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La Comisión Europea ha rebajado dos décimas su previsión de crecimiento económico para España tanto este año como el siguiente (del 2,8% al 2,6% y del 2,4% al 2,2%, respectivamente) y ha aumentado el déficit público previsto para 2019, hasta el 2,1% del PIB, tres décimas por encima del objetivo del Gobierno y ocho con respecto a la meta pactada con la UE.
Bruselas cree, no obstante, que España cerrará este año con un desvío de las administraciones públicas equivalente al 2,7% del PIB, en línea con las estimaciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez, aunque es un porcentaje también cinco puntos superior a la senda pactada con las autoridades europeas (del 2,2%) por el Gobierno del PP.
El análisis sobre España, incluido en las llamadas 'previsiones de otoño', tiene en cuenta el plan presupuestario enviado por el Gobierno. Sin embargo, el Ejecutivo comunitario muestra sus dudas sobre las previsiones de ingresos de los nuevos impuestos planteados, la tasa digital y el gravamen a las transacciones financieras, y sobre el impacto fiscal de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI).
"Ahora, en su quinto año de expansión, la economía española ha empezado a mostrar señales de una suave desaceleración en la primera mitad del año", comienza el capítulo dedicado a España, en el que también asegura que el ritmo registrado en el primer semestre se mantendrá estable durante la segunda mitad del año gracias a las medidas incluidas en los PGE de 2018, que apoyarán un consumo privado que, de lo contrario, se moderaría.
Esta desaceleración se explica, según el Ejecutivo comunitario, precisamente por la ralentización del consumo privado. En todo caso, el informe subraya que la "sólida" expansión del empleo y el crecimiento "acelerado" de los salarios "deberían seguir apoyando el aumento de la renta disponible".
En relación al comportamiento del déficit público, el Ejecutivo comunitario resalta que se ralentizará el ritmo de reducción, hasta el 2,7% este año, por medidas incluidas en los Presupuestos de este año, como la subida de las pensiones, el aumento de la paga de los funcionarios y, en menor medida, la bajada del IRPF a las rentas más bajas.
Con respecto a 2019, Bruselas calcula que el déficit se reducirá hasta el 2,1% del PIB gracias al "firme" crecimiento económico y al impacto neto de las medidas incluidas en el borrador presupuestario del Gobierno para el próximo año.
Pero la Comisión Europea muestra sus dudas con respecto a las estimaciones de ingresos de nuevos impuestos, entre los que cita la tasa digital y el impuesto sobre las transacciones financieras, y de los efectos de la subida del salario mínimo. "Hay incertidumbre sobre el rendimiento de algunos de los nuevos impuestos, así como sobre el impacto fiscal del incremento planeado del salario mínimo", advierte Bruselas.
Además, el informe recuerda que algunas medidas de gasto no han sido "totalmente ejecutadas" y que la sentencia del Tribunal Supremo sobre la gestión de Aigüez Ter Llobregat (ATLL) puede tener un impacto sobre las previsiones del déficit público.
La Comisión Europea también afirma que la creación de empleo se ralentizará como consecuencia de la desaceleración de la demanda final y por el efecto "amortiguador" del incremento del salario mínimo. Aun así, remarca Bruselas, el desempleo seguirá cayendo para alcanzar en 2020 el 13,4%, el nivel más bajo desde 2008.
El crecimiento de los salarios, por su parte, alcanzará un pico en 2019, también por el impacto de la subida del SMI, para después moderarse. Seguirá creciendo, no obstante, por encima de la inflación en 2020.
Este indicador se moderará también a partir de este año, después de haber registrado un crecimiento del 2% en 2017, a pesar del aumento "gradual" de la inflación subyacente, que alcanzará el 1,7% en 2020.
Fuente: El Economista
