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Las ministras de Trabajo y Hacienda en funciones, Magdalena Valerio y María Jesús Montero, en una reunión del Comité Federal del PSOE el pasado año.
El Tribunal de Cuentas empeora su diagnóstico sobre la situación del sistema de la Seguridad Social y certifica que se encuentra ya en su conjunto con «patrimonio neto negativo» -es decir, en quiebra técnica- tras registrar 100.000 millones de pérdidas acumuladas desde 2010, según el informe que acaba de remitir al Congreso de los Diputados. Se trata de la fiscalización de la Cuenta General del Estado de 2017, pero anticipa que la situación no ha mejorado en 2018.
Al existir garantía del Estado, la quiebra del sistema no tiene las implicaciones de una empresa privada, pero el Tribunal de Cuentas reclama medidas a los partidos políticos. La situación que describe el informe, aprobado el pasado 30 de mayo por el Tribunal de Cuentas y al que ha tenido acceso este diario, es más desoladora que en el año anterior y extiende el patrimonio neto negativo a todo el conjunto del sistema y con cifras multimillonarias. «El balance de la Seguridad Social recoge, a 31 de diciembre de 2017, un patrimonio neto negativo de 13.720,6 millones de euros con origen en las operaciones de gestión ordinaria», afirma el informe de este organismo fiscalizador que preside María José de la Fuente.
El documento empeora el de 2016 en que el patrimonio negativo de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) fue de 176 millones de euros, pero el organismo matizaba que «en el conjunto del sistema de la Seguridad Social esta magnitud es positiva, por 4.730,4 millones, ya que las mutuas cuentan con un patrimonio neto positivo, de 4.906,4 millones».
Las mutuas siguen presentando un superávit similar, pero incapaz de equilibrar los 18.538,7 millones de agujero de la Tesorería, con lo que el resultado global son los citados números rojos de 13.720,6 millones. Una empresa privada no podría seguir operando con este agujero y tendría que declarar la quiebra e iniciar su disolución, pero al ser un sistema público no rige la legislación mercantil.
De hecho, el Interventor general de la Seguridad Social, Manuel Rodríguez, no niega en sus alegaciones al Tribunal de Cuentas la existencia del patrimonio neto negativo, pero señala que «conviene destacar que la trascendencia en él ámbito de la Seguridad Social de un patrimonio neto negativo no es comparable al ámbito de entidades privadas donde la garantía del Estado no se encuentra presente».
El Tribunal de Cuentas atribuye el agujero a que acumula ya más de 100.000 millones de pérdidas desde 2010, si se añade el déficit de 2018. El secretario de Estado de la Seguridad Social en funciones, Octavio Granado, cuantificó el pasado marzo en 32.000 millones el patrimonio neto negativo del pasado año. Si el organismo fiscalizador lo confirma en su futuro informe sobre 2018, el diagnóstico será más duro aún.
De momento, en el informe entregado al Congreso de los Diputados centra el problema en las continuas y constantes pérdidas del sistema a lo largo de la crisis. «El origen está en sus resultados económico patrimoniales negativos del período 2010 a 2017 (99.503,2 millones). Tales resultados derivan de las operaciones de la gestión ordinaria de estas entidades, porque los recursos de esta naturaleza(mayoritariamente cotizaciones sociales y, en menor medida, transferencias recibidas del Estado) resultaron insuficientes para la cobertura de los gastos del mismo origen (prestaciones contributivas, fundamentalmente pensiones, y prestaciones no contributivas), provocando desequilibrios financieros, presupuestarios y de tesorería».
Por tanto, urge a los partidos políticos del Pacto de Toledo a actuar. «Resulta necesario promover y llevar a término las reformas que sean precisas para resolver, de forma estable, dicha situación». Ante la falta de consenso político hasta ahora, el Tribunal de Cuentas recomienda que «hasta que este tipo de soluciones pueda ejecutarse», el Gobierno debe seguir proporcionado «financiación estatal», pero mediante «transferencias corrientes de la Administración General del Estado y no por la concesión de nuevos préstamos».
El organismo fiscalizador alerta de que la solución del Gobierno del PP en 2017 y del PSOE en 2018 de dar préstamos a la Seguridad Social para que pueda seguir operando es sólo un parche que no resuelve el drama ni apuntala el sistema. «La solución adoptada en 2017, y también en 2018, para solventar esta situación ha sido otorgar nuevos préstamos a la TGSS; sin embargo, ese tipo de medidas coyunturales no han resuelto los problemas de sostenibilidad financiera de la Seguridad Social, que son de naturaleza estructural, ni contribuyen al saneamiento de su balance y de su cuenta de resultados, ni tampoco tienen reflejo en su neto patrimonial, que continúa siendo negativo». La institución considera incluso que los préstamos son contraproducentes. «Dejan a la Seguridad Social en una posición comprometida de endeudamiento frente al Estado, afectando negativamente a su solvencia, como demuestra el hecho de que, a 31 de diciembre de 2017, el balance de la TGSS recoge una deuda a favor de la Administración General del Estado (AGE) de 27.360,7 millones de euros».
Una muestra de la incapacidad de la Seguridad Social para devolver préstamos al Estado es lo ocurrido con el crédito que hubo que inyectar en los años noventa. En total,. fueron once préstamos por valor de 17.168,7 millones al sistema entre 1992 y 1999 que «no han sido devueltos porque la Seguridad Social carece, por sí misma, de la capacidad financiera para ello, como demuestra el hecho de que los respectivos plazos para iniciar sus amortizaciones se van prorrogando a medida que se aproxima el momento del vencimiento, y aquellos otros préstamos que no cuentan con plazo de cancelación, han permanecido en la misma situación (sin fijar vencimiento)».
En cuanto al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, el Tribunal de Cuentas constata que «el importe total acumulado de disposiciones desde 2012 hasta 31 de diciembre de 2017 asciende a 74.437 millones, siendo el valor contable de los activos existentes, a esa fecha, de 8.085,4 millones». Estas cifras también han empeorado desde entonces.
En sus alegaciones al Tribunal de Cuentas, el Interventor General de la Seguridad Social, Manuel Rodríguez, comparte el criterio de que el Gobierno debe dejar de hacer préstamos al sistema y buscar fórmulas que saneen la cuenta de forma efectiva. No obstante, relativiza la mala situación del sistema al recordar que se encuentra ahora en un ciclo negativo, pero lo tuvo positivo en la década anterior. «Si observamos la evolución de los resultados patrimoniales durante todo el periodo, se puede apreciar que existen ciclos de pérdidas y beneficios que se van alternando, correspondiendo a ejercicios anteriores a 1999 y al periodo de 2010 a 2017 cuando se producen los resultados negativos».
«Como consecuencia de esos resultados negativos, en el primer periodo, surgen las cifras de neto patrimonial negativo en el conjunto de las entidades gestoras y servicios comunes que alcanza su valor máximo en 1999». Eran los años en los que el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, proclamó que su antecesor, Felipe González, le había dejado en 1996 «una Seguridad Social quebrada».
Según el interventor, ya en el segundo gobierno de Aznar y primero de José Luis Rodríguez Zapatero, y gracias al crecimiento económico «se invierte la tendencia, como consecuencia de los resultados positivos, siendo en 2009 cuando la cifra de neto patrimonial alcanza su máximo valor. No obstante desde el ejercicio 2010 vuelve a producirse una disminución gradual de la cifra de neto patrimonial, hasta el año 2016 en que aparecen de nuevo un valor negativo que se incrementó en 2017». El interventor abre una puerta al optimismo y señala que el déficit no subió en 2018 «lo que parece un nuevo cambio de tendencia».
Fuente: El Mundo
