El anuncio sin concretar del Gobierno de indultar del copago farmacéutico a los pensionistas con menores rentas llega en el peor momento para las comunidades autónomas. El gasto público en medicamentos está en máximos desde que se aprobó la reforma de la aportación farmacéutica privada en 2012, que estableció por primera vez para los pensionistas una aportación obligatoria en función de tres niveles de renta.

El compromiso del Ejecutivo de revisar el sistema actual de copago farmacéutico añadirá más presión sobre las cuentas sanitarias, una vez que esta partida ya absorbe de media entre el 30 y el 40% de los presupuestos regionales y está sometida a fuertes tensiones derivadas del envejecimiento de la población.

La nueva ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, se ha dado un plazo para concretar la propuesta que deberá antes aprobar el Ministerio de Hacienda. Pero su intención es seguir el camino marcado por su predecesora. De momento, ha avanzado que no solo beneficiará a los pensionistas, sino también a los colectivos que más dificultades de acceso tienen a los tratamientos.

Según los datos expuestos por la ministra en una entrevista publicada por Diario Médico, "un 4,7% de la población no puede comprar sus medicamentos". Este porcentaje supone que hay 2,1 millones de personas que no pueden seguir sus tratamientos por razones económicas, lo que no quiere decir que sean pensionistas, cuyo límite máximo de aportación mensual es de 8,23 euros. Más bien se trataría de población activa de bajos ingresos y que están obligados a copagar la mitad del coste de sus recetas.

En cualquier caso, eximir a un grupo de población tan elevado del copago farmacéutico tendría consecuencias muy importantes en el crecimiento de un gasto total en fármacos que superará los 16.731 millones de euros en 2018 y que se reparte entre la partida de recetas médicas dispensadas en oficinas de farmacia (10.376 millones de euros, según el último dato de julio) y los 6.354 millones de euros de gasto hospitalario contabilizado el año pasado.

De cara a los próximos presupuestos empieza a preocupar en las consejerías de Hacienda el crecimiento del gasto farmacéutico. Desde 2014, esta partida se ha elevado en 1.968 millones de euros, un 13,51% más en tres años, impulsada sobre todo por el incremento registrado en el gasto hospitalario para sufragar los costosos tratamientos contra el virus de la hepatitis C.

El gasto farmacéutico se encuentra en niveles de 2006 y es 2.344 millones inferior al máximo de 2010

La evolución del gasto en recetas médicas ha servido para compensar el fuerte tirón de la partida hospitalaria, que solo en 2015 aumentó en 1.360 millones de euros hasta superar los 6.500 millones de euros. Desde entonces el gasto en este último capítulo se ha consolidado por encima de los 6.000 millones de euros. Contrasta esta evolución con la apuntada por el gasto en farmacia, que se encuentra en niveles de 2006 y es todavía 2.344 millones de euros inferior al máximo registrado en mayo de 2010. Este equilibrio de gasto para las arcas autonómicas podría romperse con la eliminación del copago farmacéutico, una vez que el último dato interanual de julio apunta ya un alza del 3,14% en el desembolso en farmacia. Además de los ingresos extra del bolsillo de los propios pacientes, que superaría los 400 millones de euros al año según cálculos de Farmaindustria o de la patronal de las farmacias, la introducción del copago a los pensionistas ha tenido también un efecto disuasorio al frenar el incremento del número de recetas.

La patronal de la industria farmacéutica analizó así cómo, entre los años 2003 y 2011, el incremento medio anual del consumo de recetas osciló entre los 20,5 millones de 2005 y los 47,4 millones de recetas de 2008, con un alza media de 35 millones de nuevas recetas al año durante el periodo. Desde que entró en vigor el Real Decreto-ley 16/2012, este aumento se moderó, hasta situarse en ritmos de crecimiento de la demanda del entorno a los 10-12 millones de recetas adicionales anuales en los dos últimos años.

De recuperarse el ritmo anterior de crecimiento de recetas, las comunidades tendrían que asumir el gasto de cerca de 25 millones de recetas más al año, lo que supone elevar la factura en torno a los 270 millones de euros. En total, serían más de 670 millones de euros, un 6,45% añadido a la cifra actual de gasto en recetas que ya presentaba un alza interanual del 3,14% en julio.

Fuente: El Economista