La dificultad de los jóvenes para acceder a la compra de la primera vivienda ante la incapacidad de ahorro ya es un problema social. Mientras bancos y aseguradoras están en conversaciones con el Banco de España para buscar una solución a este escenario y poder elevar el porcentaje de financiación para la adquisición de un inmueble, la nueva ley hipotecaria que entrará en vigor el próximo lunes pone más palos en la rueda.
La normativa encrudecerá aún más el acceso a la hipoteca a los clientes de menor edad, aunque no solo a ellos. Entre los más afectados estarán también aquellos ciudadanos con rentas más bajas, precisamente los que necesitan mayor financiación, según coinciden en señalar ejecutivos del sector financiero español y expertos en la materia.
Los motivos para que se dé esta condición marginal se resumen en dos. De un lado, la nueva ley exigirá un estudio más profundo de la solvencia del cliente y, de otro, encarecerá los préstamos. Dentro de la evaluación de la solvencia, los bancos deberán tener en cuenta para conceder un crédito la situación de empleo del cliente, los ingresos actuales, los previsibles a lo largo de la vida del préstamo e, incluso, los que va a percibir en su jubilación si la hipoteca se extiende más allá de la vida laboral. También deberán corroborar los activos en propiedad, el ahorro, los gastos fijos y los compromisos ya asumidos.
"El efecto secundario del proceso para garantizar el crédito es que el acceso se ve limitado a gente con rentas más bajas. Se quería más rigurosidad para evitar los errores del pasado, esto implica la rigurosidad, que un porcentaje del mercado sale dañado y siempre es el de menores rentas", explica Santos González, presidente de la Asociación Hipotecaria Española (AHE).
Asimismo, un alto ejecutivo bancario reconoce que los jóvenes carecen de ahorro, patrimonio y trabajo estable, por lo que son los que más perjudicados van a salir en el estudio de solvencia, que también debería tener en cuenta la capacidad de pago de los mismos.
Por otro lado, el hecho de que la ley impute a los bancos el grueso de los costes hipotecarios, reduzca las comisiones o amplíe el tiempo para recuperar la deuda en caso de impago llevará a la banca a incrementar el coste del crédito como estrategia defensiva, según el Banco de España. De nuevo, a mayor encarecimiento, más dificultad para este colectivo de población.
Fuente: El Economista