El presidente de la CEOE, Juan Rosell, con el presidente de Cepyme, Antonio Garamendi
Buena parte de la credibilidad del Gobierno ante Bruselas, en un momento en el que las dudas arrecian sobre Italia, dependen del acierto al elaborar las previsiones de aumentos de impuestos sobre los que descansa su hoja de ruta. El Ejecutivo esboza un aumento de la recaudación del 5,7%, que en el plan presupuestario contempla un incremento de la recaudación impositiva de 5.678 millones en impuestos y lucha contra el fraude fiscal para sufragar un aumento del gasto público de más de 5.000 millones. De esta cantidad, el grueso del aumento de la recaudación se debe a la subida de impuestos que recae sobre las empresas, que deberán pagar 3.826 millones de euros más en tributos el año que viene. Es decir, el 78% del incremento de la recaudación impositiva derivada de las nuevas subidas de impuestos, cifrada en 4.850 millones de euros.
La presión fiscal subirá del 38,5% al 39,1% del PIB, su nivel más alto desde 2007 al engordar los ingresos en 26.438 millones de euros, incluyendo el ciclo económico y todas las administraciones. El Gobierno desagrega que 6.413 millones de euros proceden del crecimiento de la actividad, 3.811 millones, de los nuevos aumentos fiscales y 1.500 millones de tasas. La andanada fiscal se articulará mediante los Presupuestos, que entrarán en vigor en marzo, y tres proyectos de ley para los nuevos impuestos a las tecnológicas, las transacciones financieras y las medidas antifraude que se aprobarán «en semanas» reza el documento enviado a Bruselas. Solo el alza del impuesto de Sociedades, que fijará un tipo mínimo del 15% para la gran empresa y del 18% para banca y petroleras, ingresará 1.776 millones, mientras que la rebaja de tipo para las pymes -del 25% al 23%- restará 260 millones.
«El aumento de recaudación más significativo vendría dado por la tributación parcial (un 5% según las cifras anunciadas) de los dividendos percibidos de filiales extranjeras», lamentó CEOE en un comunicado. La patronal ha criticado en alguna ocasión que esta subida de impuestos a las empresas pasará factura sobre la inversión y el empleo.
En cuanto al impuesto a las transacciones financieras del 0,2% ingresará 850 millones y finalmente será finalista: se dedicará a sufragar el aumento de las pensiones, por lo que repercutirá íntegramente en las cuentas de la Seguridad Social. Por su parte, la llamada «tasa Google» recaudará 1.200 millones, según las estimaciones de Hacienda, lo que supone el doble de lo que presupuestó el exministro, Cristóbal Montoro, hace seis meses. Para aquellas empresas que traten de falsear dónde tienen su actividad, mediante ocultación del protocolo de internet (IP) por ejemplo, se prevé un régimen sancionador.
Estas estimaciones se antojan especialmente optimistas. La Comisión Europea calculó que de aplicarse este impuesto en todo el continente recaudaría 4.800 millones, por lo que los ingresos que estima el Gobierno suponen una cuarta parte de este pronóstico. Pese a que Hacienda ha bajado el umbral de facturación a 3 millones para que afecte a más empresas, la cifra se antoja elevada, ya que el PIB de España supone un escueto 7,6% del de la UE. Por ejemplo, Reino Unido con un impuesto similar, prevé ingresar para 2019 unos 225 millones de euros. CEOE tildó de «excesivos» los pronósticos recaudatorios del Gobierno en este impuesto. La patronal «considera improbable el cumplimiento del incremento de recaudación» total.
Por lo demás, la subida de IRPF a los que ganen más de 130.000 euros en las rentas del trabajo y del ahorro a partir de 140.000 euros ingresará 326 millones. Asimismo, los nuevos impuestos medioambientales que se crearán elevarán los ingresos en 670 millones, mientras que el aumento de Patrimonio sobre las fortunas de más de 10 millones de euros será de 339 millones que irán a las arcas de las comunidades autónomas, ya que gestionan este tributo.
La rebaja del IVA a los productos de higiene femenina será de 18 millones y el de los servicios veterinarios, de 35 millones. El Gobierno también fía una buena parte del aumento de ingresos, en concreto 828 millones, a un nuevo plan de lucha contra el fraude. El Ejecutivo, de hecho, presentará en breve un anteproyecto de ley relacionado con este aspecto. Sin embargo, 500 millones proceden de la normativa antielusión que depende de la directiva europea del ramo que se transpondrá en un proyecto de ley en semanas, junto a la nueva norma antifraude.
Esta última incluirá bajar el umbral para entrar en la lista de morosos de Hacienda de un millón a 600.000 euros para ingresar 110 millones, además de incluir a responsables solidario de las empresas que figuren en esta selecta lista. Otros 218 millones proceden de limitar los pagos en efectivo empresariales de 2.500 a 1.000 euros, un umbral que baja de 15.000 a 10.000 para las personas que residen fuera de España. También se incluirá en la lista de paraísos fiscales nuevos países y se explotará el «big data» para detectar fraude. Cifras que, en definitiva, son una incógnita al apuntar a la economía sumergida.
A ello se le suma, para la Seguridad Social, un aumento de los ingresos en 1.500 millones en 2019 por cotizaciones debido a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del 22% a 900 euros al mes. Ello se explica por el aumento de la base máxima y la mínima ante esta medida. Pese a ello, el aumento recaudatorio por el ciclo económico será superior al que procede del aumento de los impuestos. El cumplimiento queda en el aire.
Fuente: ABC