LA CUMBRE DEL CLIMA BUSCA RECORTES MÁS DRÁSTICOS DE LAS EMISIONES DE LOS PAÍSES

Cuando hace un mes las calles de Santiago de Chile ardían por las protestas y el Gobierno del conservador Sebastián Piñera tuvo que renunciar a acoger la Cumbre del Clima anual, se pensó en dejarla caer. Simplemente, que no se celebrase este año. Porque esta cumbre no estaba llamada a pasar a la historia. Es una cita de transición entre la adopción y el desarrollo del Acuerdo de París —que se cerró tras años de negociaciones y fracasos en la capital francesa en 2015— y la puesta en marcha a partir de la próxima década de ese pacto, que busca que el calentamiento se quede dentro de unos límites manejables.

Pero España se ofreció a que se celebrara en Madrid en las fechas previstas: entre el 2 y el 13 de diciembre. Y los que están implicados en estas negociaciones internacionales aseguran que una de las razones fundamentales para no cancelarla era el contexto. La cumbre se desarrollará en mitad de una tremenda falta de liderazgo internacional en la lucha climática y en un momento pésimo para multilateralismo. Donald Trump ha iniciado ya el proceso para sacar a EE UU del Acuerdo de París, China no da señales de que vaya a aumentar sus planes de recorte de gases de efecto invernadero, Rusia no ha presentado ante la ONU su programa para reducirlos, los todavía Veintiocho no han logrado aún consensuar la meta de cero emisiones para 2050... Por eso se debía celebrar la llamada COP25, para huir de la sensación de que la lucha climática internacional es un "proceso que implosiona", como decía la semana pasada la ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera.

Pero este encuentro tiene también por delante dos retos concretos: uno político y otro técnico. Por un lado, debe servir para que se dé una "clara demostración" por parte de los países para "ampliar la ambición" contra el calentamiento, ha indicado este domingo António Guterres, secretario general de la ONU. Por otro lado, ha recordado, se debe terminar de desarrollar el Acuerdo de París y fijar los criterios para poner en marcha mercados de emisiones, algo que hasta ahora no se ha podido hacer por el desacuerdo entre los países.

Estas son las claves de la COP25 que pondrá a Madrid en el centro de la acción contra la emergencia climática.

¿Qué es una COP? Las siglas COP en inglés se refieren a la Conferencia de las Partes. Es decir, a la reunión —normalmente anual— de los casi 200 países que forman parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. La convención se adoptó en 1992 y establecía que los gases de efecto invernadero que emite el ser humano en su actividad cotidiana están contribuyendo al cambio climático. La convención, además, fijó que los firmantes deben reducir esos gases. Para desarrollar ese tratado se celebran las COP, en las que participan los delegados y ministros de los casi 200 países del mundo. Las cumbres se desarrollan cada año en un área del planeta y esta edición le correspondía a Latinoamérica. Primero se ofreció Brasil, pero la llegada de Jair Bolsonaro hizo que ese país renunciara. Chile fue la alternativa, aunque hace un mes también desistió y la COP se celebrará en Madrid. Aunque Chile seguirá conservando la presidencia de la cumbre, lo que implica dirigir las negociaciones.

¿Qué es el Acuerdo de París? La convención marco sirvió primero para que se aprobara en 1997 el Protocolo de Kioto. Luego, en 2015, se adoptó el Acuerdo de París, que sustituirá a partir de la próxima década a Kioto y que obliga a todos los países a que se sumen a acometer recortes de sus gases. La suma de todas esas reducciones debe ser suficiente para que se cumpla el principal objetivo del Acuerdo de París: que el aumento de la temperatura media del planeta no supere los dos grados centígrados respecto a los niveles preindustriales, y en la medida de lo posible que no rebase los 1,5. Ese es el límite que establece la ciencia para evitar los efectos más catastróficos de un calentamiento que ya no se puede revertir.

¿Qué dice la ciencia? Los estudios científicos —liderados por el IPCC, el grupo de expertos que asesoran a Naciones Unidas— y los diferentes organismos internacionales vinculados a la ONU advierten de que los países no están ni mucho menos bien encaminados para cumplir esas metas de París: deben multiplicar por cinco sus planes de recorte para lograr la meta del 1,5 grados y por tres para los 2 grados. La concentración en la atmósfera de los principales gases de efecto invernadero no ha dejado de aumentar desde que se firmó en 1992 la convención marco. Las emisiones solo han caído de forma clara en periodos de crisis. "Estamos en un agujero profundo y seguimos cavando", ha resumido Guterres, quien incide en que la humanidad se está quedando sin tiempo y "pronto será demasiado tarde" para que el calentamiento se quede dentro de esos márgenes seguros.

¿Qué es la ambición? Tras esa expresión —incorporada ya a la jerga de las negociaciones climáticas— se esconde la asunción de que los planes de recorte de las emisiones de los países no son suficientes. "La brecha es enorme", resumía este fin de semana la ministra chilena de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, quien ostenta la presidencia de la COP25. Por eso, el Acuerdo de París establecía revisiones periódicas al alza de los planes de recorte. La primera es en 2020 y el objetivo político es que los Gobiernos se comprometan a hacerlo durante esta cumbre. Esos planes son de aplicación inmediata y fijan metas a 2030. Guterres destacó que espera que más países se comprometan también durante la COP25 a alcanzar la gran meta a largo plazo: la neutralidad de emisiones para 2050.

¿Qué es el artículo 6? El Acuerdo de París necesitaba de un reglamento de desarrollo y, desde 2015, los negociadores de los 200 países lo han ido cerrando. Pero en el artículo 6 se ha encallado la negociación desde 2015. "No quiero concebir la posibilidad de que no haya acuerdo en el artículo 6", ha dicho Guterres. Pero, lo cierto, es que su desarrollo se está complicando. Este artículo hace referencia a los intercambios de derechos o unidades de emisiones de gases de efecto invernadero entre países, y también es el único de todo el acuerdo que hace referencia al sector privado, ya que abre la puerta a que las empresas puedan adquirirlos.

En el Protocolo de Kioto ya existía un sistema por el que un país que no conseguía recortar lo que debía sus gases podía comprarle a otro Estado derechos de emisiones. Ese sistema se supone que seguirá con París y uno de los principales debates es cómo evitar la doble contabilidad, es decir, que un mismo derecho no pueda llevarse a los balances de reducción de dos países a la vez.

La otra pata que se debe desarrollar dentro de ese artículo afecta a los mercados de emisiones a los que han de acudir las empresas de los sectores obligados a hacer recortes. Por ejemplo, la aviación: las compañías tendrán que acudir a comprar esos derechos para compensar sus emisiones. Europa ya cuenta con un mercado de este tipo y la filosofía que subyace es que cuando se le obliga a pagar por los gases emitidos, el sector privado avanza hacia la descarbonización. Pero a la Unión Europea le ha costado 15 años lograr que su mercado sea eficaz y no ha sido hasta ahora cuando se ha conseguido desplazar a las centrales de carbón, las más sucias.