EL GOBIERNO CREARÁ UN ÍNDICE DE PRECIOS PARA CONTROLAR LOS ALQUILERES

Fomento solicita al INE la creación de una estadística pública de precios del mercado de arrendamiento, que sirva como base para diagnosticar zonas con mayor presión y controlar la oferta.

El Gobierno redobla los esfuerzos para hacer del control del mercado del alquiler una realidad. El Ministerio de Fomento ha ordenado la creación de una estadística pública de precios de alquiler, que sirva de base para diagnosticar zonas tensionadas y poder actuar sobre la oferta de pisos.

La secretaria general de Vivienda, Helena Beunza, solicitó el pasado jueves al INE, en una carta a la que ha tenido acceso EXPANSIÓN, que dé "máxima prioridad" a la creación de una estadística de precios de las viviendas en arrendamiento. "Es un primer paso y un indicio de la dirección que quiere tomar el Ministerio", explican fuentes de Fomento.

En la misiva, Beunza insta a actuar ante una situación "de extrema necesidad". Aunque las tensiones son una realidad en grandes capitales como Madrid y Barcelona, donde el precio se encuentra en máximos históricos, según datos de Idealista; lo cierto es que no hay una estadística oficial que acredite esta situación. Ahora mismo esa coyuntura la perfilan los portales inmobiliarios, y aunque sea representativa, "no dejan de ser actores con intereses en el mercado", apuntan desde Sociedad de Tasación, que, añaden, "antes de hablar de políticas de alquiler, el Gobierno debería hablar de métricas".

El Congreso vota mañana el Real Decreto que incluye medidas urgentes en materia de vivienda

Esa estadística servirá de soporte "a la definición del conjunto de medidas de acción política del Gobierno y asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos en esa materia", añade la carta dirigida al director general de Coordinación Estadística y de Estadísticas Laborales y de Precios del INE, Miguel Ángel De Castro Puente. La nueva estadística, para cuya elaboración Fomento se ofrece a prestar al INE "todo el apoyo técnico necesario", incluirá información territorial y periódica, además de servir para "determinar zonas de mercado en las que existe una mayor presión alcista". Esto permitirá en el futuro la creación de políticas de estímulo fiscal, penalizaciones, de definición de pisos vacíos, etc.

El Congreso vota mañana la convalidación del Real Decreto Ley de medidas urgentes en materia de vivienda y sobre el mercado del alquiler, aprobado en Consejo de Ministros a finales de diciembre. Por eso el Gobierno se ha apresurado a crear este mapa público de precios que sirva como paso previo a futuras actuaciones sobre los alquileres a través de estímulos fiscales o medidas disuasorias.

Se trata de un gesto de voluntad para granjearse el apoyo de Podemos en la votación de mañana. En el Gobierno hay temor a que el Congreso tumbe el real decreto. "No pueden rechazarlo por no introducir el control de precios cuando saben que eso no se puede hacer todavía y que se trabaja en esa dirección", añaden las fuentes consultadas.

La formación morada se escuda en el pacto de presupuestos para exigir la creación de índices para penalizar los alquileres que rebasen los niveles de precio fijados.

El problema es que en Podemos surge un conflicto de intereses. A escasos meses del mayo electoral, y con la incógnita de si se aprobarán los presupuestos, el interés de culminar con la política de arrendamientos choca con un interés partidista de que, si se aprueban estas medidas, la formación no podría venderlas en el futuro como promesa electoral.

El sector insiste en que cercar el precio puede tener el efecto inverso, limitando la oferta

Mientras tanto, el Gobierno hace funambulismo entre las presiones de Podemos y las advertencias de los actores del sector, que consideran que poner un tope de precios puede tener el efecto inverso al buscado, mermando la oferta y encareciendo las rentas. Fondos de inversión, como Blackstone, han llegado a advertir que podría provocar la fuga de inversiones en el sector.

Fomento explica que la medida intervencionista no podía incluirse en el real decreto como pedía Podemos, porque no existían los instrumentos necesarios. "La propia abogacía del Estado dice que no se puede", afirman las fuentes consultadas. La prudencia del Ministerio se explica por la experiencia de otros países. "No es tan fácil de llevar a cabo. En países como Alemania, Francia o Escocia, donde se han aplicado estas medidas, se han terminado recurriendo, y con resultados irregulares", añaden.

El paso siguiente a la creación de una estadística y el estudio de mercados recalentados, sería dar potestad a ayuntamientos y comunidades para que puedan articular las medidas del control de precios. En cuanto a la fecha de creación de la estadística oficial, el Ministerio explica que está "sujeto a los tiempos del INE".

Fuente: Expansión