EL GASTO EN PENSIONES DUPLICA SU CRECIMIENTO EN EL COMIENZO DEL AÑO

Las políticas de más gasto y de subida de impuestos a las empresas aplicadas por el Gobierno desde enero ya se reflejan con nitidez en los balances de la Seguridad Social. Hasta febrero el ritmo de crecimiento del gasto en pensiones rozó el 7%, el doble del crecimiento que tenía la factura de las pensiones un año antes. Es un alza récord, que se explica no solo por la incorporación de pensionistas al sistema, también por el mayor desembolso del sistema dedicado a subir un 1,6% las prestaciones de los jubilados, 3% para el caso de las mínimas, y la paga compensatoria por la desviación de los precios en una décima. A estos desembolsos se han unido a jubilación anticipada a 3.000 policías que no solo engrosan el número de beneficiarios, también tienen una pensión superior a la media.

Pero las políticas de Ejecutivo también se han dejado notar en la recaudación que, en plena desaceleración de la economía, crece a tasas desconocidas. Esta evolución se explica sobre todo por la subida de los impuestos al empleo aplicados desde enero, pero también por el alza del salario mínimo hasta 900 euros mensuales y, en general, por el aumento de los salarios. La ejecución presupuestaria de la Seguridad Social refleja que el sistema público recaudó en solo dos meses algo más de 20.000 millones, un 6,5% más que en el mismo periodo del año anterior, cuando los ingresos crecían a un ritmo del 5%.

Alza del SMI

La sudida de las cotizaciones a las empresas ha jugado un papel importante en que la Seguridad Social haya hecho caja. En el primer mes del año las bases máximas de cotización, que son las que se corresponden con los sueldos más elevados, subieron un 7% y un 22,3% las bases mínimas, en línea con el alza del SMI. También se incrementaron un 1,25% la base mínima de los autónomos y se endureció en un 40% la cotización para los contratos temporales inferiores a cinco días como medida para frenar la temporalidad en el empleo. Las empresas, además, ya pagan la cotización de los alumnos en los programas de formación y prácticas no laborales y académicas, aunque no estén remunerados.

Este aumento de la presión sobre la fiscalidad de las empresas hizo estallar a la CEOE. Su presidente, Antonio Garamendi, cuantificó un gasto adicional en las cuotas que pagan las empresas a la Seguridad Social de 1.500 millones. Por ello, auguró que esta subida provocará un «recorte en la contratación», como finalmente está ocurriendo.

Más impuestos al empleo

Como ya informó ABC, el aumento de los impuestos al empleo y la subida del salario mínimo hasta 900 euros están siendo barreras que han encarecido la contratación y se traducirán este año en que la economía española requerirá de un mayor crecimiento de la actividad para poder crear puestos de trabajo, a diferencia de lo que venía ocurriendo en los últimos años. Los datos de afiliación, el termómetro más fiable para medir el empleo, reflejan desde el verano una clara desaceleración, en línea con la economía, que se agudiza cada mes.

En los tres primeros meses de aplicación del nuevo SMI las consecuencias ya se perciben. La contratación indefinida prácticamente se ha hundido y el empleo se desacelera en toda España; ha pasado de crecer a ritmos anuales superiores al 3% a final de 2018 a hacerlo al 2,8% en febrero. Marzo no fue mejor para los contratos. Los datos del Ministerio de Trabajo situarán en un 7% la caída interanual, el peor registro desde 2013.

Sin mecanismos de ajuste

Durante este ejercicio la escalada del gasto seguirá su curso sin que ningún mecanismo de ajuste pueda mitigar el crecimiento. Este año estaba previsto que entrara en vigor el Factor de Sostenibilidad, un mecanismo de ajuste que hubiera ligado la pensión inicial a la esperanza de vida y, por tanto, recortado la prestación. Pero no lo hará porque el acuerdo presupuestario entre el Gobierno del PP y el PNV retrasó su entrada en vigor hasta 2023, año clave porque comenzarán a jubilarse las generaciones nacidas entre 1958 y 1977, los hijos del «baby boom».

La factura de gasto seguirá, por tanto, engordando durante este año y también el déficit del sistema, que en 2018 se situó 18.300 millones. Como ya adelantó este diario la factura de las medidas aprobadas por Sánchez supondrán un desembolso cercano a los 4.000 millones. Ya está en marcha la percepción de subsidio de paro desde los 52 años y la ampliación del permiso de paternidad hasta ocho semanas este año, a 12 semanas en 2020 y 16 semanas en 2021, igual que las madres. Son las medidas estrellas y también las de mayor cuantía; sumarán 2.606 millones, de los que 1.340 corresponden a la ayuda por desempleo y 1.266 a las mejoras para los padres.

El Gobierno ha hecho en un mes lo que no hizo en ocho. Por su «urgente necesidad» el Consejo de Ministros dio el visto bueno a la recuperación por el Estado de la cotización de las cuidadoras de familiares dependientes y mejoró hasta los 341 euros, un 17% más, la prestación por hijo a cargo para familias en situación de pobreza. Ambas recibieron ayer el visto bueno de la Cámara Baja y su coste conjunto asciende a 656 millones.

Bonificaciones y ayudas

Las pensiones de incapacidad permanente han mejorado mil euros con un coste superior a 25 millones y ya están en vigor una sucesión de bonificaciones a la contratación pese a que el partido en el Gobierno siempre se mostró contrario a este tipo de ayudas en un momento en el que la Seguridad Social arrastra un déficit de 18.000 millones. Están en marcha ayudas a la conversión de contratos temporales de eventuales agrarios en indefinidos (12,78 millones), a la contratación de desempleados de larga duración (25,6 millones) y para prolongar la actividad de trabajadores con contratos fijos discontinuos en el sector turístico (22 millones). Más de 42 millones irán a compensar con una bajada de cuotas a los trabajadores del campo por la repercusión negativa del salario mínimo.

Fuente: ABC