Los taxistas colapsaron ayer los accesos a Ifema, en Madrid.
Madrid afronta su segundo día de huelga indefinida de los taxistas mientras que Barcelona encara la quinta jornada de paro en el gremio. Pese a la diferencia, la fotografía del enfrentamiento entre el sector y los vehículos de alquiler con conductor (VTC) deja tres líneas comunes: la reafirmación de los taxistas en sus protestas hasta garantizarse un compromiso de reforma que satisfaga sus exigencias; la indefinición de las diferentes administraciones, que se pasan la patata caliente entre sí sin que ninguna de ellas adopte una decisión concluyente, y las repercusiones que las protestas están teniendo ya sobre otros sectores y negocios que nada tienen que ver con el taxi.
Las negociaciones ayer en una y otra ciudad se centraron en una de las demandas clave de los taxistas: la precontratación de los VTC. Los negociadores exigen a los respectivos gobiernos regionales que la regulen y que, además, fijen un límite de varias horas de antelación.
En el caso de Madrid, ese límite se retrotraía a seis horas, algo a lo que el presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, se negó. De hecho, Garrido sólo se mostró partidario de regular la captación de clientes ya que, a su juicio, la precontratación es competencia de los ayuntamientos.
"Vamos a determinar que la precontratación la ponga cada uno de los ayuntamientos, que debe decidir lo que debe hacer en función de sus características", declaró Garrido al término de la reunión matutina que mantuvo con los representantes del taxi. Además, el presidente aprovechó para criticar "la absoluta dejación de funciones de Ábalos".
El ministro de Fomento, por su parte, dejó clara su postura y advirtió de que son los Ejecutivos autonómicos y no los consistorios los que deben regular los VTC. "Las bases están puestas y la transferencia es autonómica", aseguró al ser preguntado por la resolución del conflicto.
En Madrid, el borrador de la reforma de la Ley de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos que la Comunidad ha presentado a los taxistas se centra sólo en el momento en que los vehículos captan a los clientes y establece que no podrán, "en ningún caso, circular por las vías públicas en busca de clientes ni permanecer estacionados a fin de propiciar la captación".
Los taxistas consideran que el Gobierno madrileño está eludiendo sus responsabilidades y le está pasando la patata caliente al Ayuntamiento. El texto también plantea como novedad que las VTC necesiten una licencia municipal para poder operar en una determinada localidad.
Las protestas se sucedieron desde primera hora en la capital, a un día del comienzo de Fitur, una de las ferias más importantes del año. Los taxistas se concentraron en los principales nudos de transporte y comunicación de la ciudad desde las 6 de la mañana "para controlar que se cumple lo acordado", según declaró Concha Guardado, de Élite taxi.
En la estación de Atocha se registraron varios enfrentamientos entre los piquetes informativos y conductores de VTC que recogían viajeros a la salida del recinto. Los incidentes obligaron a intervenir a varias dotaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Estamos informando a los usuarios y no es de recibo que estén cargando frente a nosotros", aseguró Jesús Fernández, vicepresidente de la Federación del taxi. El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y las inmediaciones de Ifema fueron otros dos de los puntos de concentración de las protestas.
En Barcelona, por su parte, el caos circulatorio fue mayor que en los tres días de huelga anteriores, ya que aumentó la llegada de conductores procedentes de todos los puntos de la región. Una parte de los manifestantes intentó acceder al Parlament y al Puerto, lo que provocó la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Seis personas resultaron heridas leves, entre ellos tres agentes de los Mossos y uno de la Guardia Civil.
El conseller de Territorio de la Generalitat, Damià Calvet, abrió la puerta a retrasar la aprobación del decreto que prepara el Govern para regular los VTC, pero pidió a ambas partes negociar «sin chantajes». En el caso catalán, el departamento de Territorio fijó una precontratación de 15 minutos de los servicios de los VTC, un tiempo demasiado corto en opinión de los taxistas.
A la espera de que las conversaciones avancen, las protestas ya están teniendo consecuencias para otro sectores, tal y como alertó en un comunicado el Consell de Gremis de Cataluña. Según su presidente, Joan Guillén, el comercio y el turismo están siendo "directamente afectados" por movilizaciones "fuera de la legalidad y sin convocatoria previa".
Fuente: El Mundo