EL PACTO DE TOLEDO DARÁ HASTA 2025 PARA ELIMINAR EL DÉFICIT DE LAS PENSIONES

La comisión para el seguimiento de los acuerdos del Pacto de Toledo ha pisado el acelerador. Todos los grupos parlamentarios que discuten desde hace más de dos años la renovación de las recomendaciones para reformar el sistema de pensiones acaban de cerrar in extremis un borrador con el fin de aprobarlo antes de que se disuelvan las Cortes el próximo 5 de marzo.

En principio, y si no hay cambios de última hora que obedezcan a estrategias electorales, la intención de los grupos es aprobar un texto en esta comisión y trasladarlo para su aprobación en uno de los dos plenos que quedan por celebrarse. A falta de las últimas aportaciones de los partidos, estas son las principales recomendaciones del borrador consensuado en líneas generales por los grupos parlamentarios. Serán indicaciones para que el Gobierno que salga de las urnas reforme la Seguridad Social:

• Principios generales. La recomendación número 0 hace una exposición de los objetivos generales del Pacto. Fija unas líneas rojas en las que los partidos firmantes “se oponen a cualquier transformación radical del sistema de pensiones”. O a otras reformas que respeten los esquemas básicos, pero “afecten al principio de solidaridad entre generaciones y dentro de cada generación y/o a la suficiencia de pensiones”. El otro principio general es el mantenimiento de las cotizaciones como fuente principal de ingresos, aunque añaden que estas “requieren de apoyos y recursos económicos adicionales, basados en la imposición general”.

• Separación de ­fuentes. En varias de las recomendaciones se cita la necesi­dad de que todas las prestaciones asistenciales y de carácter universal se paguen con “transferencias del Estado” que se financian con impuestos. Así, la recomendación número 1 determina incluso qué gastos deben dejar de pagarse con cotizaciones, liberando dinero para el sistema. En concreto, citan que los tributos deberán financiar las políticas de incentivos al empleo; las prestaciones asistenciales del sistema de protección por desempleo (esto es, los subsidios); ayudas a sectores productivos a través de la anticipación de la edad de jubilación, y el tratamiento favorable de algunos sistemas especiales o de los jóvenes en formación. Además, las prestaciones relacionadas con la maternidad o cuidado de familiares y el complemento de maternidad de las pensiones. De hecho, confían a esta separación de fuentes la eliminación de los números rojos del sistema. Así, consideran que la asunción progresiva de todos estos gastos por parte del Estado “debe ajustarse a un calendario que permita acabar con el déficit financiero de la Seguridad Social y con la política de préstamos del sistema en un plazo breve de tiempo que no podrá exceder el año 2025”. Este año será el tercero en el que el Tesoro otorga préstamos para sufragar los déficits del entorno de los 18.000 millones de euros anuales.

• Poder adquisitivo. El borrador incluye la única recomendación pactada hasta la fecha. Se trata de la polémica número 2, para la que se llegó a un acuerdo el pasado septiembre por todos los partidos, salvo ERC, para volver a revalorizar las pensiones “en base al IPC real”. Si bien, esta indicación propone también “recuperar el consenso” de esta misma recomendación aprobada en 2011. A este punto se aferran PP y Ciudadanos para precisar que aquella recomendación recogía la posibilidad de “utilizar otros índices de revalorización” basados en el crecimiento de los salarios, la evolución del PIB o de las cotizaciones.

• Convergencia de regímenes. Los integrantes apuestan por que la Seguridad Social llegue a tener solo dos grandes regímenes: uno de asalariados y otro de trabajadores por cuenta propia. Y “alcanzar una protección social equiparable [en estos dos regímenes] con una cotización similar de los trabajadores”. En este punto admiten medidas que recojan la jubilación anticipada y el trabajo a tiempo parcial de los autónomos. Pero con “los controles necesarios para evitar el uso inadecuado de tales opciones”. También piden “medidas para aproximar las bases de cotización de los autónomos a sus ingresos reales”.

• Información al ciudadano. La comisión alienta al Gobierno a cumplir las obligaciones de información del artículo 17 de la Ley General de la Seguridad Social, para que cada ciudadano disponga de información periódica individualizada sobre sus futuros derechos de pensión.

• Lucha contra el fraude. Los firmantes piden una mayor cruce de datos e información entre la Seguridad Social, la Agencia Tributaria y las Haciendas de las comunidades autónomas. Asimismo, defienden “mantener y actualizar” el control del cobro de prestaciones, “especialmente las de incapacidad temporal, para evitar el absentismo injustificado o su uso como mecanismo alternativo al desempleo”. También cree que se debe seguir combatiendo el registro de falsos autónomos y reforzarse los medios de la Inspección de Trabajo así como el régimen sancionador a las empresas.

• Mujeres. Los diputados han destinado una de las recomendaciones a analizar cómo cerrar la brecha de género en materia de pensiones y proponen la adopción generalizada de medidas para acabar con las menores cotizaciones de las mujeres a la Seguridad Social. Entre las más novedosas está el planteamiento de que “se posibilite el traslado o reparto de cotizaciones”. El resto debería actuar sobre las lagunas de cotización, la menor cotización del tiempo parcial y de las carreras precarias o la revisión de las pensiones no contributivas o de viudedad.

Escoger los mejores años y limitar el retiro parcial

Los diputados que han estudiado cómo hacer sostenible el sistema de pensiones han hecho también recomendaciones sobre posibles reformas legales que afectarían al cálculo de la pensión y a otros aspectos del sistema como las mutuas, la brecha de género o las pensiones complementarias. Estas son algunas de ellas, que podrían recoger aún cambios de última hora:

• Contributividad y periodos de cotización. A falta de los informes de la Dirección de Ordenación de la Seguridad Social, la comisión, en la recomendación quinta, considera adecuado mantener los 15 años cotizados como mínimo para acceder a una pensión contributiva. Así como continuar con la estructura y cuantía de las pensiones mínimas de forma “que no desincentive la cotización”. Asimismo, abordan la posibilidad de futuras ampliaciones de los años que se toman para el cálculo de la base reguladora de la pensión (25 últimos años desde el año 2022). Además, plantean que este aumento “alcance, en su caso, la totalidad de la vida laboral, así como la posibilidad de que el pensionista pueda escoger aquellos años de su carrera de cotización que le sean más favorables”. No obstante, posteriormente, en la recomendación número 11 se refieren a aspectos ya citados y precisa que la ampliación del periodo de cálculo debe hacerse de manera gradual, “sin perjuicio del derecho de todo pensionista a optar por acogerse a dicho cambio de manera plena e inmediata”. Y señalan que en carreras muy largas y con carácter excepcional el pensionista pueda “descartar algún año concreto del periodo de cálculo ordinario o escoger el específico tramo de la carrera de cotización” para calcular su pensión.

• Edad de jubilación. Se fijan un objetivo: “Lograr que la edad de salida efectiva del mercado de trabajo se aproxime tanto como sea posible a la edad ordinaria de jubilación legalmente establecida”. Para ello, reclaman nuevas medidas para que el pensionista pueda seguir en activo sin perder su pensión. La comisión pide, en este sentido, que la jubilación anticipada se “reserve a aquellos trabajadores que cuenten con largas carreras de cotización y que opten por acogerse a ella”.

• Mutuas. Para estas entidades colaboradoras con la Seguridad Social solicitan más “flexibilidad” de acción, pero también “más control”. Y recomiendan el mejor uso de sus recursos, “en especial en traumatología”.

• Pensiones complementarias. Quieren que se impulsen “de forma preferente” los sistemas colectivos de pensiones en el marco de la negociación colectiva (...)prioritariamente sin ánimo de lucro”, dicen. Respecto al tercer pilar de pensiones privadas individuales, creen que la gestión debe ser más transparente y los ahorros deben estar más protegidos, y que las comisiones “no pueden comportar rendimientos negativos para los ahorradores”.