Pierre Moscovici, comisario europeo de Asuntos Económicos.
Bruselas acota el espacio para los próximos Presupuestos. Tras examinar los planes remitidos por España para 2020, la Comisión Europea señala un “riesgo de desviación significativa” respecto a las reglas comunitarias, según el borrador de la evaluación que aprobará este miércoles y al que ha tenido acceso EL PAÍS. El Ejecutivo comunitario advierte a España por el peligro de apartarse de los ajustes requeridos y por no realizar un “progreso suficiente” en la reducción de la deuda. Por ello, reclama al próximo Gobierno unas cuentas que cumplan con las normas y que destine cualquier ingreso extra que logre a rebajar la deuda.
España llega por cuarto año consecutivo al examen de noviembre de la Comisión Europea sin los deberes hechos. Bruselas deberá pronunciarse este miércoles de nuevo sobre su trayectoria fiscal y financiera basándose en una prórroga presupuestaria. Y aunque toma nota de que la situación política impide sacar adelante unas cuentas para 2020, su veredicto es que “el borrador de proyecto presupuestario de España”, que la ministra en funciones Nadia Calviño remitió a Bruselas en octubre, “corre el riesgo de no cumplir con las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento”.
Esa conclusión, según el documento que se someterá a la aprobación del Colegio de Comisarios, se apoya en dos pilares. Primero, la Comisión advierte del peligro de que las finanzas públicas se desvíen de forma “significativa” de la senda de ajuste marcada para lograr la estabilidad financiera a medio plazo. Y segundo, el Ejecutivo comunitario no prevé que España “progrese lo suficiente hacia el cumplimiento con el criterio de reducción de deuda en 2019 y 2020”.
España salió este año de la tutela de Bruselas al reducir su déficit público por debajo del 3% del PIB. Sin embargo, entró dentro del llamado brazo preventivo, que controla a los socios con criterios igualmente estrictos. Calviño se comprometió rebajar el déficit desde el 2,5% del PIB de 2018 al 2% este año y el 1,7% el que viene. Pero Bruselas cree que lo rebasará y cerrará este año en el 2,3%, y el que viene en el 2,2%.
Aun así, una vez fuera del corsé del brazo preventivo, la Comisión se fija sobre todo en el saldo estructural. Es decir, en la salud de las finanzas públicas sin tener en cuenta el efecto del ciclo económico, lo cual pone el foco sobre las medidas que tienen carácter permanente. El Consejo recomendó en julio a España que el incremento nominal del gasto público en 2020 no excediera del 0,9% para alcanzar un ajuste estructural del 0,65% del PIB. Y, además, le reclamó usar todas las “ganancias inesperadas”, ya sea por mayores ingresos o menores gastos, a reducir el volumen de deuda.
Para la Comisión, España se alejará de esos objetivos, tanto en el análisis que hace de los números entregados por el Gobierno como con las cifras que elaboran sus propios técnicos. No obstante, según qué números cojan difieren en cuánto: si se atienen al plan de Calviño, el gasto público se apartará el año que viene de la meta fijada en un 1% del PIB, mientras que las cifras de Bruselas indican que lo hará el 1,2%.
Los datos de España apuntan, además, a que el déficit estructural se desviará el 0,6% del PIB respecto a lo acordado en el Consejo, aunque la Comisión Europea cree esa brecha llegará al 0,8% del PIB. Es decir, los ajustes se quedarían cortos en alrededor de 9.600 millones de euros. Por último, tampoco ve “avances suficientes” en la reducción de la deuda, que Bruselas prevé que se baje solo hasta el 96,6% del PIB en 2020.
A pesar de las discrepancias con Madrid por la tasa de crecimiento prevista, Bruselas no expresa una gran preocupación por la salud de la economía española, que seguirá la tendencia de desacelerarse pero expandiéndose por encima de la media de la zona euro. Ahora bien, el documento que este miércoles presentarán el vicepresidente Valdis Dombrovskis y el comisario Pierre Moscovici sí contiene varios avisos sobre la evolución de las finanzas públicas y ciñe los márgenes en los que se podrá mover el futuro Gobierno si —como reza el pacto entre el PSOE y Podemos— quiere actuar “con arreglo a los acuerdos de responsabilidad fiscal de España con Europa”.
Bruselas advierte a España sobre la necesidad de adoptar nuevas medidas “compensatorias” para garantizar la sostenibilidad de las pensiones, “invita” a las autoridades a “adoptar las medidas necesarias dentro del proceso presupuestario nacional para asegurar que el presupuesto de 2020 cumplirá con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento”, y conmina a emplear cualquier ingreso extra o inesperado a reducir la deuda.
España no es el único país que se halla en esa situación. El borrador señala a otros tres países: Bélgica, Francia e Italia. Junto a España, la Comisión alerta de que las finanzas de esos Estados presentan “riesgos” relacionados “con la insuficiente reducción del elevado nivel de deuda pública” y con el hecho de proyectar “una desviación significativa” de la senda de ajuste de sus objetivos a medio y largo plazo. También llama la atención, aunque con menor aspereza, a Portugal, Eslovenia, Eslovaquia y Finlandia.
El borrador del documento que debe aprobar este miércoles el Colegio de Comisarios también incide en el “progreso limitado” que ha hecho España a la hora de adoptar las recomendaciones que le hizo el Consejo. En especial, Bruselas hace énfasis en el sistema de pensiones. “Las reformas de 2011 y 2013 ayudaron a asegurar la sostenibilidad de las pensiones a largo plazo”, apunta la Comisión. Sin embargo, señala que ya en 2018 —tras una decisión del Gobierno de Mariano Rajoy— y en 2019 y 2020, los incrementos de las pensiones vuelven a estar “vinculados” a la inflación.
Bruselas no entra a criticar esa medida, pero sí dice que el mantenimiento de ese vínculo y el “aplazamiento del factor de sostenibilidad requerirían medidas compensatorias” para asegurar “la sostenibilidad del sistema de pensiones a medio y largo plazo”. De hecho, la Comisión destaca que el documento que remitió España incluye nuevas medidas de gasto cuya factura oscila entre 4.700 y 6.000 millones de euros. La principal subida del presupuesto se corresponde con los incrementos salariales a los trabajadores públicos (entre 3.264 y 4.575 millones), pero también con la revalorización de las pensiones (1.404 millones).
La Comisión Europea también destaca que el plan de España guarda silencio respecto a la revisión de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para incorporar el mecanismo con el que “prevenir y corregir” posibles desviaciones de los objetivos fiscales de una forma mucho más automática que ahora, también en las comunidades autónomas.
Fuente: El País