La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio.
El Servicio Público de Empleo reconoce una caída de los pagos de las empresas para financiar el paro de sus empleados mayores de 50 años "por la falta de medios humanos y materiales".
Las grandes empresas siguen haciendo prejubilaciones de trabajadores mayores de 50 años, que es una etapa anterior a la jubilación anticipada, mientras el Gobierno reconoce "la falta de medios materiales y humanos en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)" para hacer frente a este problema.
Se trata de obligar a las compañías con beneficios a que paguen los costes de la protección por desempleo y de formación de los trabajadores mayores de 50 años que despiden. En definitiva, es la aplicación de la llamada Enmienda Telefónica que se incorporó en la reforma de 2011 de la Seguridad Social, y fue desarrollada posteriormente en una ley y un Real Decreto de 2012. La enmienda recibe el nombre de Telefónica, porque el entonces ministro de Trabajo y Seguridad Social, Valeriano Gómez, tomó la decisión de penalizar a las grandes empresas por las prejubilaciones, cuando la compañía despidió a 6.620 trabajadores. El expediente de regulación de empleo coincidió en 2010 con los mayores beneficios de su historia, que se elevaron a 10.000 millones de euros (ver información en esta página).
La medida entró plenamente en vigor en 2012, con el Gobierno del PP, pero empezó a dar resultados en 2014, cuando el Tesoro recaudó de las empresas 90 millones de euros. Un cifra que creció a 135 millones de euros en 2015, y a 143 millones, en 2016. Sin embargo, a partir de entonces la recaudación bajó a 483.500 euros, en 2017, por cantidades adeudadas en años anteriores, y repuntó a 61 millones de euros, en 2018.
En total desde 2014, el Servicio Público de Empleo ha obtenido, a través del Tesoro, 430 millones de euros de las empresas para la financiación de la protección por desempleo o planes de colocación. Bien es verdad que entre el reconocimiento de la cantidad que debe abonar la empresa y el pago efectivo transcurre un tiempo por los posibles recursos de las empresas, incluso hasta el Tribunal Supremo.
También hay retrasos en la tramitación administrativa. En todo caso, el descenso en la recaudación en 2017 y 2018 se debe a las siguientes razones. La primera es que, según el último informe del SEPE al respecto, "ha habido una falta de medios materiales y humanos". En 2017 "sólo se iniciaron cinco nuevos expedientes" a otras tantas empresas, "sin que finalizase ninguno en ese año".
De hecho, Trabajo decidió iniciar sólo esos expedientes "para evitar la prescripción del derecho a favor de la Hacienda Pública Estatal, sin que se haya producido ningún ingreso por aportaciones al Tesoro relativo a ese año". En 2017 Trabajo reclamó aportaciones por valor de 2,18 millones de euros por el despido, en conjunto, de 154 trabajadores, de las siguientes empresas: Bausch and Lomb; Leisure Park; Daichi Sanakyo España; Planificación y control logístico; y Heineken España.
La falta de recursos humanos y materiales del SEPE se debe a que, como todas las Administraciones, ha tenido un descenso de funcionarios, por las restricciones presupuestarias derivadas de la crisis económica, que empezó en 2007 y terminó en 2013. Desde 2012 hasta hoy, el número de empleados públicos ha descendido desde 9.228 a 8.501.
En segundo lugar, la recaudación también descendió, en menor medida, porque Telefónica terminó de abonar su expediente de regulación de empleo al SEPE en 2016. Hay que tener en cuenta que, hasta ese año, los trabajadores de la compañía de telecomunicaciones representaron el 72% de los 9.215 trabajadores cubiertos en los expedientes. De la misma forma, de los 368 millones de euros reclamados a las empresas, 276 millones de euros -el 75% de las cuantías exigidas- fueron abonadas por Telefónica.
A finales de 2018, ya con el Gobierno socialista, el SEPE, con más recursos humanos y materiales "volvió a una tramitación ordinaria". En el poco tiempo transcurrido de 2019, Trabajo ya ha tramitado tres procedimientos, por 1,5 millones de euros aproximadamente. Además de Telefónica y las otras cinco empresas mencionadas, otras compañías que han tenido reclamaciones del SEPE por prejubilar a trabajadores mayores de 50 años son, entre otras, las siguientes: Abbot Laboratories, Asea Brown Boveri, Banca Cívica y Banca Caixa General. El SEPE también ha reclamado el peaje a Cajas Rurales Unidad, Ediciones El País, Danone, Duro Felguera Calderería Pesada, Greenpeace España, Johnson & Johnson, Nokia Siemens Networks, Retevisión o Schweppes.
Al retraso de la Administración en cobrar a las empresas por los desempleados mayores de 50 años, se une otro problema para estos trabajadores. Como adelantó EXPANSIÓN el pasado día 6, el Gobierno quiere terminar con la práctica de muchas empresas de no pagar los convenios especiales de sus trabajadores con la Seguridad Social para poder asegurar la cotización para la pensión.
Fuente: Expansión