Datos para iniciar sesión
¿De qué deseas crear la cuenta?
· Crear cuenta
· Crear cuenta de empresa
· Crear cuenta de sociedad médica
· Crear cuenta
· Crear cuenta de empresa
· Crear cuenta de sociedad médica
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, está obsesionada con la farmacia y el Gobierno baraja recurrir al comodín del gasto en medicamentos para financiar otras políticas sanitarias y evitar que se le descuadre todavía más el déficit de las cuentas públicas.
La actualización del Programa de Estabilidad 2019-2022 presentado a Bruselas incide en un gasto público en medicamentos dispensados en oficinas de farmacia que todavía no ha recuperado su nivel precrisis -ver tabla-. A pesar de esta realidad, Montero considera que existe margen de ahorro y se ha apresurado a incluir entre las recomendaciones que propone la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) el sistema de compras por subastas que introdujo en Andalucía en 2011 cuando ocupaba la cartera sanitaria.
Y a eso se le uniría también un cambio de modelo de remuneración de farmacias que provocaría un verdadero tsunami al pasar del actual margen sobre el precio de dispensación a remunerar por servicios de valor añadido.
Después de que el nuevo ejecutivo andaluz haya puesto fecha de caducidad al sistema de subastas de Montero, el Gobierno central pretende ahora generalizar el modelo de licitación de medicamentos dispensados en farmacias a nivel nacional con el fin de que "el sector público se beneficie de los descuentos que ahora reciben las farmacias". Unos descuentos que, en el caso de los laboratorios adjudicatarios en Andalucía, alcanzarían de media hasta un 30% sobre el precio marcado por el Estado pero sin cumplir las garantías de abastecimiento del contrato.
Sanidad ya habría aprobado, el pasado 11 de abril, un plan para obligar a las farmacias a devolver los descuentos recibidos en la compra de fármacos financiados por el SNS, además de fomentar la prescripción por principio activo para generalizar las subastas.
La AIReF calcula que el sector público se podría ahorrar 1.000 millones de euros entre 2020 y 2022 aplicando un sistema andaluz de subastas que ninguna otra región ha desarrollado hasta la fecha por los problemas de abastecimiento y también de competencia que genera.
Otros 500 millones de euros más de ahorro se alcanzarían con cuatro recomendaciones más que Hacienda incluye en su Plan de Estabilidad y que vuelven a incidir en el gasto en medicamentos y, en especial, en el gasto en medicamentos genéricos que ya han perdido la patente.
En total, se trata de generar un ahorro de 1.500 millones de euros con medidas como la revisión del actual sistema de precios de referencia para priorizar las equivalencias terapéuticas, que podría implantarse de forma "rápida", como reconoce el Ministerio, y que impactarían una vez más sobre un sector de farmacias que todavía no ha recuperado su nivel de facturación anterior a la crisis.
La industria de medicamentos genéricos no esconde su preocupación pero prefiere esperar a saber más sobre los planes reales de Hacienda. Fuentes consultadas del sector apuntan que "el modelo de subastas lleva a un mercado para indios", en referencia al origen de alguno de los laboratorios adjudicatarios en Andalucía, donde el único criterio válido sería el precio fijado por estas compañías con las que sería muy difícil competir en este escenario de adjudicación al mejor postor.
Además señalan otro problema: "sin diferencia de precios entre marcas y genéricos, solo nos queda un instrumento para competir que es la aplicación de descuentos", recuerdan desde una de las principales multinacionales del sector, por lo que si se elimina esta posibilidad "no nos queda nada", advierten.
La AIReF prevé superar la distorsión del mercado que produciría la puja por el suministro con algunos cambios. Se trataría de una propuesta de subasta sin exclusividad, con oferta y precio únicos en lugar de descuentos y una división en lotes de los fármacos que menos impacto tiene sobre la industria nacional y que han demostrado mayores ahorros en Andalucía: omeprazol, metamizol y simvastatina, entre otros.
De salir adelante el modelo de subastas, el conflicto legal estaría asegurado y se tendría que contar con la reacción de la industria farmacéutica ante una de las políticas sanitarias que más se ha judicializado al quebrar el principio de igualdad en el acceso a los medicamentos de los pacientes y que también más impacto ha tenido en la continuidad de los tratamientos de los pacientes y en la unidad de mercado al provocar una situación inédita, como es la negativa de los principales fabricantes del sector a participar del sistema de adjudicación andaluz.
Hay que recordar que el sistema de seguimiento de desabastecimientos de la farmacia española refleja que la mitad de las faltas de suministro en Andalucía se corresponde con medicamentos subastados. En concreto, 19 de los 50 fármacos que en España presentaban problemas de suministro en la segunda semana de enero correspondían a medicamentos subastados según el Centro de Información de Suministro de Medicamentos, y adjudicados a laboratorios que gracias a este sistema han ido ganando cuota comercial en España, como KRKA, Aurobindo, Ranbaxi o la española Laboratorios Vir, entre otros.
A falta de conocer cómo concretará Hacienda la propuesta de la AIReF, la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, confirmó el fondo de la iniciativa al señalar "el peso del gasto farmacéutico en el gasto sanitario" durante el último Consejo Interterritorial del SNS. Aunque se limitó a indicar que "estudiará la propuesta publicada en el informe de la AIReF", sí confirmó que su departamento vigilará que el gasto en medicamentos "tenga el impacto que debe tener para un tratamiento eficaz y un uso racional del medicamento al menos coste posible". Es la música conocida para el sector que vuelve a estar en el centro de la diana de Hacienda.
La Asociación de Farmacéuticos de Andalucía ya ha tenido la oportunidad de reunirse con los responsables de la AIReF para informar sobre el impacto de las subastas en pacientes, farmacéuticos y compañías farmacéuticas. Su presidenta, Teresa Martín Giménez, reclama que no se generalice en España y ha denunciado que la aplicación de la selección de medicamentos dispensados en farmacia mediante licitación pública conduce al monopolio, "perjudica gravemente a los pacientes y a las compañías"al restringir el mercado a las pocas marcas ganadoras de los concursos, lo que ha provocado problemas crónicos de desabastecimiento a cambio de unos ahorros que la Junta de Andalucía cifra en 570 millones de euros.
El ahorro potencial derivado de las subastas y del resto de medidas barajadas tendría que amortiguar el efecto de indultar del copago farmacéutico a cerca de 7,8 millones de personas, entre pensionistas y activos con rentas bajas según los cálculos del Ministerio de Sanidad, además de financiar el incremento del gasto en farmacia hospitalaria.
Como la AIReF subraya en su informe, el principal elemento de presión sobre el gasto es el gasto hospitalario, debido a las presiones existentes en la remuneración y en los consumos intermedios, que registran, entre otros conceptos, el gasto en farmacia hospitalaria·. El impacto económico de esta última medida que tendrán que costear las comunidades autónomas dentro de su factura anual en medicamentos podría ascender a 400 millones de euros, según cálculos de la patronal de farmacias FEFE que no tienen en cuenta el previsible efecto rebote sobre la demanda de recetas.
De las otras 18 recomendaciones proyectadas por la AIReF que el Gobierno considera que se podrían aplicar de forma inmediata, el Ejecutivo ha destacado, sin cuantificar su potencial de ahorro, la subida de la deducción del 7,5% aplicada desde 2010 a los medicamentos sin patente con más de 10 años de comercialización en España que, previsiblemente, debería compensar la eliminación de la deducción del 15% a los medicamentos innovadores que también propone la Autoridad.
Otras medidas avanzadas, más allá de la selección de medicamentos a escala nacional cuyo alcance y contenido está por determinar, incluyen la modificación del actual sistema de precios de referencia, la implantación de protocolos de revisión y seguimiento farmacoterapéutico de las prescripciones realizadas o el control periódico del gasto público de medicamentos en farmacias "para mitigar desviaciones relevantes en el consumo de medicamentos".
Se trata de una batería de propuestas que tienen en el punto de mira una partida de gasto en farmacia que ascendió el año pasado a 10.476 millones de euros, lejos todavía del máximo histórico de 12.636 millones de euros marcado en 2009. En el documento del Gobierno no hay medidas específicas para reducir el gasto hospitalario en medicamentos, aunque se esperan. El Gobierno encargó, el 14 de diciembre de 2018 a la AIReF, un segundo informe sobre este punto.
Fuente: El Economista
