Pedro Sánchez, ayer, durante la presentación de su programa de gobierno.
Las últimas noticias procedentes de Reino Unido han desatado la incertidumbre en el resto de países europeos y, en el caso de España, han activado las alertas del Gobierno para dar una respuesta acorde al desafío de Boris Johnson. En este contexto, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha convocado mañana jueves una cumbre extraordinaria de ministros en la que analizarán las medidas planteadas hasta ahora frente al divorcio británico, así como los cambios y medidas adicionales que sean necesarias de cara a los próximos meses.
La reunión tendrá lugar en La Moncloa y está previsto que asistan la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el responsable de Exteriores, Josep Borrell, la de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio; el titular de Fomento, José Luis Ábalos, y la de Economía, Nadia Calviño.
Precisamente Calviño aseguró el lunes en Santander, durante las jornadas anuales de la patronal tecnológica Ametic, que "hay que estar preparados para lo peor" en el desenlace del Brexit, dado que cada día se producen giros en las negociaciones que hacen difícil anticipar cualquier escenario de actuación.
La fecha prevista para la salida de Reino Unido de la UE es el próximo 31 de octubre. Por si quedaba alguna duda, el primer ministro británico, Boris Johnson, lanzó un ultimátum al Parlamento para advertir de que no retrasará la separación más allá de esa fecha "bajo ninguna circunstancia". Es decir, haya o no acuerdo con Bruselas sobre las condiciones de la salida. De no haberlo, el caos administrativo está asegurado y eso afectará a aspectos como la residencia de los europeos en territorio británico, el cálculo del paro y las prestaciones por desempleo, la documentación para viajar al país o la posibilidad de estudiar en universidades del Reino Unido, entre otros.
"Teníamos los deberes hechos, y habíamos preparado toda la legislación necesaria para poder responder en una situación de emergencia, pero vamos a revisarlo esta semana a la luz de los recientes acontecimientos", aseguró Calviño.
Sobre la mesa este jueves estarán estos temas y otros que afectan a empresas españolas con negocios e intereses económicos en Reino Unido. Muchas de ellas tienen listos desde hace meses sus planes de contingencia para el Brexit, pero otras, como Iberia, siguen con incertidumbres por aclarar.
La aerolínea forma parte del holding británico IAG, en el que también se integran otras firmas como Vueling, British Airways o Aer Lingus, y la mayor amenaza para ellas es que no superen la prueba de europeidad que le permita seguir operando entre países la UE. Para ello, la compañía debe demostrar que cumple con el requisito de contar al menos con un 50,01% de accionariado europeo, puesto que los británicos ya no pertenecerían al ámbito comunitario, de ahí su empeño por conseguir el certificado de españolidad.
A comienzos de verano, Iberia obtuvo la primera parte de su pasaporte. Según confirmó Antonio Vázquez, presidente del grupo IAG, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) -dependiente del Ministerio de Fomento- dio el visto bueno al plan de contingencia presentado por el grupo y remitió toda la documentación a la Comisión Europea, que aún no se ha pronunciado al respecto.
Pero Iberia no es la única compañía española pendiente de la situación en Reino Unido. El Brexit se ha convertido en una de las principales preocupaciones para las empresas españolas con presencia en suelo británico. Según los pronósticos del Banco de España, un divorcio sin acuerdo supondría una caída del 0,8% del PIB en los próximos cinco años, unos 10.000 millones de euros, mientras que una salida pactada acarrearía una pérdida de 0,02 puntos porcentuales.
Fuente: El Mundo