LA REPETICIÓN ELECTORAL BLOQUEA EL REPARTO DE 7.000 MILLONES A LAS COMUNIDADES

La segunda tentativa frustrada de investir como nuevo presidente del Gobierno a Pedro Sánchez tras su victoria en las elecciones generales del 28 de abril aboca a España de nuevo a las urnas con consecuencias económicas que van más allá de los 140 millones de euros que costará la repetición electoral. Mantener al Gobierno en funciones, hasta que de la votación del próximo 10 de noviembre salga un nuevo Ejecutivo, dejará bloqueados unos 7.000 millones de la financiación autonómica e impedirá iniciar el diseño de unos Presupuestos Generales para 2020, lo que previsiblemente limitaría su efecto el próximo ejercicio.

Dado que el último intento ha durado cinco meses y que tanto Navidad como todo enero son inhábiles en el Parlamento, es de esperar que cualquiera que sea el resultado de las elecciones el nuevo Gobierno no comience su mandato hasta ya iniciado 2020. Así, de un lado, esta coyuntura impediría definitivamente entregar a las comunidades autónomas la actualización de las entregas a cuenta de 2019, que se realiza cada año para casar sus ingresos con el incremento real de la recaudación. Este año el monto asciende a unos 4.500 millones que, según aclaró a finales de agosto la Abogacía del Estado a una consulta del Ministerio de Hacienda, no pueden ser abonados por un Ejecutivo en funciones.

Aunque el reparto definitivo sería discrecional, y de ahí que los servicios jurídicos consideren que no puede quedar en manos de un Ejecutivo provisional, de mantenerse los porcentajes de 2018, las comunidades más afectadas por el impago serían Andalucía, que dejaría de ingresar 967 millones; Cataluña (861 millones); Madrid (648 millones); Galicia 346 millones o Canarias (261 millones). Dejando de lado el volumen, no obstante, la ministra de Hacienda María Jesús Montero, ha reconocido que la pérdida de esta inyección sería especialmente grave para Murcia y la Comunidad Valenciana. La falta de estos recursos, con los que las regiones contaron para diseñar sus presupuestos de 2019, podría elevar los plazos de impago a proveedores y hacer inviables los objetivos de déficit de estas y otras regiones, especialmente a partir de noviembre. Hacienda, en todo caso, trabaja estos días para buscar vías alternativas para facilitar fondos a las autonomías y ya ha anticipado a algunas como la valenciana que le adelantará fondos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), por ejemplo.

Más complicado es que el Estado abone a los territorios el mes de IVA de 2017 que se perdió al implantarse el nuevo sistema de información SII, otros 2.500 millones que debían liquidarse este año. Aunque el Gobierno de Pedro Sánchez propuso revertir este efecto de la reforma del IVA, la medida se incluyó en las cuentas de 2019, que el Parlamento tumbó, motivando los comicios del 28A.

El diseño de unos nuevos Presupuestos para 2020 es, de hecho, el otro gran afectado por la repetición electoral, ya que su diseño se retrasaría previsiblemente hasta comienzos del próximo año. Dados los plazos de tramitación, es de esperar que las cuentas no pudieran ser aprobadas antes de la próxima primavera, lo que posiblemente limitaría el impacto de algunas medidas.

Tomando como hipótesis que el nuevo Gobierno que salga del 10N también apueste por implantar las tasas Tobin y Google, por ejemplo, su recaudación se vería limitada a los meses del año que resten tras su aprobación lo que complicaría cumplir los objetivos fiscales comprometidos con Bruselas, a la que el Gobierno actual trasmitió que el próximo 1 de enero estarían en pleno funcionamiento unas nuevas cuentas. De momento, lo previsible es que 2020 arranque con los Presupuestos de 2018 prorrogados de nuevo.

Fuente: Cinco Días