? Esta situación no impediría que pueda acometer la subida por la vía del decreto ley, como ya ocurrió con las entregas a cuenta a las comunidades autónomas que se aprobaron con la misma fórmula y estando en funciones. De momento ya ha dicho que subirá el salario mínimo.
Fuente: ABC