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Los 12 condenados por el Tribunal Supremo.
La histórica sentencia del procés ya ha sido notificada a las partes. El Tribunal Supremo ha condenado este lunes a 13 años de prisión al ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras por los delitos de sedición en concurso medial con malversación de caudales públicos, así como a 13 años de inhabilitación absoluta.
A Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, la condena es de 12 años de prisión y 12 de inhabilitación, también por los mismos delitos. A Carme Forcadell, 11 años y seis meses, a Joaquim Forn y Josep Rull, 10 años y seis meses, y a los Jordis -Jordi Sànchez y Jordi Cuixart-, nueve años.
En cuanto a Santi Villa, Meritxell Borràs y Carles Mundó, 10 meses de multa y un año y ocho meses de inhabilitación al ser condenados tan sólo por el delito de desobediencia. La Sala no ha considerada probada la coautoría de los acusados, que están en libertad por el desvío de fondos públicos.
En la sentencia, de 493 folios, el tribunal desoye las peticiones de la Fiscalía que a lo largo de todo el procedimiento entendió que los líderes del procés cometieron un delito de rebelión al poner en jaque el orden constitucional con la declaración unilateral de independencia. La Sala considera que la violencia que tuvo lugar en las jornadas del 20-S y el 1-O no formó parte de un plan estructural para llevar a cabo la secesión de Cataluña.
En la resolución, la Sala da por probada la existencia de violencia aunque la considera insuficiente para condenar por el delito de rebelión. Los jueces consideran que no basta la constatación de indiscutibles episodios de violencia para proclamar que los hechos integran un delito de rebelión. Resolver el juicio de tipicidad respondiendo con un monosílabo a la pregunta de si hubo o no violencia, "supone incurrir en un reduccionismo analítico que esta Sala -por más que se haya extendido ese discurso en otros ámbitos- no puede suscribir".
La violencia tiene que ser una violencia "instrumental, funcional, preordenada de forma directa, sin pasos intermedios, a los fines que animan la acción de los rebeldes. Y es en este punto donde topamos -todavía en el ámbito del tipo objetivo- con otro obstáculo para la afirmación del juicio de tipicidad. Hablamos, claro es, de la absoluta insuficiencia del conjunto de actos previstos y llevados a cabo para imponer de hecho la efectiva independencia territorial y la derogación de la Constitución española en el territorio catalán. Dicho con otras palabras, es violencia para lograr la secesión, no violencia para crear un clima o un escenario en que se haga más viable una ulterior negociación".
Los magistrados afirman que pese al "despliegue retórico" de los acusados, "es lo cierto que, desde la perspectiva de hecho, la inviabilidad de los actos concebidos para hacer realidad la prometida independencia era manifiesta". Y es así porque "el Estado mantuvo en todo momento el control de la fuerza, militar, policial, jurisdiccional e incluso social. Y lo mantuvo convirtiendo el eventual propósito independentista en una mera quimera".
El tribunal que preside Manuel Marchena sostiene que "bastó una decisión del Tribunal Constitucional para despojar de inmediata ejecutividad a los instrumentos jurídicos que se pretendían hacer efectivos por los acusados. Y la conjura fue definitivamente abortada con la mera exhibición de unas paginas del Boletín Oficial del Estado que publicaban la aplicación del articulo 155 de la Constitución a la comunidad autónoma de Cataluña. Este hecho determinó a algunos de los procesados a emprender repentina huida".
Manuel Marchena, a su llegada esta mañana al Tribunal Supremo.
El Alto Tribunal entiende que "los acusados que decidieron permanecer -ya sea por decisión personal, ya por la efectividad de las medidas cautelares de prisión que fueron adoptadas- desistieron incondicionalmente de la aventura que habían emprendido. Es más, desde el primer momento se aplicaron con normalidad las previsiones de aquella norma constitucional en la medida autorizada al Gobierno de España por el Senado".
La Sala subraya que "bajo el imaginario derecho de autodeterminación se agazapaba el deseo de los líderes políticos y asociativos de presionar al Gobierno de la Nación para la negociación de una consulta popular".
La Sala, que ha adoptado dicho fallo por unanimidad, rechaza aplicar a los líderes separatistas el artículo 36.2 del Código Penal para que los penados no accedan al tercer grado penitenciario hasta que hayan cumplido la mitad de su condena en prisión. Dicha petición la realizó el Ministerio Público en las conclusiones finales del juicio para evitar que desde la Generalitat, que tiene transferidas las competencias de Prisiones, se clasificara en el régimen más favorable a los presos en cuestión de semanas.
Para rechazar la imposición del llamado periodo de seguridad, la Sala ofrece dos argumentos. El primero, que la inhabilitación impuesta ya impide que los condenados accedan a cargos públicos. El segundo, que la ley permite que los tribunales revisen las decisiones penitenciarias. Es decir, que aunque no se impida ahora el tercer grado sí podría revocarse en caso de que se aplique.
Fuente: El Mundo
